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En su reciente evento en Texas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, comenzó dar luces sobre cómo sería la política migratoria de Estados Unidos en una eventual presidencia suya. DeSantis compite por la nominación presidencial republicana del 2024 rezagado en las encuestas detrás del exmandatario Donald Trump.
El proyecto migratorio que presentó en Eagle Pass, Texas, se parece a la política de ‘tolerancia cero’ de Trump. Su plan no contempla por ahora regularizar la situación de los 12 millones de indocumentados que viven en el país, algunos con más dos décadas y con familias establecidas, o de darle estatus y permisos de trabajo a los cientos de miles que trabajaron en la primera línea para combatir la pandemia del covid-19.
En la presentación de su plan, el gobernador floridano ―quien durante su paso por la Cámara de Representantes federal presidió el Freedom Caucus, un grupo republicano de extrema derecha― habló con un lenguaje en el que abundaron frases y palabras como inmigración ilegal, invasión de extranjeros, crimen, tráfico de drogas, acto de guerra, muro, militarización y deportaciones.
DeSantis centró su discurso en detener la llegada de extranjeros debilitando el debido proceso migratorio tal como lo hizo Trump durante su gobierno, en demonizar la permanencia indocumentada ―una falta de carácter civil― y amenazar con el uso de “fuerza letal” contra inmigrantes que intenten cruzar sin autorización atravesando las estructuras fronterizas impuestas por el gobierno federal.
Prometió, asimismo, terminar la construcción del muro en la frontera sur y acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Analizamos a continuación los retos que afrontarían algunas de sus propuestas y las dudas que plantean varias de ellas.
Las ‘lagunas’ en la propuesta de DeSantis en la frontera sur
El proyecto migratorio del gobernador de Florida repite que la frontera sur con México está en “ruinas” debido al cruce de millones de personas indocumentadas en los últimos dos años. Pero la afirmación no hace diferencias entre el cruce donde se permite al extranjero esperar en Estados Unidos la resolución de su caso de asilo en los tribunales de inmigración y el cruce indocumentado exitoso.
El primero se fundamenta en el debido proceso migratorio autorizado por el Congreso donde son los jueces de inmigración y, en algunos casos, los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés) quienes tienen la discrecionalidad y/o autoridad para otorgar el beneficio del asilo. El segundo corresponde a la entrada ilegal burlando todos los sistemas de control existentes y es, quizá, el dato clave para entender la principal problemática de la frontera.
En 2016, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) comenzó a utilizar un nuevo sistema más preciso de metodología de medición para calcular los ingresos ilegales exitosos, una cifra crucial que permite conocer cuán efectiva es la política migratoria de un gobierno. DHS comenzó entonces a publicar datos sobre métricas de seguridad fronteriza.
En 2018, un reporte publicado en el Informe del Año Fiscal de ese año señaló que el número de cruces no detectados había caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur.
Tres años más tarde, en el Informe del Año Fiscal 2020, el último de la presidencia de Trump, DHS estimó que, de acuerdo con datos disponibles sobre entradas ilegales exitosas entre los años fiscales 2017 y 2018, se experimentó un incremento. También que se estaba revirtiendo la efectividad por encima del 95% en la capacidad de detención registrada entre los años fiscales 2006 a 2016 (de más de 1 millón a menos de 56,000 por año al final del gobierno de Obama).
De acuerdo con el reporte, la metodología utilizada para estimar el ingreso indocumentado exitoso mostró un aumento entre 2017 y 2018 ―los dos primeros años del gobierno de Trump― de al menos 11 puntos porcentuales con respecto a 2016. No hay datos en cuanto a las estimaciones de cruces ilegales exitosos durante el año fiscal 2020. Tampoco de los datos del año fiscal 2021 ni del 2022.
“Desafortunadamente no hay cifras”, dijo a Univision Noticias Roger Maier, especialista en Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). Sin este dato clave, la afirmación de DeSantis es inexacta.
Otra afirmación recurrente del gobernador DeSantis se centra en la entrada a Estados Unidos de millones de extranjeros indocumentados desde el 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden tomó posesión de la Casa Blanca.
Según la narrativa de DeSantis, son «ilegales» los inmigrantes que han pasado una primera fase de la entrevista de ‘miedo creíble’ en la frontera y evidenciado una causa de asilo, por lo que han sido autorizados a entrar al país por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP en inglés), entregados a la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y luego liberados bajo el Programa Alternativo de Detención (ATD) en espera de la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.
No son «ilegales» como asegura DeSantis. Se trata de “aplicantes de asilo” que se encuentran dentro del país autorizados “con toda la autoridad del gobierno federal de Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración. “No se trata bajo ningún motivo de personas ilegales”, agrega.
La semana pasada, en una decisión 8-1, la Corte Suprema de Justicia, tras revisar una demanda entablada por Texas y Louisiana, sobre las prioridades de deportación del gobierno de Biden, dictaminó que los estados no tienen “potestad” o lo que en inglés se llama ‘standing’ para impugnar las decisiones del gobierno federal en asuntos de competencia federal, como lo es la ejecución de la ley federal de inmigración.
Ante esto, la afirmación de DeSantis de que el gobierno de Biden ha liberado a “millones” de extranjeros ilegales carece de fundamento y no toma en cuenta el debido proceso migratorio en la frontera.
