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La iniciativa, conocida como Ley de Financiamiento de Abogados para Procedimientos de Remoción de Indigentes (FAIR), fue presentada el martes por los legisladores A. Donald McEachin (Virginia) y Zoe Lofgren (California).
El proyecto legislativo también garantizaría asesoría legal para las personas que viven en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza ($27,180).
Los autores del proyecto confían en que será debatido y aprobado en las siguientes cuatro semanas antes del cierre legislativo actual y del arranque el nuevo período de sesiones, a principios de enero, donde los republicanos controlarán la Cámara de Representantes.
Acelerará los procesos
Para los autores del proyecto de ley la garantía de asistencia legal a inmigrantes vulnerables no solo aumentará las probabilidades de ganar sus casos en el marco del debido proceso, sino que además acelerará los casos de deportación y descongestionará la Corte de Inmigración, que tiene más de 2 millones de expedientes acumulados.
“Como exabogado, creo que las personas vulnerables deberían tener acceso a un abogado durante sus audiencias”, dijo McEachin en un comunicado. “Es inconcebible que los niños, las víctimas y las personas con discapacidad se queden sin representación legal durante procedimientos tan impactantes. No podemos permitir que esto continúe”.
McEachin dijo además que FAIR garantizará procedimientos justos “para brindarles a las personas vulnerables los recursos legales que necesitan mientras presentan su caso en la corte de inmigración”.
Por su parte, Lofgren, quien preside del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara Baja, dijo que la iniciativa de ley “ahorraría dinero al gobierno y garantizaría que los derechos de los niños al debido proceso estén protegidos”.
De qué se trata
FAIR designaría a un abogado para que represente inmigrantes vulnerables, quienes serían nombrados por el fiscal general y financiados por el gobierno federal.
La ley actual no otorga defensa legal pagada por el Estado a los inmigrantes como sucede con los casos criminales cuando el acusado no tiene recursos para costear un abogado durante el proceso.
El proyecto también señala que “ningún proceso de deportación podrá avanzar sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proporcione (en ausencia de una exención) una copia completa de todos documentos relevantes mantenidos por el gobierno con respecto a las transacciones, incluyendo el proceso de inmigración (comúnmente conocido como el ‘expediente A’) y cualesquiera otros documentos pertinentes que el DHS haya obtenido de otras agencias gubernamentales”.
La iniciativa requiere que el secretario del DHS asegure que los migrantes “tengan acceso a abogado dentro de todas las instalaciones fronterizas y de inmigración”.
En el caso de que un inmigrante no tenga asesoría legal que lo represente durante el proceso de deportación, el juicio no deberá llevarse a cabo, advierte.
No es el primer proyecto
La iniciativa FAIR no es el primer plan en su tipo ventilado en el Congreso. En febrero un grupo integrado por 41 legisladores demócratas urgieron a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California) a “garantizar” fondos al Departamento de Justicia (DOJ) “para la representación legal de las personas que enfrentan procesos de deportación”.
La petición la hicieron por medio de una carta enviada a Pelosi y a los representantes Rosa L. DeLauro, presidenta del Comité de Apropiación de la Cámara Baja, y Matt Cartwright, quien preside el Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Organismos Afines del Comité de Asignaciones. En la misiva el grupo pidió que los fondos se incluyeran en el proyecto de ley de asignaciones del Año Fiscal 2022.
La petición cubría programas dirigidos a familias y otras personas que enfrentan en la corte federal de inmigración procedimientos de deportación y no tienen el consejo de un abogado para defender sus derechos de permanencia.
Al explicar las causas de la urgencia para la aprobación de recursos, los legisladores indicaron que las leyes de inmigración “son complejas y confusas” y que la pérdida de un caso en la corte de inmigración finaliza con una deportación que “cambia la vida de las personas y las familias”.
“A pesar de estos hechos, el gobierno federal no garantiza la asesoría legal para las personas en proceso de deportación”, situación que vuelve “casi imposible para las personas en proceso de deportación, que por lo general no hablan inglés, no comprenden el sistema y/o cómo solicitar asistencia humanitaria y otros servicios legales de alivio dentro del debido proceso”, indicó la misiva.
