Los intentos de la Administración Trump de impugnar una ley de California que protege a los inmigrantes indocumentados no seguirán adelante después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó esta semana a escuchar el caso. La Ley del Santuario de California, que fue firmada por el gobernador Jerry Brown en 2017, limita la cooperación entre las agencias locales y estatales con los oficiales federales de inmigración. «Cualquiera que cometa un delito local puede ser recogido por la policía local y lo será. Pero no vamos a hacer el trabajo de la policía federal por ellos», dijo Kraig Rice, un abogado de inmigración de Santa María. La ley estatal ha sido un objetivo constante del Presidente Trump, quien calificó la legislación de «escandalosa» y solicitó al tribunal superior que intervenga y revoque un fallo de un tribunal inferior que mantiene la ley. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió el lunes en contra de escuchar el tema. Mike Latner, profesor de ciencias políticas de Cal Poly, dijo que el tribunal superior de tendencia conservadora tiende a no intervenir en los derechos de los estados.
«El presidente no estaba necesariamente buscando una victoria legal aquí, para empezar, este era un caso muy débil», dijo Latner. «Esta es más la plataforma política del presidente, está tratando de usar el miedo a una invasión de inmigrantes como parte de su estrategia política». Un informe de 2017 del Instituto de Impuestos y Política Económica estima que alrededor de 8,600 inmigrantes indocumentados residen en el condado de San Luis Obispo y aproximadamente 39,400 en el condado de Santa Bárbara. Rice, quien ha representado a clientes en el condado de Santa Bárbara, dijo que las protecciones otorgadas a los inmigrantes indocumentados los atraen a comparecer ante el tribunal por infracciones de tránsito, problemas de manutención infantil y otros delitos de bajo nivel. «Queremos promoverlos para que vayan a los tribunales y si tienen miedo de que si se presentan a una audiencia local o estatal que serán detenidos o entregados a ICE, la confianza de las fuerzas del orden locales se erosiona», dijo Rice. . Con el fallo de la corte inferior intacto, los inmigrantes indocumentados acusados de cometer un delito menor en California no pueden ser entregados a ICE. «La distinción entre delitos graves y no graves es importante porque si la policía local se ve obligada a actuar como oficiales de inmigración para delitos de bajo nivel, se utilizarán una enorme cantidad de recursos», dijo Latner.
Se espera que la Suprema Corte de EE. UU publique una decisión sobre un desafío a DACA, Acción Diferida en los Llegados en la Infancia, la próxima semana.
