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Inicialmente la Fiscalía de Los Ángeles había pedido la condena de muerte contra los acusados, pero tras la llegada del fiscal George Gascón, que está en contra de la pena capital, se rebajó la solicitud de sentencia a cadena perpetua.
Durante el juicio, el abogado defensor de Barron argumentó que Leiva abusaba de ella y que la madre “no podía evitar” que su pareja lastimara a los niños.
La Fiscalía mostró evidencia que también la inculpa a ella, como el audio de su llamada al 911, el video de la cámara en el uniforme de un policía que llegó a su casa y la grabación de la entrevista que le hicieron los detectives.
El condado de Los Ángeles desestimó informes de abuso
El año pasado, el condado de Los Ángeles acordó pagar $32 millones para resolver una demanda presentada por el padre del niño y sus tres hermanos por su muerte.
La demanda alegó que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado desestimó 13 informes de acusaciones de abuso que involucraban a Anthony de parte de familiares, maestros, consejeros e incluso la policía. La agencia nunca trató de sacar al niño de la casa.
A raíz del acuerdo, el departamento dijo que había tomado “medidas significativas para mitigar el riesgo de daño a los niños” y se comprometió a continuar con los cambios necesarios para rectificar sus errores.
La muerte de Anthony despertó gran indignación en Los Ángeles por las similitudes con el caso de Gabriel Fernández, de 8 años, que murió en mayo de 2013 a causa de las torturas que recibió de su madre y el novio de esta.
El Departamento de Servicios para Niños y Familias también vigilaba el caso de Gabriel.
Pearl Fernández, madre de Gabriel, fue condenada a cadena perpetua tras declararse culpable. Isauro Aguirre, novio de la mujer, fue sentenciado a muerte por el asesinato del niño.
