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HIDALGO, Texas. — A las puertas de un puente internacional de Reynosa, México, se ven llantos de derrota. También migrantes al teléfono para avisar a sus familiares que están vivos pero que no lo han logrado. Vuelven a poner cordones a las zapatillas roídas y protegen con cautela sus pocos documentos. Algunos dicen traer pruebas de intentos de asesinato, secuestro y extorsión. Pero se quejan de que en Estados Unidos no dejaron mostrar esas evidencias.
Horas después de cruzar el Río Grande, la Patrulla Fronteriza los envió de vuelta a México. Ahí vuelven a estar, horas después. Bajo el llamado Título 42, Estados Unidos está retornando a México de manera casi inmediata a migrantes adultos y a una buena parte de familias con niños. La Administración de Donald Trump empezó a usar este mecanismo legal durante las primeras semanas de la pandemia en 2020, alegando que el proceso de los migrantes era un peligro para la salud pública.
El nuevo Gobierno de Joe Biden dice que nunca lo aplicará a los menores no acompañados, pero sí sigue ejecutando estas expulsiones rápidas a los adultos solos y una parte considerable de familias con niños. En una llamada con periodistas, un alto cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) dijo que la mayoría de unidades familiares son devueltas, especialmente si no tienen hijos de menos de 7 años. Señalaron que, en un día promedio a finales de marzo, 2 de cada 3 familias eran retornadas.
En cambio, el Sindicato de Patrulla Fronteriza en su línea crítica contra los responsables demócratas, alegó ante los medios que no era así: que la mayoría de familias son liberadas en territorio estadounidense para proseguir sus casos de asilo, y lo consideran un imán para que lleguen más migrantes. Noticias Telemundo habló con una decena de retornados minutos después de ser expulsados de Estados Unidos.
La mayoría se queja de que la Patrulla Fronteriza no les dejó explicar por qué están buscando asilo, ni mostrar las evidencias que dicen tener de intentos de asesinato, secuestro y extorsión. “No me dejaron hablar allí en manos de Inmigración, yo les pedía que me escucharan”, dijo una madre guatemalteca que decía tener un reporte policial que demuestra las amenazas contra ella en su país.
