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El plan, entregado a mediados de marzo por legisladores republicanos, se añade al operativo Lone Star (Estrella Solitaria) del gobernador Greg Abbott, lanzado en 2021, cuyo objetivo es desafiar la política migratoria del gobierno federal y reducir a cero la inmigración indocumentada en el estado fronterizo.
El problema, advierten organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, es que en el esfuerzo por combatir la inmigración ilegal se dañan los derechos de miles de extranjeros a quienes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les ha permitido esperar en Estados Unidos la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.
“Estas personas extranjeras tienen un estatus legal en Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Se trata de personas que están aplicando para el asilo. No están aquí como indocumentados, pero tampoco como residentes o ciudadanos. Sin embargo, están aquí legalmente mientras tengan vigente el comprobante de su caso migratorio”.
Para el gobernador de Texas, Greg Abbott, este grupo de personas, al no tener una admisión por parte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), son indocumentados. Y asegura que el gobierno de Joe Biden, al dejarlos entrar, “viola la ley de inmigración”.
Qué propone la iniciativa HB 20
La iniciativa HB 20 plantea que la inmigración en la frontera con México constituye una amenaza a la seguridad y el bienestar de Texas, incrementa la actividad criminal y amenaza la seguridad pública. Y asegura que cárteles operan en todo el estado y el resto de Estados Unidos contrabandeando drogas y muertes por envenenamiento.
Para combatir este flagelo, los autores de la HB 20 recomiendan crear una nueva ofensa criminal. Y añade la creación de una “Unidad de Protección Fronteriza” integrada por agentes estatales y municipales, además de ciudadanos, indica, respetuosos de la ley, quienes podrán detener a ciudadanos extranjeros por violar las leyes migratorias y del estado.
Agrega que será el gobernador quien nombre al jefe de la nueva unidad fronteriza. Este, a su vez, podrá contratar a empleados de la unidad que también sean respetuosos de la ley. Explica el plan que solo serán rechazados aquellos que tengan condenas por antecedentes graves, según las leyes del estado.
Entre las funciones o poderes que tendrá el jefe de la unidad, la iniciativa incluye:
- Disuadir y repeler personas que intentan ingresar a Texas ilegalmente entre puertos de entrada;
- Devolver (expulsar) extranjeros a México; y
- Usar la fuerza para repeler, arrestar y detener personas.
Modificaciones al Código Penal
La propuesta de ley también recomienda modificar el Código Penal de Texas para poder perseguir a los extranjeros que ingresar a sabiendas al territorio del estado:
- Una persona comete un delito si entra a sabiendas en la propiedad de otro sin consentimiento efectivo desde una jurisdicción vecina;
- Un delito bajo esta sección es un delito grave de tercer grado;
- Una persona que viole esta sección está sujeta a una multa de no menos $10,000 por cada violación; y
- El hecho de que la conducta esté sujeta a una acción civil o sanción penal en virtud de la sección, no anula ni menoscaba cualquier otro recurso disponible.
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También solicita que un juez pueda exigir como condición para la puesta en libertad bajo fianza que el demandado:
- Sea puesto en confinamiento en el hogar y monitoreo electrónico bajo supervisión de una agencia designada por la corte;
- Pruebas semanales para detectar la presencia de sustancias controladas en el cuerpo del acusado;
- Exigir el pago de una fianza para la puesta en libertad vigilada;
- El demandado no será puesto en libertad si constituye riesgo de fuga.
A su vez, el magistrado podrá revocar la libertad o fianza si:
- El acusado viola la condición de confinamiento domiciliario;
- El acusado viola el monitoreo electrónico;
- El acusado se niega a someterse a una prueba de control de sustancias prohibidas o controladas;
- El acusado resulta positivo en una prueba de sustancias controladas;
- El acusado no paga la tarifa de reembolso por monitoreo o las pruebas de sustancias controladas;
- Si el juez determina que el demandado es indigente.
NOTA: El comité que regulará el funcionamiento de la nueva unidad de persecución de inmigrantes entregará informes periódicos al gobernador.
