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Familias separadas, inmigrantes deportados o muertos bajo custodia de ICE, restricciones de asilo y ‘green cards’, un muro en la frontera y miles de personas varadas en México. Pero aún hay más.

Por Andrea López Cruzado

Donald Trump hizo de la persecución a los inmigrantes indocumentados un eje de su campaña a la presidencia en 2016, y días después de su victoria emitió un video con sus prioridades en la Casa Blanca sobre inmigración, prometiendo que ordenaría una investigación de «todos los abusos de programas de visas que socavan al trabajador estadounidense». En sus primeras semanas de presidencia quedó claro sin embargo que esas palabras se traducirían en acciones mucho más drásticas. 

Una escalada en las deportaciones de inmigrantes, la separación de familias en la frontera y los obstáculos sin precedentes a quienes buscan asilo en Estados Unidos son quizás las principales medidas tomadas por Trump para frenar la inmigración legal e ilegal en estos casi cuatro años de gobierno. Pero hay más, mucho más. 

“Las más de 400 acciones ejecutivas de la Administración Trump han tocado cada parte del sistema de inmigración, prácticamente poniendo fin a los beneficios humanitarios y restringiendo de manera severa la inmigración legal”, explica Sarah Pierce, analista de políticas públicas del Programa de Políticas de Inmigración del Migration Policy Institute, una institución no partidista con sede en Washington.  

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Pierce es coautora de un extenso informe que repasa las decisiones del Gobierno de Trump en materia de inmigración. El análisis señala que, si bien es cierto que en teoría estas acciones podrían ser revertidass por futuras administraciones, la manera entrelazada y veloz en que fueron establecidas “hace probable que la presidencia de Trump tenga efectos sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos por mucho tiempo”. 

Primer año: el veto migratorio y la cancelación de DACA

En su quinto día en el poder, Trump actuó por partida doble.

El 25 de enero, el presidente emitió un decreto para suspender fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario, aquellas que limitan la colaboración de su policía local con agentes federales de inmigración. Además, ordenó la remoción inmediata de inmigrantes con órdenes de deportación, inmigrantes condenados por un delito penal, y aquellos acusados de un crimen incluso sin haber sido condenados.    

Ese mismo día, y a través de un segundo decreto, Trump abordó su gran promesa de campaña, y ordenó «la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sudeste» para «prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y personas, y actos de terrorismo».

Año tras año, la mayoría de los inmigrantes indocumentados que ingresan al país arriban legalmente en vuelos comerciales y se quedan al vencer sus visas. La mayoría de drogas llegan por puertos de entrada legales. Y el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, fue perpetrado por hombres con visas que viajaron en aviones. Ninguno era mexicano y centroamericano. 

Dos días después de sus primeros dos decretos, Trump sorprendiócon un veto migratorio para miles de personas -incluyendo aquellas con residencia permanente- de  siete países predominantemente musulmanes: Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.  

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comunicó que en los primeros 100 días desde esos decretos, entre el 22 de enero y el 29 de abril de 2017, arrestó a más de 41,000 personas, un aumento de casi 38% frente el mismo periodo de 2016. Casi 13,000 carecían de cargos penales. 

En junio de ese año, la Administración Trump anuló el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA, por su sigla en inglés), que fue creado por el expresidente demócrata Barack Obama para proteger de la deportación a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. 

Y el 5 de septiembre anunció el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), otra medida adoptada por Obama para proteger a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños.

Varios estados demandaron al Gobierno para impedir la cancelación de DACA y, tras varios fallos en contra de Trump, el caso llegó hasta la Corte Suprema, que el 18 de junio de 2020 dictaminó también a favor de los llamados dreamers. Sin embargo, Trump no se ha dado por vencido en su aspiración de poner fin a un programa que beneficia a más de 640,000 jóvenes.

