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Univision Noticias

De acuerdo con la demanda, se ha emprendido una expansión de los tribunales entregando escasa información al público, incluyendo en algunos casos la ubicación y normas de procedimiento, lo que deja sin posibilidad a los enjuiciados a luchar por su permanencia legal en Estados Unidos.

Un grupo integrado por abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en contra de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR), pidiendo información sobre la expansión y creación de nuevos centros sin público de “adjudicación de casos” para acelerar las deportaciones.

La demanda contra los juicios de deportación secretos fue presentada el viernes ante la Corte de Distrito del Distrito de Columbia (DC).

Los nuevos centros de adjudicación forman parte de la política de tolerancia cero del gobierno y fueron diseñados “a expensas del debido proceso migratorio”, dijo el grupo integrado por el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Capítulo AILA de Chicago y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC).

Los demandantes señalan que la divulgación de registros permitirá conocer detalles “sobre las oscuras reglas de procedimiento para los centros de adjudicación de inmigración”, un mecanismo ideado por el departamento de justicia para limitar el debido proceso y deportar más rápido a inmigrantes.

“Los centros son una nueva iniciativa creada bajo la administración Trump donde los jueces de inmigración adjudican casos de inmigración de todo el país en entornos remotos que están cerrados al público”, advierten.

Justificaciones en la mira

De acuerdo con la demanda, “los centros de adjudicación de inmigración parecen haberse creado para abordar los retrasos en los tribunales de inmigración, pero los abogados y los inmigrantes que enfrentan la deportación tienen poca instrucción sobre los procedimientos para comparecer ante estos centros”.

El documento agrega que “los abogados y defensores de inmigración han expresado su preocupación después de que informes públicos indicaran la posible expansión de los centros de adjudicación de inmigración en todo el país”.

La demanda cuestiona el hecho de que la Corte de Inmigración no divulgó información en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada en marzo de 2020.

La EOIR y la GSA (Administración de Servicios Generales) “no revelaron información crítica sobre los tribunales de inmigración que existen actualmente, la expansión de los tribunales de inmigración y los contratos que rigen esta expansión”.

Exigen transparencia

“Los abogados y defensores de inmigración tienen interés en presionar por una mayor transparencia en los tribunales de inmigración, ayudar a garantizar los derechos al debido proceso de todos los que comparecen en el tribunal y brindar orientación a los abogados que representan a las personas ante estos tribunales”, dijo Claudia Valenzuela, abogada principal de FOIA del AIC.

Desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017, su gobierno ha transformado el sistema migratorio a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas no solo para poner freno a la inmigración, sino también para dificultar la inmigración legal por medio de profundos cambios en las cortes de inmigración.

La lista de modificaciones incluye cuotas mínimas anuales de casos a los jueces bajo amenaza de despido, reducir la discrecionalidad para cancelar administrativamente casos de deportación y recientemente le concedió al director de la Corte de Inmigración “poderes extraordinarios de adjudicación” sobre apelaciones y lo autoriza a revertir fallos.

Respeto al debido proceso

La serie de cambios ha causado alarma generalizada. “La transparencia es esencial para un día justo en los tribunales”, dice Laura Lynch, asesora principal de políticas de AILA.

“Desafortunadamente, la creación secreta y la expansión de centros de adjudicación de inmigración donde los jueces de inmigración llevan a cabo procedimientos solo a distancia en instalaciones cerradas al público, demuestran cuán opaco se ha vuelto un sistema de tribunales de inmigración ya complejo en manos de esta administración”, agrega.

Lynch dice además que “si bien las regulaciones del Departamento de Justicia requieren que las audiencias de inmigración generalmente estén abiertas, “este gobierno ha impuesto nuevas barreras significativas a la capacidad del público para observar estos procedimientos y ha llevado a que algunas audiencias se lleven a cabo en secreto, lo que cuestiona los elementos fundamentales del debido proceso”.

“Estamos orgullosos de estar junto a nuestros socios en esta demanda”, agregó.

Para Sara Thompson, abogada principal de litigios del NIJC los secretos e inaccesibles centros de adjudicación de inmigración, donde los jueces determinan si los no ciudadanos serán deportados y probablemente sujetos a persecución y tortura o separación familiar permanente, “son un ejemplo perturbador de la manera en que esta administración ha desarrollado y ampliado numerosas políticas y procedimientos destinados a acelerar la deportación de los extranjeros sin el debido proceso”.

“La Corte de Inmigración debe hacer público su plan para futuros centros de adjudicación y los procedimientos bajo los cuales operan estos centros”, indicó.

Cuestionan los cambios

En septiembre un grupo de organizaciones que agrupa a expertos en la ley y el sistema de inmigración concluyó que los cambios sugeridos por el gobierno a la Corte de Inmigración a finales de agosto “socavan el debido proceso” y urgieron al Departamento de Justicia (DOJ) que deje de inmediato “sin efecto” una propuesta de nuevo reglamento.

En un documento de 15 páginas, AILA, la Campaña por Justicia de Inmigración (IJC) y AIC redactaron sus opiniones y las remitieron para ser consideradas como parte del comentario público.

El grupo que representa a expertos, activistas y más de 15,000 abogados de inmigración a nivel nacional, advirtió al gobierno que su misión es “defender enérgicamente los derechos de los inmigrantes detenidos en procedimientos de deportación y abogar por un cambio sistémico” a la Corte de Inmigración, pero no con el objetivo de que prevalezca el interés del Ejecutivo, sino para que se imparta justicia.

Denunciaron además que los cambios propuestos no tienen el propósito de darle a los inmigrantes un juicio justo, sino afectar el debido proceso acortando los tiempos de los juicios para acelerar las deportaciones.

Qué propuso el gobierno

El 26 de agosto el Fiscal General William Barr publicó en el Registro Federal una propuesta de reglamentación titulada “Procedimientos de Apelación y Firmeza en los Procedimientos de Cierre Administrativo de inmigración», orden que había sido dictada inicialmente en mayo de 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

La norma, redactada bajo el argumento de que los jueces han abusado de la autoridad que poseen para utilizar la herramienta del cierre administrativo, no solo recomienda cancelar este recurso sino también cerrar la puerta a la posibilidad de reabrir casos y revisar transcripciones de sus propias decisiones para corregir errores y sentar justicia.

El cierre administrativo es una herramienta que los jueces emplean, bajo su autoridad e independencia del cargo, para administrar sus expedientes y tomar decisiones basadas en la ley y los hechos presentados ante ellos por las partes que participan en el debido proceso migratorio ventilado ante el tribunal que presiden.

Según el gobierno, el cierre administrativo “hace poco para administrar los tribunales de inmigración de manera efectiva y hace mucho para menoscabar la administración eficiente y oportuna de los procedimientos migratorios”.

Sin embargo, el grupo que se opone a la nueva regla cuestiona el argumento y advierte que esta herramienta “ha sido durante mucho tiempo una clave de registro para los jueces de inmigración, permitiéndoles gestionar eficazmente su creciente carga de casos”.

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