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Univision Noticias

La orden fue emitida por un juez del Distrito de Columbia que a mediados de septiembre prohibió al gobierno de Joe Biden la expulsión a México de familias migrantes con niños por razones de salud pública.

Este jueves entra en vigor una orden emitida por un juez del Distrito de Columbia que a mediados de septiembre prohibió al gobierno de Joe Biden la expulsión a México de familias migrantes con niños por razones de salud pública bajo el Título 42 .

El pasado 16 de septiembre el juez Emmet Sullivan, de la corte de distrito del Distrito de Columbia, ordenó al gobierno de Joe Biden frenar la expulsión inmediata de familias con hijos menores de edad bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, activado el año pasado como parte de las medidas de salud pública para detener la pandemia del coronavirus.

En el dictamen, el juez Sullivan dijo que “las vacunas que protegen contra el riesgo de sufrir una versión seria de la enfermedad y hospitalizaciones han sido ampliamente puestas a disposición en Estados Unidos».

Y que en vista de «la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas para minimizar la transmisión, esta corte no está convencida de que la transmisión del covid-19 durante el procesamiento en la frontera no pueda ser mitigada significativamente».

La demanda en contra de la política implementada por el gobierno anterior y mantenida por la actual Administración fue interpuesta en enero contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a nombre de un grupo de familias que pidieron asilo y fueron afectadas por la cuestionada política.

Sullivan le dio al gobierno un plazo de 14 días para apelar la decisión. Ese plazo vence la medianoche de este jueves.

ACLU presiona

En la víspera de la activación de la orden judicial, ACLU dijo en su cuenta de la red social Twitter que “la orden ilegal del Título 42 resulta en muchos de los mismos daños que (ocasiona) el Programa Permanecer en México (MPP) y también debe rescindirse de inmediato”.

“Todas las personas sometidas a estas políticas crueles merecen acceder plenamente a su derecho a buscar asilo en Estados Unidos”, agregó.

La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), que ejecuta las expulsiones bajo el Título 42 en la frontera, no hizo comentarios sobre el tema y refirió la pregunta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un reporte de la cadena NBC el miércoles señaló, citando a funcionarios que, durante una llamada con directores, el secretario Mayorkas preguntó “si estaban listos para el peor de los casos” y que en octubre, tras la entrada en vigor de la orden del juez Sullivan, se estima que habrá unos 350,000 o más migrantes cruzando la frontera, cifra que marcaría un récord de 21 años.

El reporte indica que durante la conferencia los funcionarios del DHS enfatizaron que el estimado “no se basa en inteligencia o cálculos internos”, y que solo fue planteado para alistar al DHS para lo que podría ser una cantidad abrumadora de migrantes que cruzan y que no podrán ser expulsados bajo el Título 42.

Un nuevo MPP

El MPP, otra de las medidas migratorias implementadas por el gobierno anterior (bajo la política de ‘tolerancia cero’), operó durante dos años hasta que fue cancelada por Biden en enero, luego de afectar a más de 65,000 migrantes quienes fueron devueltos a México a esperar que una corte decidiera sus casos de asilo, procesos que en algunos casos demoran dos o tres años.

Sin embargo, a mediados de agosto una corte federal de Amarillo, Texas, ordenó al DHS que lo restituyera. En el fallo, el juez Matthew J. Kacsmaryk dijo que la cancelación del MPP había sido arbitraria y que el gobierno violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

El Departamento de Justicia (DOJ) apeló la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito y la Corte Suprema, pero ambas instancias avalaron la decisión del tribunal inferior que actuó en respuesta a una demanda entablada por Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos.

El miércoles el DHS dijo que “tenía la intención” de emitir en las próximas semanas un nuevo memorando dando por terminado el MPP, reglamento que, advirtió, no entrará en vigor hasta que se levante la orden judicial vigente.

Indicó además que al emitir un nuevo memorando de terminación del MPP, tiene la intención de abordar las preocupaciones planteadas por los tribunales con respecto al memorando anterior. Es decir, publicarlo en el Registro Federal, pedir comentario público y considerarlo en la publicación de la regla final para de esa forma no violar la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

Al cierre de esta nota el DHS no ha respondido una pregunta hecha por Univision Noticias respecto al protocolo que será implementado a partir de esta noche, cuando entre en vigor la orden del juez Sullivan.

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