También en septiembre de 2017, Trump amplió su lista de países a los que aplicó restricciones de viaje e incluyó a Chad, Corea del Norte y Venezuela. Luego, su Gobierno anunció que recibiría un máximo de 45,000 refugiados en el año fiscal que corrió del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Esta cifra incluía un máximo de 1,500 refugiados de América Latina y el Caribe, menos de un tercio de los 5,000 que había permitido Obama un año antes. El Gobierno sustentó su decisión citando “la seguridad del pueblo estadounidense”. No sería la única vez que Trump reduciría drásticamente el número de refugiados. 

En noviembre del 2017, el Gobierno puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para los nicaragüenses, quienes habían recibido el amparo en 1999 luego de que el huracán Mitch devastara su país. La decisión significaba que más de 5,300 inmigrantes de ese país se quedarían sin permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos a partir de enero de 2019. 

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En su primer año, Trump también habló de anular la lotería de visase impedir que residentes permanentes legales y ciudadanos trajesen legalmente a sus familias, una medida legal que el presidente llama “migración en cadena”. 

La primera dama, Melania Trump, nació en Eslovenia. En agosto de 2018, sus padres se naturalizaron estadounidenses, gracias a ese programa de reunificación familiar. 

La campaña de Trump noha respondido a la solicitud de comentarios sobre estas acciones. El miércoles, en una llamada con periodistas, Stephen Miller, asesor presidencial y arquitecto de muchas de las políticas migratorias más restrictivas del Gobierno, defendió las acciones tomadas por la administración Trump y dejó entrever que, de ganar la reelección, el presidente mantendría su mano dura sobre el tema. 

Segundo año: la separación de familias

En los primeros días de 2018, el Gobierno puso fecha de vencimiento al TPS para los salvadoreños, dándoles hasta el 9 de septiembre de 2019 para retornar a sus países. Señaló que “las condiciones causadas por el terremoto de 2001” que motivaron la protección original no persistían. La medida afectaba a cerca de 200,000 personas que habían hecho su vida en Estados Unidos por más de 15 años.  

Unos meses después, el 4 de mayo, el Gobierno tomó la misma decisión para los inmigrantes hondureños que, como los nicaragüenses, estaban amparados por el TPS desde enero de 1999 tras el paso del huracán Mitch por su país a finales de 1998. Alrededor de 55,000 hondureños tendrían que volver a su patria en enero de 2019.

Sin embargo, demandas para bloquear esas decisiones han extendido la permanencia legal de más de 331,000 hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, cuyos TPS están vigentes ahora hasta el 4 de enero de 2021.   

En la que ha sido quizá la acción migratoria más controvertida de los cuatro años de gobierno de Trump, el 7 de mayo del 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció una “política de tolerancia cero” al ingreso ilegal al país.

A los padres que planeaban cruzar la frontera con sus hijos les lanzó la siguiente advertencia: “Puede ser que ese niño sea apartado de ti”. Más adelante se reveló que el Gobierno venía separando familias desde mediados de 2017 como parte de un programa piloto en El Paso, Texas.

Bajo la presión de las críticas contra la medida y dos días después de que el medio de investigación ProPublica publicara un audio donde niños centroamericanos clamaban en medio de llantos por sus padres, Trump anunció el fin de la medida. 

Más de 4,100 menores de edad habían sido separados de sus padres. Sin embargo, desde el el fin oficial de la medida, el Gobierno apartó a 1,100 niños más, para un total de al menos 5,446, según un informe de The Intercept. Y el número podría ser aún más alto. En octubre de 2018, Amnistía Internacional señaló en un informe que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le dijo que “entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018, había separado forzosamente a más de 6,000 unidades familiares”.

El 26 de junio, una juez ordenó al Gobierno  devolver a sus padres a los niños que había mantenido en “jaulas”, a quienes había servido alimentos fríos o congelados y a los que quiso negarles productos básicos de higiene como jabón. Al día de hoy, más de dos años después de esa orden, más de 500 niños siguen separados de sus familias.    

