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El acuerdo que pone fin a la demanda contra la cárcel de ICE que pagaba $1 a migrantes detenidos para limpiar, cocinar y hacer tareas de mantenimiento
El acuerdo judicial garantiza que los inmigrantes que trabajan en los centros de detención de ICE reciban formación, remuneración monetaria, ropa de trabajo y equipo de seguridad necesarios, así como el respeto del personal de las instalaciones.
Una demanda entablada en 2018 contra un centro de detención de ICE en Georgia por trabajos forzados a inmigrantes indocumentados detenidos llegó a término este jueves. Los demandantes anunciaron un acuerdo alcanzado por las partes en la disputa judicial que beneficia a los extranjeros privados de libertad.
El acuerdo, dijo la organización, “resuelve los reclamos de tres personas anteriormente detenidas en Stewart. Los demandantes alegan que CoreCivic los obligó a trabajar por tan solo $1 por día en el llamado ‘Programa de Trabajo Voluntario’ bajo amenaza de privación de las necesidades básicas y castigo, incluido el confinamiento solitario, en violación de la Ley de Protección Federal para Víctimas de Trata”.
El grupo también alegó que CoreCivic se enriqueció injustamente con el trabajo forzoso de los demandantes.
“En lugar de ofrecer esos trabajos a trabajadores externos de la comunidad por un salario digno, CoreCivic dependió del trabajo casi gratuito de los demandantes y de cientos de otros trabajadores detenidos para operar en el centro de detención de inmigrantes de Stewart”, indicaron.
Los demandantes fueron representados por el Southern PovertyCenter, el Project South y la firma de abogados pro-bonoPerkins Coie LLP.
En qué consiste el acuerdo
Los demandantes indicaron que el acuerdo requiere que CoreCivic proporcione un documento a cada persona detenida en Stewart que elija participar en el programa, que declare sus derechos como trabajadores, dejando en claro que “no se les puede obligar a trabajar y pueden negarse a trabajar en cualquier momento”.
El acuerdo, además, indica que los inmigrantes detenidos y que acepten participar en el programa voluntario, tienen derecho a recibir:
• Una pronta compensación monetaria por su trabajo;
• Formación relevante sobre el trabajo a realizar;
• Ropa de trabajo y equipo de seguridad necesarios; y
• Respeto del personal de las instalaciones.
El acuerdo señala además que CoreCivic “pondrá el documento a disposición de todos los trabajadores detenidos en los idiomas inglés y español, y proporcionará interpretación adicional según sea necesario”. También proporciona beneficios adicionales y confidenciales a los demandantes individuales.
“Sigan luchando por la justicia”
Las reacciones no se hicieron esperar tras el anuncio del acuerdo.
“La declaración de derechos es un llamado a la acción a quienes están en las cárceles de inmigrantes para que sigan luchando por la justicia, y deja claro que no deben enfrentar los abusos que sufrí en Stewart”, dijo el demandante Wilhen Hill Barrientos.
A su vez, Meredith Stewart, abogada supervisora senior del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC, dijo que “este acuerdo es el resultado de la valentía de los demandantes quienes, después de sobrevivir a condiciones y tratos horrendos en Stewart, estaban decididos a luchar por un cambio para que ninguna otra persona detenida tuviera que sufrir la misma experiencia”.
“El ocultamiento intencional de los derechos en la detención de inmigrantes permite que florezcan el abuso y la explotación”, agregó. “El documento del acuerdo es una declaración de derechos para los trabajadores detenidos en Stewart y una herramienta para que los trabajadores aboguen por la justicia más allá de esta instalación”.
Resumen de la demanda
La demanda detalla que los inmigrantes detenidos y afectados fueron obligados a trabajar por tan solo $1 al día limpiando, cocinando y realizando tareas de mantenimiento en un centro de detención de inmigrantes de gestión privada en el condado de Stewart, Georgia, como parte de un plan para maximizar sus beneficios.
Agrega que CoreCivic sometió a las personas detenidas en el Centro de Detención Stewart (SDC) en Lumpkin a un esquema de trabajos forzados. “Las personas detenidas se ven privadas de acceso suficiente a necesidades básicas, tal como alimentos, ropa, productos de higiene personal y llamadas telefónicas a sus seres queridos, y se les amenaza con confinamiento en régimen de aislamiento y otros castigos por negarse a trabajar. La demanda describe cómo esta situación viola las leyes federales contra la trata y enriquece injustamente a CoreCivic.
El plan de trabajo forzoso de CoreCivic creó un escenario de ganancias lucrativas para la empresa: las personas detenidas se ven obligadas a comprar artículos de primera necesidad en la comisaría de la empresa, y la forma principal de financiar estas compras es participando en el programa de trabajo. Son responsables de tareas como cocinar y limpiar, tareas que de otro modo CoreCivic habría tenido que contratar y pagar a empleados externos para realizarlas.
El demandante Wilhen Hill Barrientos enfrentó una decisión difícil después de llegar al centro en 2015. El solicitante de asilo originario de Guatemala trabajó por casi nada bajo la amenaza de perder el acceso a necesidades básicas, la seguridad y la privacidad en el recinto.
“Negarse a trabajar significaba que no tendría suficiente dinero para pagar la comida o las costosas llamadas telefónicas a su familia; que probablemente lo trasladarían de una celda de prisión para dos personas a un dormitorio abierto con pocos baños, iluminación las 24 horas y peleas frecuentes; o que sería puesto en régimen de aislamiento”, explicó el SPLC.
Otras
demandas
La demanda, conocida como Wilhen Hill Barrientos, et al., contra CoreCivic, Inc., es uno de los tres casos de trabajo forzoso contra la empresa que administra el centro de detención Stewart de Georgia y otras instalaciones similares de ICE alrededor del país.
“Hay más de media docena de casos de trabajo forzoso contra otros operadores de prisiones privadas de ICE, incluidos TheGEO Group, Inc. y LaSalle Corrections”, dijo el SPLC. “Los programas de trabajo aparentemente voluntario en los centros de detención de ICE son un componente clave del modelo de negocios de las empresas penitenciarias privadas, sin los cuales la industria no sería tan rentable”.
“Este acuerdo es solo el primer paso en la larga lucha por la justicia para los sobrevivientes de trabajos forzados y otras violaciones de derechos humanos en esta tristemente célebre prisión de ICE”, dijo Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa de Project South. “No descansaremos hasta que se cierre a Stewart y hasta que ICE y la corporación penitenciaria privada CoreCivic rindan cuentas por más de una década de abuso sistemático contra los migrantes”, indicó.
Alan Howard, socio de la oficina de abogados Perkins Coie LLP, dijo que “fue un privilegio trabajar en este asunto con nuestros colegas de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a garantizar que todas las personas afectadas por el sistema de inmigración de Estados Unidos, y en particular las personas detenidas en centros de detención civiles operados por empresas con fines de lucro, sean tratados con dignidad y respeto”.
