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Un juez federal bloqueó el jueves una ley de California que exige la verificación de antecedentes para las personas que compran municiones, emitiendo una reprimenda severamente redactada de regulaciones «onerosas y enrevesadas» que violan el derecho constitucional a portar armas.

El juez federal de distrito Roger Benítez en San Diego falló a favor de la Asociación de Rifles y Pistolas de California, que le pidió que detuviera los controles y las restricciones relacionadas con las ventas de municiones. “El experimento ha sido probado. Las bajas han sido contadas. La nueva ley de verificación de antecedentes de municiones de California falla y los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos de California han sido gravemente heridos «, escribió Benítez en una opinión de 120 páginas que otorgaba la moción del grupo para una orden judicial preliminar.

Los votantes aprobaron endurecer las ya estrictas leyes de armas de fuego de California en 2016, y las restricciones entraron en vigencia en julio pasado.

Nueva York fue el primer estado en requerir un sistema integral de verificación de antecedentes de municiones para cada venta, pero nunca entró en vigencia. Eso dejó a California como la primera en extender las verificaciones de antecedentes de armas de fuego a cada venta de municiones.

Otros cuatro estados, Connecticut, Illinois, Massachusetts y Nueva Jersey, requieren que los compradores se sometan a verificaciones de antecedentes para obtener armas de fuego o licencias de municiones que deben mostrar al comprar balas, según el Centro de Leyes de Giffords para prevenir la violencia armada.

Hannah Shearer, directora de litigios del centro, calificó el fallo como «un paso peligroso en la dirección equivocada» en un momento en que las tiendas de armas están viendo mayores ventas para aquellos preocupados por el efecto del coronavirus en la sociedad o su seguridad.

«La burocracia de la ley y los errores de la base de datos estatal hicieron imposible que cientos de miles de californianos respetuosos de la ley compraran municiones para deporte o defensa propia», dijo Chuck Michel, el asesor general de la asociación. «El tribunal consideró que las débiles razones ofrecidas por el gobierno para justificar estas infracciones constitucionales eran inadecuadas».

Esperaba que el estado apelara el fallo. Pero mientras tanto «los californianos pueden dormir un poco más esta noche sabiendo que sus derechos constitucionales fueron restaurados y fortalecidos por esta decisión», dijo.

El gobernador Gavin Newsom defendió la ley antes de convertirse en gobernador, y la portavoz Vicky Waters dijo que su administración está decepcionada por la decisión y está considerando sus próximos pasos. «Las fuertes leyes de seguridad de armas de California ayudan a mantener seguras nuestras escuelas y comunidades», dijo.

La oficina del fiscal general del estado solo dijo que está revisando la decisión. No dijo de inmediato si apelará o tratará de suspender la orden, lo que entra en vigencia inmediatamente en el momento en que se ordenó el cierre de algunas tiendas de armas de California debido al coronavirus. Entre los lugares donde las tiendas no se consideraron negocios esenciales están Los Ángeles y San José.

La misma decisión del juez el año pasado que anuló la prohibición estatal de revistas de municiones de alta capacidad provocó un frenesí de compras de una semana antes de que detuviera las ventas mientras el estado apela su fallo. Los propietarios de armas también se apresuraron a acumular municiones antes de que las nuevas restricciones entraran en vigencia el verano pasado.

Benítez calificó la ley de verificación de antecedentes de municiones como «onerosa y enrevesada» y «constitucionalmente defectuosa».

«Los delincuentes, los tiranos y los terroristas no hacen verificaciones de antecedentes», escribió. «El experimento de verificación de antecedentes desafía el sentido común mientras carga de manera indebida y severa los derechos de la Segunda Enmienda de cada ciudadano responsable que posea armas y desee comprar legalmente municiones».

Si bien está destinado a mantener las municiones de los delincuentes, bloqueó las ventas a compradores legítimos y respetuosos de la ley aproximadamente el 16% del tiempo, escribió. Además, dictaminó que la prohibición estatal de importar municiones desde fuera de California viola las leyes federales de comercio interestatal.

El fiscal general Xavier Becerra dijo en una presentación judicial a principios de este mes que las verificaciones de antecedentes impidieron que más de 750 personas compraran balas ilegalmente desde julio de 2019 hasta enero de 2020, sin incluir a aquellos que ni siquiera lo intentaron porque sabían que no eran elegibles.

La ley exige que los compradores que ya están en la base de datos de verificación de antecedentes de armas de fuego del estado paguen una tarifa de $ 1 cada vez que compran municiones, mientras que otros pueden comprar licencias a largo plazo si no tienen ciertas condenas penales o compromisos de salud mental.

Tomó un promedio de menos de 5 minutos completar las verificaciones de antecedentes, de acuerdo con las presentaciones de los tribunales estatales.

«No hay impedimento sustancial», dijo el estado en documentos judiciales. «Los compradores de municiones deben pasar una verificación de elegibilidad que, en la gran mayoría de los casos, retrasa una compra por unos minutos».

Benítez dictaminó que la ley de municiones bloquea ilegalmente a los vendedores fuera del estado del mercado de California, y que está en conflicto con una ley federal que permite a los propietarios de armas llevar sus armas de fuego y municiones a través de California.

A la demanda de la Asociación de Pistolas y Rifles de California se unieron vendedores de municiones de otros estados y residentes de California, incluida Kim Rhode. Ella ha ganado seis medallas olímpicas de tiro.

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