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Univision Noticias

Una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional prioriza la deportación de los inmigrantes con poco tiempo en el país que suponen un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Un inmigrante indocumentado acusado de matar a una joven de 19 años en un accidente de tránsito en Texas en noviembre de 2020 no será deportado, en virtud de una norma nueva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Heriberto Fuerte-Padilla conducía en estado de ebriedad cuando provocó el accidente en el que murió Adrienne Sophia. El acusado intentó huir de la escena pero la policía lo atrapó.

El DHS dijo inicialmente que deportarían a Fuerte-Padilla, pero tras la aprobación de una ley en septiembre, el joven ya no califica para ser deportado.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, resaltó entonces que el hecho de que alguien sea un inmigrante sin documentos no debería ser “el único criterio” para tomar la decisión de detenerlo o deportarlo de Estados Unidos.

La Administración que preside Joe Biden prioriza desde el 29 de noviembre, cuando entraron en efecto las reglas, los arrestos y las deportaciones de inmigrantes que supongan una amenaza para la seguridad nacional y pública, o de aquellas personas que hayan entrado al país recientemente de forma ilegal.

“Nuestros lineamientos requerirán, en la búsqueda de la seguridad pública, que se realice una evaluación del individuo para tomar en cuenta la totalidad de los hechos y circunstancias”, se lee en el texto del memo circulado entre los funcionarios.

Muchas solicitudes de deportación de inmigrantes indocumentados acusados, imputados, declarados culpables de cargos de evasión de la detención y aquellos condenados por conducir en estados de ebriedad, posesión de drogas o agresión doméstica fueron canceladas en virtud de esta norma.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) comunicó al Estado que estas solicitudes de deportación ya no se consideraban prioritarias.

Con las nuevas reglas, ICE está ahora cancelando las órdenes de detención y obligando a los estados a liberar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

 

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