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AP News

WASHINGTON (AP) – Los arrestos por motivos de inmigración en los juzgados serán más limitados de lo que fueron bajo el presidente Donald Trump en un cambio de política anunciado el martes por la administración Biden. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ya no estarían autorizados a realizar arrestos de rutina en los juzgados, una práctica que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que disuadía a las personas de asistir a audiencias judiciales y cooperar con las fuerzas del orden.

ICE puede realizar arrestos en los juzgados en casos que involucren asuntos de seguridad nacional o si la persona representa una amenaza para la seguridad pública. Los agentes también pueden detener a alguien que sea objeto de una persecución activa o que las autoridades sospechen que puede destruir pruebas en un caso penal, dijo Mayorkas en un comunicado anunciando la nueva política.

El objetivo, dijo Mayorkas, es equilibrar la «administración justa de justicia» con la aplicación de la ley de inmigración. “La expansión de los arrestos por inmigración civil en los juzgados durante la administración anterior tuvo un efecto paralizador en la disposición de las personas a acudir a los tribunales o trabajar en cooperación con las fuerzas del orden”, dijo. Algunos defensores creen que la nueva política no va lo suficientemente lejos. Naureen Shah, asesora principal de defensa y política de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dijo que las excepciones para la seguridad nacional y la seguridad pública son demasiado amplias y que la mera presencia de las autoridades de inmigración cerca de los juzgados puede hacer que las personas tengan miedo de buscar protección legal, ya sea que se realicen arrestos o no.

Shah instó a la administración de Biden a limitar también la presencia de ICE o Aduanas y Protección Fronteriza en escuelas y hospitales, restringir el uso de la fuerza y ​​poner fin a la práctica de trabajar con la policía local para ayudar con las deportaciones. “La administración Biden reconoce claramente el daño causado a las comunidades inmigrantes”, dijo. «Ahora debe cumplir su compromiso y poner fin a estas prácticas nocivas de una vez por todas». La nueva política es parte de un reajuste más amplio de la política de inmigración bajo Biden, cuya administración ha revertido algunas de las medidas más restrictivas de su predecesor. Ha mantenido algunas políticas, incluida una orden de salud pública que autoriza a CBP a expulsar rápidamente a la mayoría de las personas que intentan ingresar ilegalmente a los EE. UU.

Como parte de su estrategia de control fronterizo, la administración también anunció que tomaría medidas enérgicas contra el tráfico de migrantes con sanciones financieras y de viaje específicas y otras medidas contra los traficantes en un plan denominado «Operación Centinela». Bajo Trump, las autoridades de inmigración provocaron críticas entre los defensores y algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con una política, formalizada en 2018, que autorizaba detenciones de rutina en tribunales federales, estatales y locales.

Los funcionarios argumentaron en ese momento que se vieron obligados a realizar arrestos en los juzgados porque algunas jurisdicciones locales, bajo las políticas de “ciudad santuario”, se negaron a cooperar con ICE y entregar a los no ciudadanos de las cárceles y prisiones. Esa política de la era Trump priorizó las amenazas a la seguridad pública, como los miembros de pandillas, pero no prohibió más detenciones de rutina y no prohibió a los agentes detener a familiares, amigos o testigos que podrían enfrentar la deportación.

En febrero, la administración ordenó a ICE de manera más amplia que se concentrara solo en las personas en el país que representan una amenaza, que han cometido delitos específicos, incluidos delitos graves y delitos sexuales, o que tienen condenas recientes por conducir bajo los efectos del alcohol. Las prioridades son similares a lo que se hizo bajo el presidente Barack Obama, pero son más restrictivas que bajo Trump, cuya administración buscó arrestar y expulsar a cualquier persona en el país ilegalmente, independientemente de sus antecedentes penales o lazos comunitarios.

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