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Univision Noticias

Al menos 10 militares y 19 presuntos criminales murieron en la violencia desatada en el estado de Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán más buscados por EEUU.

Al menos 10 militares y 19 supuestos criminales murieron por la violencia desatada el jueves en el estado de Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán más buscados por EEUU, según reveló este viernes el gobierno mexicano.

«Diez militares perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en aras de garantizar la seguridad. El Estado mexicano les dará honores fúnebres», dijo en su rueda de prensa diaria, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, aclaró además que 19 de los fallecidos pertenecían a los grupos criminales que generaron los disturbios violentos. «No se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida», destacó el general.

En cuanto al saldo de heridos, el responsable del Ejército contabilizó a 35 militares lesionados por armas de fuego, así como afectación a varios vehículos terrestres y aéreos de las Fuerzas Armadas. También se detuvieron a 21 miembros del crimen organizado, detalló.

Un coronel que comandaba un batallón de infantería se encuentra entre los fallecidos, luego de que su patrulla fuera atacada durante los operativos posteriores a la captura de Guzmán en la ciudad de Culiacán.

En el operativo durante y tras la detención de Ovidio Guzmán en la madrugada del jueves participaron 3,586 efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes también afrontaron la violencia desatada en las calles de ciudades como Culiacán (capital de Sinaloa), Los Mochis y Mazatlán.

AMLO defiende que el gobierno actuó de forma responsable

López Obrador defendió que el gobierno actuó de manera «responsable» para «cuidar a la población civil, que no hubiera víctimas inocentes».

Además, añadió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, le comunicó que la situación en la región se está normalizando, después de sufrir una jornada de bloqueos, agresiones a balazos y autos incendiados.

«No hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos, que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles, prácticamente en toda la ciudad (de Culiacán)», explicó.

Los hechos en Sinaloa han despertado temor en la ciudadanía porque recuerdan al polémico ‘Culiacanazo’, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, pero lo liberaron horas después por actos violentos del Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán fue trasladado la noche del jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, y del que ya se fugó su padre en 2015.

La extradición de Ovidio Guzmán a EEUU tardará porque «es un proceso»

La detención y la subsecuente ola de violencia se produjeron a poco menos de una semana de que visite la capital mexicana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo país reclama la extradición de Guzmán.

» Es un proceso, se hace una solicitud por parte del gobierno, en este caso EEUU, pero se tienen que presentar pruebas y los jueces de México deciden», afirmó López Obrador, quien insistió en descartar que se haga por ninguna vía acelerada.

Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019, imputa al narcotraficante delitos de conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, añadió que, tras poner al detenido a disposición de un juez, el mecanismo de extradición cuenta con un plazo para que el país solicitante presente pruebas penales, que estima que en el caso de Estados Unidos se demorarán entre cuatro y seis semanas.

Una vez puestas dichas pruebas ante las autoridades judiciales, la decisión sobre la extradición correrá a cargo del juez y de la Cancillería.

«No es una decisión política, solo de la Cancillería, sino esencialmente del juez, para verificar que los derechos de esa persona se respetan, dado que es un ciudadano mexicano», comentó, citado por EFE.

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