“No podemos pasar por alto la separación intencional de familias en la frontera como una supuesta manera de disuadir a los migrantes”, explica Dan Gordon, vocero de National Immigration Forum, una organización que aboga por el valor de la inmigración en Estados Unidos. “La crisis se mantiene con familias que siguen separadas. La inhumanidad de esta política es espantosa”, agregó. 

Menos de un mes después de establecer la política de tolerancia cero, Sessions anunció que las víctimas de violencia doméstica y pandillera en su país de origen no podrían acceder automáticamente a asilo en Estados Unidos. 

En otro esfuerzo por reprimir las solicitudes de asilo, a fines de octubre Trump ordenó el despliegue de más 5,000 soldados a la frontera con México para detener el avance de una caravana de migrantes centroamericanos, a quienes luego la Patrulla Fronteriza repelería con gases lacrimógenos.

Ese mismo mes, el presidente dijo que firmaría una proclama para eliminar el derecho a la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o inmigrantes que no se hubieran naturalizado estadounidenses. “Es absurdo, es absurdo y tiene que acabar”, dijo el presidente sobre el derecho constitucional a la ciudadanía.

Pocos días después, el 9 de noviembre, emitió una proclama para evitar que los migrantes que ingresen a Estados Unidos ilegalmente puedan solicitar asilo. La medida fue inmediatamente rechazada por grupos de defensa de los inmigrantes y un juez bloqueó su implementación

Sin embargo, al mes siguiente, el 20 de diciembre, el Gobierno anunció que los migrantes que ingresen a Estados Unidos ilegalmente con la intención de solicitar asilo serían devueltos a México, donde tendrían que esperar indefinidamente la decisión del gobierno estadounidense sobre sus casos.  

La encargada de dar el anuncio fue la entonces secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, quien se refirió a una “crisis en la frontera”, y dijo que los migrantes ya “no podrán desaparecer en Estados Unidos”, sino que tendrían que esperar el permiso del gobierno para ingresar al país. Bajo el programa, llamado Protocolos de Protección del Migrante, conocido también como Permanece en México, se ha deportado ya a más de 68,000 migrantes.  

“El Gobierno prácticamente ha eliminado los canales de inmigración humanitarios”, explica Pierce, analista del Migration Policy Institute, “el asilo en la frontera sur casi ha desaparecido». «Las admisiones de refugiados están en su nivel más bajo y, como resultado, la red de reasentamiento de Estados Unidos se ha parlizado y pasarán años para que se restablezca», añade,»y otros beneficios para las víctimas de tráfico humano, víctimas de violencia, y niños no acompañados se han reducido significativamente”.

Tercer año: dinero para el muro y deportaciones exprés

En su tercer año en la Casa Blanca, Trump redobló sus esfuerzos por cumplir una de las promesas insignia de su campaña: la construcción de un muro en la frontera con México. En febrero, y después de que el Congreso no aprobara los fondos que solicitó, Trump declaró un estado de emergencia para destinar hasta 8,000 millones de dólares de otras fuentes al proyecto. 

En junio se registraría una de las imágenes más impactantes de la desesperación de los migrantes que huyen de crisis y violencia en sus países, y que se han visto obligados a tomar rutas cada vez más peligrosas para llegar a Estados Unidos. El salvadoreño Oscar Alberto Martínez y su hija Valeria de apenas 2 años de edad murieron ahogados cuando intentaban cruzar el río Bravo en la frontera entre Matamoros, México, y Texas. 

24 de junio de 2019. Los cuerpos del inmigrante salvadoreño Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de casi 2 años. Ambos murieron ahogados mientras trataban de cruzar el Río Grande desde Matamoros, México hacia Brownsville, Texas
24 de junio de 2019. Los cuerpos del inmigrante salvadoreño Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de casi 2 años. Ambos murieron ahogados mientras trataban de cruzar el Río Grande desde Matamoros, México hacia Brownsville, TexasJulia Le Duc

También en junio, el Gobierno anunció un sistema de deportaciones exprés contra cualquier inmigrante indocumentado que no pudiera demostrar que llevaba como mínimo dos años ininterrumpidos en el país. La expulsión automática antes se empleaba para retirar a migrantes detenidos a no más de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera y que llevaban menos de dos semanas en el país. La orden, sin embargo, amplió la deportación exprés a inmigrantes hallados en cualquier parte del país y sin recibir apoyo legal.  

