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Univision Noticias

El juez también otorgó la certificación a los beneficiarios del programa afectados negativamente por la directiva de Chad Wolf para que presenten una demanda colectiva.

Un juez federal del distrito este de Nueva York dictaminó este sábado que Chad Wolf «no se desempeñaba legalmente» como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando emitió un memorando el pasado mes de julio que suspendió efectivamente la Acción Diferida de 2012 para los Llegados en la Infancia (DACA) el programa que protege a los ‘dreamers’ y que sigue pendiente de revisión departamental pese a que la Corte Suprema falló este año a favor de su permanencia.

El juez también otorgó la certificación a los beneficiarios del programa afectados negativamente por la directiva de Wolf para que presenten una demanda colectiva. Tras el fallo de la Corte Suprema este verano, que impidió que el gobierno de Trump rescindiera unilateralmente el programa, Wolf, supuestamente en su calidad de secretario interino, emitió un memorando el 28 de julio en el que ordenaba al personal del DHS rechazar todas las solicitudes pendientes y futuras, solicitudes para que los beneficiarios salgan y regresen al país, y requerir una renovación anual en lugar de cada dos años como establece el decreto presidencial de Obama.

Chad Wolf dijo el pasado mes de julio que el DHS que dirige acataría la decisión del máximo tribunal de justicia, pero avisó que seguirían trabajando para acabar con él por considerar que es ilegal.

«El gobierno (de Trump) sigue jugando a ‘atrápame si puedes’ con la ley y las vidas de más de un millón de jóvenes, esta vez, en contravención directa con los requisitos de los estatutos federales de nombramiento y la Constitución. Esas leyes son básicas para los principios de separación de poderes y sirven como un control esencial del abuso de poder por parte del ejecutivo», señala el fallo de este sábado.

El juez Nicholas Garaufis dijo este sábado que se llevarán a cabo conferencias judiciales para resolver los detalles de su fallo e indicó que «Wolf no se desempeñaba legalmente como secretario interino de Seguridad Nacional bajo la Ley de Seguridad Nacional cuando emitió el Memorando Wolf» que suspendía DACA.

El programa

DACA fue creado el 15 de junio de 2012 durante el gobierno de Obama por medio de una orden ejecutiva. El programa tenía como objetivo beneficiar entre 1.2 y 1.6 millones de jóvenes indocumentados que entraron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers. De ellos, poco más de 800,000 se inscribieron.

El resto no calificó al beneficio “por una serie de razones”, dice United We Dream (UWD). Entre ellas, no cumplían con los requisitos, tuvieron miedo de entregar sus datos de identificación al gobierno, no tenían el dinero para inscribirse o tenían algún tipo de antecedente que los convirtió en inadmisibles.

Ocho años más tarde poco más de 649,000 soñadores siguen estando protegidos por DACA, dice la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia que opera bajo el mando del DHS y que tiene bajo su cargo la administración del programa.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) había dicho tras el fallo de la Corte Suprema que “si bien la decisión de la Corte es una victoria increíble, el DHS aún tiene autoridad sobre el programa DACA, así como sobre el destino de los beneficiarios”.

“Por ahora, el DHS debe continuar con el programa y continuar procesando las solicitudes de DACA, pero aún queda por ver cómo cumplirá con la orden del Tribunal”, indicó. “La opinión del Tribunal deja abierta la posibilidad de que DHS pueda intentar emitir un nuevo memorándum que rescinda a DACA y que rectifique las deficiencias en su memorándum anterior. Dicha orientación podría llegar muy rápidamente o quedar suspendida hasta un momento en el futuro, como por ejemplo después de las elecciones presidenciales de noviembre”.

AILA dijo además que “La responsabilidad final de otorgar un alivio duradero a los dreamers no está en manos del poder ejecutivo sino del Congreso. La abrumadora mayoría de los estadounidenses (ocho de cada diez) en todo el espectro político quiere que los dreamers permanezcan en Estados Unidos. Con un apoyo tan rotundo, AILA insta al Congreso a que no se demore más y apruebe una legislación bipartidista que otorgue a los Soñadores un estatus legal permanente”, concluyó.

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