Fueron 200 sentencias de amparo directo, incidentes de suspensión o recursos de queja, las que se emitieron en Tribunales Federales para el personal médico
Durante la emergencia sanitaria en los tribunales federales se han emitido 777 sentencias de amparo, suspensión, recursos de revisión y queja por temas relacionados con coronavirus. Los recursos legales fueron interpuestos por personal de salud, ciudadanos y empresas. Los recursos legales interpuestos fueron desde peticiones para no atender a pacientes con COVID-19 porque ser parte de la población de alto riesgo al padecer alguna comorbilidad o demandas que garantizaran el ingreso mínimo para sobrevivir, consecuencia de un despido laboral.
Según datos consultados por El Universal, las demandas interpuestas por personal médico concluyeron en aproximadamente 200 sentencias de amparo directo, incidentes de suspensión, así como recursos de quejas. Entre las exigencias de los médicos y enfermeras fue el que se les diera el equipo adecuado para la atención de los pacientes con coronavirus y que las autoridades sanitarias cumplieran con las recomendaciones realizadas por la Organización de la Salud (OMS) y que se les permitiera ausentarse a sus labores por pertenecer a grupos vulnerables.
Las resoluciones fueron emitidas por jueces y tribunales que están en guardia desde el pasado 20 de marzo, fecha en la que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió actividades presenciales como parte de la medidas que se implementaron para mitigar el número de contagios. Por lo que los jueces y tribunales sólo están facultados para atender los asuntos urgentes, lo que implica amparos relacionados con cualquier violación a los derechos humanos consecuencia de la contingencia sanitaria. Las personas que interpusieron recursos legales fue porque organizaciones de la sociedad civil o colectivos de abogados prestan sus servicios de forma gratuita para tramitar las peticiones de protección federal.
Como fue el caso del colectivo Justicia Covid, fue desde el 11 de mayo que en conjunto con despachos jurídicos ofrecieron sus servicios de asesoría jurídica.
La organización ha tramitado más de 50 amparos. Elvira Vázquez, abogada del Despacho de la Peña Rivera en integrante del colectivo, mencionó para El Universal que uno de los problemas fue la falta de insumos en Baja California. En un primer momento, relató que con el amparo podían garantizar este beneficio al personal de salud, pero no sólo a ellos sino también a todo los trabajadores que estaban en la primera línea.
Y ejemplificó que en San Luis Potosí hay colonias en las que no tienen derecho al agua, cuando una de las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias es el lavado continuo de las manos, “entonces ahí se detectó otro derecho vulnerado: el acceso al agua”, mencionó la legista. Los jueces federales han reconocido que autoridades sanitaria incumplieron con medidas como el que personal en condiciones de vulnerabilidad deban de permanecer en resguardo domiciliario.
Uno de los casos que ha llevado el colectivo es el de Cynthia, una médica anestesióloga en el IMSS de Sinaloa, que tramitó un amparo a través del cual reclamó la falta de insumos de protección, porque pone en riesgo a su esposo e hijos, porque ella fue incluida en el rol de equipos COVID-19 para intubar a pacientes. Entonces, el juez Décimo de Distrito en Sinaloa le concedió una suspensión para no ser obligada a atender pacientes con coronavirus hasta que cuente con los insumos de protección requeridos.
