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Milenio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comprobó que igual que en México, en ese país no resulta congruente la compra de siete propiedades en Texas por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su familia, pues habrían utilizado una empresa “como vehículo para triangular” recursos que en parte, provenían de contratos con el gobierno estatal. Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a MILENIO que la información que la FGR anunció que recibió del gobierno de Estados Unidos, alerta que la familia García Cabeza de Vaca habría utilizado la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava S.P.R. de R.L. que recibió contratos del gobierno de Tamaulipas, para triangular recursos, simular movimientos financieros y adquirir siete propiedades en Texas, Estados Unidos.

También encontraron irregularidades y aparentes triangulaciones desde la empresa Productos Chamoyada S.A. de C.V. que se ubica en Tamaulipas y que fundó el propio gobernador panista. Explicaron que el Departamento de Justicia estadunidense tiene en la mira no sólo al gobernador de Tamaulipas, a nombre de quien está registrada una de las residencias de lujo en Texas, sino también a sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, a su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, a su esposa Mariana Gómez y a su suegro José Ramón Gómez Reséndez.

MILENIO confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera compartió con el gobierno estadunidense los detalles de las siete propiedades que adquirió la familia del gobernador de Tamaulipas en Estados Unidos y que este medio dio a conocer que están valuadas entre un millón de dólares y casi 10 millones de pesos.

Con esta información, el Departamento de Justicia detectó que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen por sus siglas en inglés) también alertó de movimientos irregulares en la adquisición de estas propiedades pues no se sustenta el origen de los recursos ni coinciden con las declaraciones fiscales de los compradores. La indagatoria de la FGR que se presentó ante la Cámara de Diputados para buscar el desafuero del gobernador, alertaba que la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava realizó cientos de movimientos financieros para perder el rastro de los recursos que recibía y que finalmente, eran utilizados para la compra de estos bienes inmuebles.

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