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Santa Maria Times

Un productor de cannabis de la Costa Central llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Bárbara en el sentido de que una operación de cultivo alteró y contaminó los afluentes del río Santa María, dijeron las autoridades el martes.

805 Agricultural Holdings, con sede en San Luis Obispo, acordó pagar $ 40,000 en una acción civil presentada por la Oficina del Fiscal de Distrito, que alegaba que la compañía cometió varias violaciones al código de Pesca y Caza derivadas de una operación de cannabis en la cuadra 1500 de Tepusquet Road.

En la denuncia del 22 de junio, los funcionarios del Fiscal de Distrito alegaron cinco causas de acción, entre ellas que la empresa alteró «sustancialmente» el flujo natural del agua al quitar la vegetación, construir casas de aros y depositar fertilizantes y combustible diesel en dos arroyos en su propiedad que alimentarse en el río Santa María.

Además, los funcionarios acusaron al agricultor de nivelar una carretera dentro de un arroyo y permitir que se contamine con tierra consolidada y plástico de las tuberías de riego.

Thomas Green, el abogado del acusado, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.
El acuerdo de conciliación incluye $ 35,000 en multas civiles, incluidos $ 23,000 pagados al condado de Santa Bárbara para financiar las leyes de protección al consumidor, $ 9,800 al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, $ 3,000 al Fondo de Propagación de Pesca y Vida Silvestre del condado y $ 2,400 al Reglamento de la Madera y Fondo de Restauración Forestal.

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Además, $ 1,800 se destinarán a la Oficina del Fiscal de Distrito para reembolsar el costo de la investigación y el enjuiciamiento.

La compañía también recibió una orden judicial que exige el cumplimiento de las disposiciones del código de Pesca y Caza, según el fiscal adjunto del distrito, Christopher Dalbey.

«Aunque el cultivo de cannabis es legal según la ley de California, con los permisos gubernamentales correspondientes, los cultivadores deben cumplir con las leyes ambientales como cualquier otro negocio», dijo la fiscal de distrito Joyce Dudley.

El acuerdo fue firmado por el juez de la Corte Superior James Rigali el 13 de julio.

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