Corte Suprema establece nuevos límites a los jueces de inmigración para otorgar alivios.

La decisión emitida por la Corte Suprema el 13 de junio, donde niega fianza a inmigrantes indocumentados detenidos por más de seis meses, no solo afecta a los extranjeros privados de libertad, sino que limita a los jueces de inmigración ordenar alivios, sobre todo cuando participan en demandas colectivas disputadas en cortes federales.

Y eso podría prolongar indefinidamente la permanencia de un extranjero en un centro de detención”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. En el dictamen del 13 de junio, el máximo tribunal falló 6-3 que la Sección 1252(f)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) prohíbe a los tribunales inferiores ordenar o restringir ciertas operaciones federales de aplicación de la ley (enforzamiento) “a nivel de clase”, es decir en demandas colectivas.

“Esta herramienta judicial ha sido utilizada y permitido que la emisión de órdenes judiciales que exigen al gobierno, por ejemplo, liberar a inmigrantes detenidos por razones médicas, porque son vulnerables y médicamente corren riesgo de sufrir una enfermedad, como por ejemplo infectarse por COVID-19 y por esa razón deben ser liberados”, explica Guerrero.