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WASHINGTON D.C. — Son 28 niños migrantes con sus padres y se enfrentan a la deportación después de rechazar que el Gobierno federal los separara tras cruzar la frontera, según los abogados que los representan. Estas familias perdieron una apelación ante una corte federal en la que reclamaban el derecho a pedir asilo en Estados Unidos, y ahora están a punto de ser expulsados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en verano a los padres ante la opción de permanecer junto a sus hijos en centros de detención, pese al riesgo en aumento de exposición al COVID-19, o aceptar la puesta en libertad de los menores pero sin ellos.
Todos eligieron permanecer detenidos junto a sus hijos, aunque muchos de ellos ya llevaban más de 400 días encerrados. En julio, una jueza federal decretó que los niños tenían que ser liberados, una circunstancia que podía ocasionar potencialmente separaciones. Pero después esa orden se consideró “inaplicable”. La medida temporal que permitió a estas familias evitar la deportación caducó el domingo, según documentos judiciales. Ahora las familias suplican a las cortes, al Congreso y a ICE que no les deporten hasta que sus peticiones de asilo terminen de analizarse.
Debido a que cruzaron la frontera en la época en la que estaba en vigor una medida del presidente, Donald Trump, que impedía a los inmigrantes pedir asilo en Estados Unidos si antes habían pasado por un país diferente del suyo sin solicitar ese estatus allí, las familias involucradas en este caso no tuvieron oportunidad de ilustrar su situación ante un juez de inmigración. La política de Trump fue paralizada posteriormente por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, pero los migrantes que llegaron al país mientras seguía vigente no resultaron amparados en la práctica por esa decisión.
Los senadores demócratas Bob Casey y Corey Booker escribieron el viernes al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, para solicitarle que no se deporten a estas familias, de momento mantenidas bajo custodia en Pennsylvania y Texas. “Con todos los problemas más urgentes que enfrenta ICE y la necesidad de gastar con sabiduría nuestros limitados recursos federales, existen formas de abordar esta situación más humanas y efectivas desde el punto de vista económico”, sostienen los senadores, “le instamos a que dejen a estas familias unirse a sus patrocinadores y que se les permita una audiencia justa para sus casos”.
La carta incluía las historias de algunos de los niños que se enfrentan a la detención. Uno de ellos, un niño de 11 años llamado Juan David, dijo: “Estoy detenido con mi madre. El día 27 de este mes, ya estaremos en 15 meses de detención. Me preguntaron por qué me preocupa volver a mi país. Tengo miedo de que los pandilleros me hagan daño, que nos maten a mí y a mi madre. Por eso le ruego a Dios que enternezca los corazones de los funcionarios de asilo y que me dejen ir a vivir con mis tíos a Nueva York. Quiero tener una vida normal, hacer amigos, ir a la escuela normalmente, estar con mi familia, vivir una vida normal. Siempre me duele la cabeza y tengo ansiedad”. En un comunicado, ICE dijo que no proporcionaría comentario sobre casos no resueltos, pero que “sigue llevando a cabo las operaciones de puesta en libertad, traslado y deportación de las familias ubicadas en el Centro Residencial Familiar de Berk” en Pennsylvania.
