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Durante 18 meses de investigación el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 hará su última presentación pública este lunes sobre el esfuerzo sin precedentes de Donald Trump para anular los resultados de las elecciones presidenciales que perdió en 2020 ante el demócrata Joe Biden.
El informe de ocho capítulos incluirá cientos de páginas de conclusiones sobre el ataque y los esfuerzos de Trump y sus colaboradores cercanos para subvertir un procedimiento demócratico, basándose en la profusa documentación que obtuvo a través de sus entrevistas con más de 1,000 testigos.
A grandes rasgos, reflejará la serie de audiencias públicas que el comité celebró en verano y que detallaron las diversas facetas de la investigación, incluido el papel de los grupos extremistas en la violencia del 6 de enero, el intento de Trump de reclutar al Departamento de Justicia para sus planes y la coordinación de Trump con los legisladores del Partido Republicano para anular los resultados de las elecciones.
Se espera que el comité, formado por siete demócratas y dos republicanos, presente al Departamento de Justicia recomendaciones de acusaciones penales y civiles contra el expresidente y algunos de sus colaboradores, quienes, según los legisladores, infringieron la ley o cometieron violaciones éticas.
Los legisladores han sugerido en particular que los cargos recomendados contra Trump podrían incluir conspiración, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso e insurrección.
Es la primera vez que un expresidente podría enfrentar cargos penales si el Departamento de Justicia así lo considera.
Corresponderá a los fiscales federales decidir si presentan cargos. Aunque no son vinculantes, las recomendaciones del comité se sumarían a la presión política sobre el Departamento de Justicia mientras el abogado especial Jack Smith lleva a cabo una investigación sobre el 6 de enero y las acciones de Trump.
El presidente de la comisión, el representante demócrata Bennie Thompson, dijo que el informe final puede añadir otros delitos penales, violaciones de la ética, mala conducta legal y violaciones de las finanzas de campaña.
Los legisladores han prometido que la sesión del lunes incluirá un avance del informe final de la comisión, cuya publicación está prevista para el miércoles.
Por qué insurrección
Poco antes del asalto al Capitolio, Trump había pronunciado un discurso incendiario desde la Casa Blanca donde reiteró sus denuncias infundadas de que los demócratas cometieron fraude en los comicios presidenciales e instó a sus partidarios a marchar precisamente hacia el Capitolio, sede del Senado y de la Cámara de Representantes.
Trump estaba “en el centro” de “un intento de golpe de Estado”, sostiene el jefe del comité, el representante Bennie Thompson.
La recomendación de presentar un cargo contra Trump por insurrección menciona el fallo en febrero del juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Amit Mehta, en el que plantea que el lenguaje de Trump incitó plausiblemente a la violencia el 6 de enero, según indica un reporte del diario Politico basado en fuentes que han tenido acceso al informe que prepara el comité selecto.
También se mencionan los 57 votos del Senado en el juicio político del año pasado para condenar a Trump por “incitación a la insurrección”.
Uno de los integrantes del comité, el congresista demócrata Adam Schiff, señaló este domingo en el programa ‘Face the nation’ que hay un consenso a la hora de considerar que hay evidencias delictivas y que quieren estar seguros de que el Departamento de Justicia está al tanto.
El representante Adam Schiff, demócrata por California, dijo el domingo que cree que Trump cometió múltiples delitos.
“Se trata de alguien que de múltiples maneras trató de presionar a funcionarios estatales para encontrar votos que no existían, se trata de alguien que trató de interferir en una sesión conjunta, incluso incitando a una turba a atacar el Capitolio”, dijo Schiff a CNN. “Si eso no es criminal, entonces no sé lo que es”, añadió.
El Código Penal de EEUU define en su apartado 2383 el delito de rebelión o insurrección: “Quien incite, inicie, ayude o participe en cualquier rebelión o insurrección contra la autoridad de Estados Unidos o sus leyes, o preste ayuda o consuelo para ello, será multado conforme a este título o encarcelado no más de diez años, o ambas cosas; y será incapaz de ocupar cualquier cargo en Estados Unidos”.
