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Días después de ser aprobada por la Asamblea Legislativa estatal, el gobernador Ron DeSantis promulgó con su firma una nueva normativa migratoria (H.R. 1718) que convierte a Florida en el estado con la ley más dura contra la inmigración indocumentada.
La iniciativa, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes, y asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes ilegales a otros estados.
Sin embargo, una de las regulaciones más polémicas de la ley es que hace que el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
“Nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos que se avecinan cuando tienes un presidente que se ha hecho de la vista gorda ante lo que sucede en la frontera”, dijo DeSantis. “No creo que haya visitado la frontera en todo el tiempo que ha estado en el cargo”, dijo DeSantis en Jacksonville esta mañana tras firmar la regulación.
DeSantis califica de inmigrantes ilegales no solo a aquellos que se encuentran sin autorización por parte del gobierno federal para permanecer en Estados Unidos, sino también a aquellos no ciudadanos que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, demostraron miedo o temor creíble si son deportados, fueron procesados, sus casos referidos a la Corte de Inmigración y luego liberados bajo el Programa Alternativa de Detención (ATD).
Abogados consultados por Univision Noticias reiteran que estas personas no se encuentran ilegalmente en el país, sino que fueron liberados bajo supervisión del gobierno federal (fianza o grillete electrónico) en espera de que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos, tal y como lo estipula el debido proceso.
DeSantis firmó esta ley cuando está analizando presentar su postulación a la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones generales de 2024.
- Que los empleadores con más de 25 empleados usen E-verify para determinar la elegibilidad de empleo;
- Convierte en un delito grave el uso de una identificación falsa para obtener la elegibilidad de empleo;
- Permite la revocación de licencia de operaciones o multas considerables si un empleador viola los requisitos de E-Verify cuatro veces en un período de 24 horas;
- Limita el acceso a puestos de trabajo a personas que tienen estatus migratorios no regulados;
- Obliga a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visitan la sala de emergencias, y a informar regularmente sobre el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estado migratorio regulado a la AHCA y la legislatura;
- Hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye acusarlo de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. El resumen del plan “establece sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y violar, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte a este estado de personas que ingresaron a EEUU ilegalmente y sin la inspección del gobierno federal”;
- Castiga la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado;
- Prohíbe la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad y condado;
- Anula las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin un estatus migratorio regulado;
- Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio, y
- Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
Previo a la firma de la ley H.R. 1718, la Asociación americana de abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 17,000 miembros a nivel nacional, condenó la nueva legislación y dijo que su implementación “dañará a las comunidades y empresas en todo el estado y más allá”.
La H.R. 1718 (S.B. 1718 (versión del Senado estatal) “es un gran golpe para el futuro de Florida. La ley ahuyentará a las personas de buscar atención hospitalaria urgente y reducirá la seguridad vial. Y mantendrá a las familias separadas y dificultará que las casas de culto sirvan a los feligreses”, dijo Jeremy McKinney, presidente de AILA.
McKinney agregó que “la lista de disposiciones dañinas en este proyecto de ley sigue y sigue. Como otro huracán, dejará una estela de devastación a su paso que incluye a las empresas, las familias, las comunidades de inmigrantes y sus seres queridos de Florida”.
El presidente de AILA dijo además que “independientemente de lo que crean el gobernador DeSantis o la gran mayoría republicana en la legislatura de Florida, los inmigrantes juegan un papel esencial en la vida cotidiana. Este proyecto de ley sigue un camino que no comenzó en Florida. Texas y Arizona aprobaron leyes similares para convertir a los inmigrantes y sus familias en chivos expiatorios y esas leyes fueron impugnadas en los tribunales y derrotadas, y esperamos el mismo resultado aquí”.
La postura del gobernador DeSantis
En abril, cuando DeSantis promovió el envío de la dura ley migratoria, advirtió que tomaría “medidas” contra lo que define como “crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal como resultado de la administración (del presidente Joe) Biden para asegurar las fronteras”.
Sin embargo, al igual que con otras políticas migratorias similares, el gobernador no explicó que la política fronteriza de Biden se basa en el cumplimiento del debido proceso; es decir, todos aquellos que tienen una causa probable de asilo son procesados de acuerdo con lo permitido por la ley vigente y son los jueces de inmigración quienes deciden el futuro de estas personas en Estados Unidos.
A pesar de que los inmigrantes liberados en la frontera no tienen una admisión por parte de las autoridades federales y tampoco acumulan tiempo ilegal de permanencia, para DeSantis se trata de extranjeros ilegales que deben ser detenidos y expulsados.
Ante esta interpretación de la ley federal, el gobernador pidió a ambas cámaras de la asamblea estatal aumentar las sanciones por tráfico de personas, fortalecer los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigir el uso universal de E-Verify, mejorar las sanciones por falsificación de documentos y prohibir que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas que no se encuentran legalmente en el país, entre otras prohibiciones que ahora convierten al estado con la ley migratoria más dura de Estados Unidos.