En julio, la Administración Trump firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala para que los migrantes solicitaran asilo allí antes de buscarlo en Estados Unidos. 

En agosto, se anunció que Estados Unidos denegaría la residencia permanente a los inmigrantes que se hubiesen convertido en una “carga pública”, lo que significaba recibir uno o más beneficios públicos, como ayuda alimentaria o de vivienda. Con esta normativa, el Gobierno buscaba reducir la concesión de green cardsy también evitar la llegada de personas por la vía legal que considerara que podrían convertirse en una carga pública para el país en el futuro.

Esta medida, dijo Pierce, “podría transformar de manera significativa los flujos [migratorios] hacia Estados Unidos, desfavoreciendo a los inmigrantes de América Latina y los ancianos, entre otros”. 

En septiembre, la Administración volvió a reducir el número de refugiados que recibiría el país a apenas 18,000 en el año fiscal que va de octubre de 2019 a septiembre de 2020.

un acuerdo con Honduras convirtió a ese país, como a Guatemala, en un «país seguro» para recibir migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos. 

Cuarto año: la pandemia como razón para restringir más la inmigración

En marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) emitieron una orden para suspender el ingreso de extranjeros de países donde “una enfermedad transmisible” creaba un peligro grave para Estados Unidos. El Gobierno aprovechó la pandemia de coronavirus paraprohibir el ingreso o deportar rápidamente a personas en busca de asilo. Primero lo hizo por 30 días, pero continuó extendiendo la orden en los meses siguientes.

Bajo las nueva normas, los migrantes, incluyendo niños, son expulsados sin haber pasado por ningún proceso legal. Menos de un mes después de la implementación de la nueva medida, cerca de 7,000 migrantes habían sido devueltos a México, entre ellos casi 400 niños.   

En junio,Trump anunció que congelaría la emisión de varios tipos de visados, incluyendo los que benefician a profesionales especializados, y green cards para proteger el mercado laboral de los estragos de la pandemia.   

La Corte Suprema falló a favor del Gobierno, permitiéndole deportar a algunos solicitantes de asilo sin antes darles la oportunidad de presentar su caso ante un juez. 

Luego de suspender la admisión de refugiados con el fin de proteger los empleos de los estadounidenses durante la pandemia, en septiembre Trump anunció que en 2021 el país solo recibiría 15,000 refugiados, un mínimo histórico. En el año fiscal de 2017, el último de Obama, Estados Unidos abrió sus puertas a hasta 110,000 refugiados.    

 ICE amenazó con expulsar a los estudiantes internacionales que fueran a recibir solo clases en línea y el Gobierno dispuso la toma demuestras de ADN de inmigrantes indocumentados arrestados en todo el país. Además, Trump firmó un memorándum presidencialpara excluir a los inmigrantes indocumentados del Censo llevado a cabo este año.    

“La Administración Trump ha socavado seriamente la inmigración legal en detrimento de nuestra economía y comunidades”, indica Gordon, del National Immigration Forum, “estamos recibiendo menos profesionales altamente calificados, menos estudiantes internacionales, menos refugiados y personas con solicitudes de asilo válidas.” 

En el año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre,  21 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE, el peor año desde 2015. Ocho de los fallecidos murieron después de contagiarse de COVID-19. 

¿Y para los próximos cuatro años?

Según anunció el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller esta semana, de continuar en la presidencia, las principales prioridades de Trump en inmigración serían: limitar el derecho de asilo, castigar y prohibir las ciudades santuario; endurecer las evaluaciones para los solicitantes de visa; y poner nuevos límites a las visas de trabajo.

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