Las decisiones de acusación recaen enteramente en los fiscales del Departamento de Justicia, no en el Congreso, pero los miembros del panel han subrayado cada vez más el impacto que su transmisión al departamento podría tener en la opinión pública y lo ven como parte de la construcción de un registro histórico en torno al ataque.
Obstrucción e intento de defraudar al gobierno
Los fiscales del Departamento de Justicia han acusado a casi 300 participantes del asalto al Capitolio por obstrucción de un procedimiento oficial, un cargo que de acuerdo con el Código Penal de EEUU conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de 250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida monetaria del delito.
El DOJ también ha formulado cargos por delitos menores como allanamiento o alteración del orden público, que conllevan un máximo de seis meses de cárcel, o de obstrucción.
La ley exige que se demuestre que cualquier interferencia con un procedimiento del Congreso se ha hecho de forma “deshonesta” y el fiscal James Pearce, citado por The New York Times, ha defendido que en los casos en los que se ha utilizado el cargo, los acusados cometieron otros actos “deshonestos”, como la destrucción de propiedad gubernamental o la agresión a agentes de policía.
Expertos jurídicos han argumentado que, si el expresidente Trump lleva a ser procesado por los hechos del 6 de enero, es probable que se enfrente al cargo de obstrucción.
Abogados defensores en docenas de casos del asalto al Capitolio han cuestionado su aplicabilidad, argumentando que los fiscales habían llevado la ley más allá de su alcance y la habían utilizado para criminalizar conductas que se parecían demasiado a protestas protegidas por la Primera Enmienda.
Los legisladores han argumentando también que el expresidente violó el estatuto que prohíbe interrumpir en un acuerdo para obstruir una función legal del gobierno por medios deshonestos.
También los colaboradores cercanos de Trump
Trump es el principal foco de la investigación, pero hay otras personas en el punto de mira que podrían estar mencionadas en las imputaciones deseadas, como su último jefe de gabinete, Mark Meadows, o su abogado Rudy Giuliani.
El panel entrevistó a varios ayudantes de Trump, incluido su entonces fiscal general, Bill Barr, e incluso su hija Ivanka. En fragmentos de entrevistas mostrados al público, muchos de ellos dijeron que nunca creyeron que hubiera habido fraude electoral.
El comité también reveló la presión que Trump había ejercido sobre su propio vicepresidente, Mike Pence, y otros funcionarios, especialmente en los estados clave de Georgia y Arizona, en una campaña de intimidación destinada a invalidar las elecciones de noviembre de 2020.
El lunes, el comité también podría hacer remisiones éticas que impliquen a compañeros legisladores.
“También consideraremos cuál es el remedio apropiado para los miembros del Congreso que ignoran una citación del Congreso, así como las pruebas que eran tan pertinentes para nuestra investigación y por qué queríamos traerlos”, dijo el representante Schiff. “Hemos sopesado cuál es el remedio para los miembros del Congreso. ¿Es una remisión penal a otra rama del Gobierno, o es mejor que el Congreso vigile por su cuenta?”, se preguntó.
Entre los legisladores que no acudieron a las citaciones del comité se encontraban el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, y los representantes republicanos Jim Jordan, de Ohio, Scott Perry, de Ohio, y Scott Perry, de Nueva York. Jim Jordan de Ohio, Scott Perry de Pennsylvania, Andy Biggs de Arizona y Mo Brooks de Alabama.
El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo el pasado viernes en un comunicado que “el Comité no Selecto del 6 de enero llevó a cabo juicios ficticios impulsados por los partidarios de Nunca Trump que son una mancha en la historia de este país”. Además agregó que este proceso “no ha sido más que un proyecto documental vanidoso de un ejecutivo de Hollywood que insulta la inteligencia de los estadounidenses y se burla de nuestra democracia”.
