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SACRAMENTO – Hoy, el Comité Judicial del Senado de California aprobó la SB 1327, legislación de derecho privado de acción escrita por el Senador Robert Hertzberg (D-Van Nuys) y patrocinada por el Gobernador Gavin Newsom para limitar la propagación de armas de asalto y pistolas fantasma.
Luego de la decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. en diciembre pasado que permite que la prohibición de Texas sobre la mayoría de los servicios de aborto permanezca vigente, el gobernador Newsom ordenó a su administración que trabajara con la Legislatura para proponer una medida, modelada en la estructura de la ley de aborto de Texas, para permitir a los ciudadanos privados celebrar la industria de armas rinda cuentas a través de litigios civiles por la proliferación de armas de fuego ilegales. “El acto inconcebible de violencia con armas de fuego de esta semana es un trágico recordatorio de las vidas que están en juego en esta crisis que pone en peligro a las comunidades de todo el país”, dijo el gobernador Newsom.
“Hoy, la Legislatura dio un paso importante para responsabilizar a la industria de las armas por los tiroteos masivos en nuestras comunidades que involucran armas de fuego ilegales y proteger a los residentes, utilizando el fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. que permitió a los ciudadanos privados en Texas la capacidad de demandar a los proveedores de abortos. Mientras la Corte Suprema haya sentado este precedente, California lo usará para salvar vidas”. La SB 1327 permite a los ciudadanos particulares entablar acciones civiles contra cualquier persona que fabrique, distribuya, transporte, importe al estado o venda armas de asalto, rifles .50 BMG, pistolas fantasma o kits de armas fantasma. “Me enorgullece trabajar con el gobernador Newsom y su administración para que los fabricantes de armas y otros que están inundando nuestras calles con armas peligrosas y letales rindan cuentas”, dijo el senador Hertzberg. “Las campanas de alarma están a todo volumen. No podríamos tener un llamado a la acción más claro para detener la violencia armada que lo que sucedió el domingo a las puertas de la democracia de nuestro estado. La Legislatura actuará”.
El proyecto de ley del Senador Hertzberg es parte de un paquete legislativo más grande apoyado por el Gobernador Newsom para fortalecer las leyes de armas y proteger a los californianos. en febrero, el Gobernador destacó legislación adicional sobre seguridad de armas, incluida la AB 1594 de los asambleístas Philip Ting (D-San Francisco), Mike Gipson (D-Carson) y Christopher Ward (D-San Diego), que permitiría a las personas y al Fiscal General de California demandar a los fabricantes y vendedores de armas de fuego por los daños causados ​​por sus productos. AB 2571 de la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan (D-Orinda) restringiría la comercialización de armas de fuego a menores.
Y AB 1621 del asambleísta Gipson busca restringir aún más la proliferación de armas fantasma. Plan de seguridad pública real propuesto por el gobernador Newsom crearía un nuevo programa estatal de recompra de armas para proporcionar subvenciones equivalentes y oportunidades de eliminación segura para sacar las armas de nuestras calles. El plan también incluye fondos adicionales para el centro de investigación de violencia armada de California en la Universidad de California, Davis. California fue pionera en las protecciones de seguridad de armas en todo el estado, aprobadas por los votantes en la Proposición 63, para prohibir la posesión de cargadores de municiones de gran capacidad y exigir verificaciones de antecedentes para mantener las municiones fuera del alcance de personas peligrosas.
Desde que asumió el cargo, el gobernador Newsom ha firmado múltiples proyectos de ley destinados a reducir la violencia armada, incluido el fortalecimiento de las órdenes de restricción de violencia armada, la regulación de la venta de armas de fuego y municiones y la aceleración de la regulación de las armas fantasma.
El presupuesto estatal de 2021 invirtió $200 millones en el programa CalVIP, que apoya iniciativas diseñadas para romper el ciclo de violencia en comunidades afectadas de manera desproporcionada. El presupuesto también otorgó $11 millones para facilitar los esfuerzos de divulgación, educación y capacitación relacionados con las órdenes de restricción de violencia con armas de fuego y $10,3 millones para que las agencias policiales locales apoyen la incautación de armas de fuego de personas que tienen prohibido poseerlas.
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