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El tribunal para el Distrito Sur de California dijo que carecía de autoridad para emitir una orden para dejar sin efecto cambios recientes a la política de asilo del gobierno de Biden. Te explicamos qué significa esa opinión.
El gobierno de Joe Biden tiene luz verde para seguir devolviendo a inmigrantes que son hallados o detenidos en la frontera, vienen en busca de asilo y no tienen una cita programada previamente con la herramienta digital CBP One.
El tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California dijo el viernes en una audiencia preliminar que carecía de autoridad para emitir una orden judicial a favor de una coalición de demandantes que solicitaba dejar sin efecto cambios recientes a la política de asilo del gobierno. Esos cambios obligan a los inmigrantes que piden el beneficio de asilo en la frontera a tramitar previamente una autorización a través de la aplicación CBP One.
En concreto, la corte dijo a la coalición de demandantes que “carecía de autoridad” para emitir la orden de suspensión solicitada. El tribunal basó su decisión en un fallo emitido en junio por la Corte Suprema que mantuvo vigentes las prioridades de deportación del gobierno, indicando que la ejecución de la ley de inmigración federal está dentro de las facultades del gobierno federal.
La demanda contra la ampliación de CBP One
En la demanda, la coalición pidió al tribunal que el gobierno ponga fin a su práctica de “devolver a los solicitantes de asilo que llegan a los puntos de entrada sin una cita previa de CBP One”.
Según alegó el grupo demandante, integrado por las organizaciones Al Otro Lado, Haitian Bridge Alliance, American Immigration Council (AIC), Center for Constitutional Rights y Center for Gender and Refugee Studies, la política migratoria que regula la herramienta CBP One “ha causado un daño irreparable, tanto al negarles a los demandantes el acceso al proceso de asilo como al obligarlos a esperar ese acceso en condiciones precarias y peligrosas en México”.
El fallo de la corte, de no “carecer de autoridad” para atender la demanda, dio al gobierno de Biden luz verde para seguir devolviendo a aquellos inmigrantes hallados detenidos en la frontera que no tienen una cita programada con la aplicación CBP One o no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos.
La coalición basó la demanda señalando que hasta antes de la entrada en vigor de la aplicación, la ley de asilo permitía que los extranjeros llegaran a la frontera sin una cita previa y solicitaran el beneficio de asilo vigente autorizado por el Congreso. Biden, en uso de su autoridad Ejecutiva y debido a la escasez de recursos para atender la crisis en la frontera, modificó el proceso para controlar la entrada indocumentada de extranjeros al país en un esfuerzo por administrar de mejor manera los recursos de que dispone y que son otorgados por el Congreso.
Reacciones a la decisión de la corte
La decisión del tribunal fue criticada por los demandantes. Recordaron que, en noviembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) emitió una guía que establece claramente que el gobierno “no puede exigir a los solicitantes de asilo que consigan una cita antes de acercarse a un puerto de entrada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos”, dijo el Consejo Americano de Inmigración (AIC).
“Aunque los documentos presentados por el gobierno en este caso confirman que esta guía (que regula el CBP One) se ha difundido a los agentes fronterizos, estos actúan habitualmente en violación directa de las directrices de su propia agencia”, agregó.
“El fallo de hoy permite a la administración continuar con devoluciones ilegales que ponen en peligro a las personas que buscan seguridad. Pero no aborda los méritos de la demanda pendiente que cuestiona la legalidad de las acciones del gobierno”, añadió.
La coalición dijo que el gobierno debería “seguir sus propias políticas y procesar a las personas que buscan asilo en la frontera sur, independientemente de si tienen la suerte de obtener una cita”.
Además del reclamo sobre el incumplimiento por parte del gobierno de Biden de sus propias directrices emitidas en 2021, los demandantes argumentan que la política del gobierno de rechazar a los solicitantes de asilo sin una cita previa del CBP One “viola la ley estadounidense, los derechos al debido proceso de los solicitantes de asilo y las obligaciones de los Estados Unidos bajo el derecho internacional, que prohíbe al gobierno devolver refugiados a países donde enfrentan persecución o tortura”.
