Univision Noticias
En un documento publicado el martes en horas de la tarde, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la Asociación Nacional de Abogados (ambas reúnen más de 17,000 miembros), así como profesores de derecho, instaron al comité “a oponerse” al proyecto de ley HR 2640, denominado Reforma del Sistema de Asilo y Protección de la Frontera 2023 (Reform of the Asylum System and Protection of the Border 2023), por tratarse de “una medida divisiva motivada por sentimientos antiinmigrantes que dañarán a las comunidades de inmigrantes y a la nación en general”.
El citado proyecto de ley, de 137 páginas, es patrocinado por el representante republicano Tom McClintock (California) y será sometido a la consideración del Comité Judicial de la Cámara Baja este miércoles.
La iniciativa amplía requisitos de elegibilidad y restricciones para pedir asilo, exige la detención de familias migrantes y menores de edad que huyen de sus países y piden asilo en Estados Unidos, impone la regla del Tercer País Seguro e incluye severas sanciones a los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados, entre otras disposiciones.
El plan republicano también autoriza al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a impedir el ingreso a Estados Unidos de cualquier extranjero si el funcionario determina “es necesario para lograr el control operativo” sobre la frontera. También amplía las capacidades de detención de extranjeros y acelera los procesos de deportación.
La iniciativa reúne los principales componentes de la cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, quien durante su Administración y a golpe de decretos y memorandos reinterpretó diversas leyes de inmigración que afectaron y redujeron considerablemente el debido proceso migratorio.
Los abogados y profesores de derecho declararon que, “más allá de las líneas partidarias, el pueblo estadounidense apoya la protección de los solicitantes de asilo”. Y que “existe un reconocimiento histórico de larga data basado en la ley estadounidense de que Estados Unidos ha sido y debe ser un líder en asistencia humanitaria global”.
Agrega que la iniciativa de McClintock representa “todo lo contrario a lo que indican los principios estadounidenses y el derecho internacional”, razones suficientes para que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes desestime el plan.
“El proyecto de ley no ofrece soluciones efectivas que mejoren la gestión en la frontera sur de Estados Unidos con México. Por el contrario, intenta controlar el fenómeno ahora global de los flujos de refugiados bloqueando a los solicitantes de asilo y destruyendo la ley de asilo existente”, indica.
La ley de asilo vigente, aprobada por el Congreso, indica que si una persona busca asilo y tiene o demuestra un miedo de ser deportado porque su vida está en peligro, es un juez de inmigración quien cedide su futuro en Estados Unidos.
Debido al atasco en la Corte de Inmigración (EOIR), que tiene más de 2.1 millones de casos acumulados, la mayoría de asilo, en mayo del año pasado el gobierno de Joe Biden otorgó poderes extraordinarios temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para decidir casos de asilo en la frontera con el objetivo de descongestionar los tribunales.
Sólo en aquellos casos cuando un agente de asilo rechaza una petición de asilo el expediente es enviado a la EOIR para que un juez decida.
Esta política, sin embargo, será puesta en suspenso tras el retiro del Título 42 de los CDC previsto para el 11 de mayo y los agentes de asilo de USCIS serán autorizados para actuar en la frontera en las primeras 72 horas cuando el extranjero está bajo el control de la Patrulla Fronteriza. Hasta ahora los agentes de asilo actúan después de las 72 horas iniciales cuando los agentes federales de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo determinan, en uso de su discrecionalidad, que existe una probable causa de asilo o miedo creíble y remiten al extranjero bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las restricciones del plan republicano
La revisión del proyecto hecha por los abogados y profesores de derecho indica que, en particular, el plan republicano “prohibiría el asilo enteramente y sin excepción a las personas que cruzan la frontera entre puertos de entrada sin excepción, aunque se trate de grupos vulnerables, incluidos los niños no acompañados que están protegidos por la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata”.
Los niños no acompañados también están protegidos por el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores en centros de detención federales, fija plazos máximos de detención y procesamiento y exige que sólo los jueces de inmigración decidan sus futuros en Estados Unidos.
“El proyecto de ley restringiría aún más la elegibilidad para el asilo y limitaría la solicitud”, advierten los abogados. “Significa que simplemente no habrá un acceso significativo al asilo para aquellos que huyen de la persecución y vienen a Estados Unidos para salvar sus vidas”, agrega.
AILA dice además que los cambios propuestos en el proyecto de ley “obstaculizarían aún más a nuestro gobierno federal al exigir medidas poco prácticas y obstáculos burocráticos que relentizarán el proceso (de asilo) en lugar de hacerlo más eficiente”.
Los republicanos autores del proyecto también recomiendan limitar la autorización de empleo para solicitantes de asilo “a solo seis meses” y requiere efectivamente que los titulares de autorizaciones de empleo “vuelvan a aplicar repetidamente” para conseguir el documento, que en muchos casos demora más de seis meses en ser procesado por USCIS, incluso más de un año.
“Estas solicitudes para renovar la autorización de trabajo agravará el atraso existente que actualmente enfrenta USCIS que está demorando severamente todas las formas de visas basadas en el empleo y en familia”, puntualiza el documento.
Los dejarán sin trabajo
Los abogados temen que las limitaciones recomendadas para la obtención de las autorizaciones de empleo junto con las demoras en los procesos administrativos de adjudicación, “dificulten que los solicitantes de asilo obtengan trabajo” y, a su vez, se agrave “la escasez de mano de obra que enfrentan nuestras comunidades”.
Al limitar el acceso a la autorización de empleo para solicitantes de asilo, este proyecto de ley ignora el apoyo bipartidista para ampliar el acceso”, indica.
También previene que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley sobre el uso del programa de verificación de empleo (E-Verify) “exigen crear una estructura de multas excesivamente punitivas para los empleadores que intentan cumplir con un
mosaico bizantino de las normas de autorización de trabajo”.
“Sin un enfoque holístico que aborde las necesidades de nuestra economía y asegure que todos los trabajadores reciban protecciones laborales adecuadas, este proyecto de ley no lo hace. Una ley E-Verify obligatoria exacerbará la escasez sin precedentes del mercado laboral de la nación, aumentará las oportunidades de explotación, creará una mayor demanda de productos producidos en el extranjero y debilitará nuestra economía”, advierten.
