Univision Noticias
En febrero Univision Noticias reportó que con la controvertida ley migratoria que permite al estado de Florida el traslado de inmigrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas, el gobernador de Florida Ron DeSantis generó una ola de críticas a nivel nacional.
“Florida está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de frontera abierta de Biden”, dijo en esa ocasión DeSantis en su cuenta de la red social Twitter. “Me complace haber firmado legislación para continuar con el programa de transporte de extranjeros ilegales a jurisdicciones santuario. Agradezco a la legislatura por mantener esta valiosa herramienta”, agregó.
Lo que no dijo ni ha dicho hasta ahora el gobernador de Florida, es que muchos de los indocumentados que traslada no son ilegales, sino extranjeros que fueron detenidos en la frontera por agentes federales, pasaron la primera etapa de miedo creíble, fueron procesados y luego, por no constituir una amenaza a la seguridad nacional y pública, se les permite esperar en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración, donde tienen la oportunidad de pedir asilo.
Oleada de críticas
Tras la promulgación de la ley en febrero las reacciones no se hicieron esperar. “La Ley (SB 6-B) que el gobernador DeSantis firmó es una expansión del ‘programa de reubicación’ original que financió el infame vuelo de aproximadamente 49 solicitantes de asilo de San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, Massachusetts, en septiembre del año pasado”, dijo el Southern Poverty Law Center (SPLC).
El programa de reubicación original fue creado por la Sección 185 de la Ley de Asignaciones Generales de 2022-23, que asignó $12 millones al Departamento de Transporte de Florida para transportar a “extranjeros no autorizados” fuera del estado.
El traslado de los 49 migrantes desde Texas fue hecho en aviones privados que despegaron de Florida. De acuerdo con testimonios de los afectados, fueron trasladados con promesas de permisos de trabajo, pago de alquiler de vivienda y empleos, pero cuando llegaron al destino no había nadie esperándolos y fueron abandonados en la vía pública.
“Tratar a los seres humanos con dignidad y respeto es un valor bipartidista, al igual que evitar la confusión, el caos y el desorden en nuestro sistema de inmigración”, dijo Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice.
“El programa de reubicación del gobernador DeSantis obstaculiza todos los intentos de crear un proceso de inmigración justo, humano y ordenado, al tiempo que utiliza fondos públicos para atacar indiscriminadamente a personas en función de su raza y origen nacional”, agregó.
Situación inédita y peligrosa
El traslado de inmigrantes desde estados fronterizos gobernados por republicanos hacia estados gobernados por demócratas sigue generando una situación inédita para miles de extranjeros en busca de asilo.
“Nos engañaron”, dijo uno de los inmigrantes trasladados en febrero a a Martha’s Vineyard, Massachussets. “Cuando llegamos acá nos encontramos sorprendidos” (porque no había nada de lo que les prometieron, como trabajo y vivienda), explicó.
El traslado de inmigrantes se ha repetido en los últimos meses. “Las personas sacadas del estado donde fueron liberadas no están recibiendo suficiente información sobre sus casos migratorios”, advierte Lilia Velásquez, una abogada de inmigración que ejerce en San Diego, California.
Desde abril el gobernador de 2022 el gobernador de Texas, Greg Abbott, inició el traslado de extranjeros que son liberados por el gobierno federal en la frontera. Llegaron en busca de asilo, pasaron una primera entrevista de “miedo creíble” y fueron referidos a una corte de inmigración para que un juez decida sus futuros en Estados Unidos.
“Es lo que dice la ley”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Son ellos quienes deben determinar si la persona referida al tribunal recibe o no el asilo”.
Gálvez también dijo que “estamos viendo que están recibiendo Notificaciones de Comparecencia (NTA) con dos semanas de plazo para acudir al tribunal, situación que vuelve más riesgoso los traslados”.
“Si la persona está en ruta hacia otro estado, a cientos, miles de millas de distancia, lo más probable es que no vaya a su audiencia y en ese caso el juez emitirá una orden de deportación en ausencia”, indicó.
