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Como signatario del Protocolo de 1967, Estados Unidos tiene la responsabilidad de procesar las solicitudes de asilo y decidir si alguien puede recibir protección legal. Pero no está obligado a otorgar asistencia legal probono a los peticionarios de asilo y el permiso de trabajo demora meses, incluso más de un año en ser emitido.
Los extranjeros que buscan asilo en Estados Unidos tienen derecho a pedirlo y a un permiso de trabajo, pero todo depende de cómo entra al país, si lo hace con una visa, se presenta en un puerto de entrada o lo detienen intentando ingresar indocumentado.
“Es importante tener el máximo de información posible para cada uno de los casos o maneras de entrar a Estados Unidos”, advierte Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El primero de todos los derechos es pedir asilo, es un derecho legal. Pero no hay derecho a que el gobierno le asigne un abogado de oficio porque el asilo se trata de un proceso de carácter administrativo, no criminal”, señala.
Leal agrega que desde principios de enero una categoría de extranjeros originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que vienen en busca de asilo, “lo hacen a través de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), viajan en avión y cuando se presentan en un puerto de entrada aéreo reciben un permiso por dos años y tienen automáticamente derecho a un permiso de trabajo”.
En esos dos años deben pedir asilo o ajustar su estato migratorio bajo cualquier programa pegal disponible, como el asilo. Si no lo hacen, cumplido el plazo deben irse de Estados unidos.
Pero se trata de la excepción. El resto que viene en busca de asilo y quiere trabajar legalmente, “cada uno es evaluado independientemente de acuerdo con la manera que entró y en algunos casos, deben esperar un mínimo de 180 días desde que piden asilo por medio de un Formulario I-589”, explica Leal.
“Hay varios grupos de extranjeros y/o refugiados y cada uno tiene un reglamento”, señala. “Pero lo que deben entender es que no todos tienen los mismos beneficios al mismo tiempo. Y hay quienes, incluso, son rechazados y deportados de manera expedita a sus países de origen”.
Qué responsabilidad tiene el gobierno
Respecto a si el gobierno federal tiene alguna responsabilidad con los extranjeros que piden asilo, Rebeca Sánchez-Roig, abogada de inmigración, exfiscal de inmigración en el Departamento de Justicia y profesora en la facultad de leyes en la Universidad de Miami, Florida, dijo esa pregunta “se la habían hecho “mis estudiantes en mi clase de inmigración la semana pasada”.
Sánchez-Roig explica que “como signatario del Protocolo de 1967, Estados Unidos tiene la responsabilidad de procesar las solicitudes de asilo y decidir si alguien puede recibir protección legal. Esta es la responsabilidad de todo país signatario del Protocolo de 1967”, precisa.
El protocolo citado por la abogada y contenido en la Ley de Inmigración estadounidense, indica que “Estados Unidos tiene la obligación legal de brindar protección a quienes califican como refugiados”.
Y la Ley de Refugiados, a su vez, establece dos caminos para obtener el estatus de refugiado:
- Desde el extranjero como refugiado reasentado;
- En Estados Unidos como solicitante de asilo.
Cuáles son las protecciones que otorga EEUU
De acuerdo con la ley de asilo y/o refugiados, la protección que brinda el gobierno “es el no poder regresar a su país de origen a una persona a la que se le ha concedido asilo”, precisa Sánchez-Roig.
Explica que los asilados “reciben autorización para trabajar en Estados Unidos, pueden solicitar la tarjeta de Seguro Social, un permiso para viajar al extranjero (pero no al país del cual huyó porque si no pone en duda la causal de asilo) y traer miembros de su familia”.
“Los asilados también pueden ser elegibles para ciertos programas gubernamentales, tales como Medicaid o Asistencia Médica para Refugiados”, dice Sánchez. Pero cada caso es revisado de manera individual.
Al cabo de un año como asilado, el extranjero califica automáticamente para pedir la residencia legal permanente (LPR, green card o tarjeta verde). Y cinco años después de recibir la residencia, califica para pedir la ciudadanía por naturalización.
Sánchez-Roig, sin embargo, lanza una advertencia. “El estatus de asilo es ‘discrecional’. Esto significa que el gobierno puede negar la protección de asilo aún si cumplen con la definición de refugiado”.
