Univision Noticias
El plan demócrata, de incluir una parte de la reforma migratoria del presidente Joe Biden en el paquete de reconciliación del presupuesto de gasto social, se encuentra en un limbo dos semanas después del tercer rechazo por parte de la principal asesora del Senado, Elizabeth MacDonough, el pasado 16 de diciembre.
“No sabemos aún cuál es el futuro de la Ley de Gasto Social (Back Better Act) y si hay posibilidades de incluir inmigración”, dijo este martes a Univision Noticias una fuente demócrata que pidió mantener su nombre en reserva porque no está autorizada a comentar con los medios sobre el tema.
La falta de claridad radica en el rechazo al denominado Plan C, que incluye una deportación diferida por 10 años para unos 6.5 millones de indocumentados (dreamers, titulares de TPS, trabajadores esenciales y campesinos), un permiso de trabajo y una autorización de viaje al extranjero, sino en el rechazo del senador Joe Manchin (West Virginia), cuyo voto es clave.
Tanto demócratas como republicanos tienen 50 votos cada uno en el Senado y para aprobar el paquete de reconciliación se necesitan 51. El desempate lo rompe la vicepresidenta Kamala Harris. “Pero si Manchin no vota a favor de la Ley de Gasto Social (BBB) del presidente Biden, no habrá ley y tampoco beneficios migratorios”, advierte otra fuente demócrata.
La principal asesora del Senado sostiene que incluir en el ‘paquete de reconciliación’ una vía para legalizar a por lo menos 7 millones de indocumentados aumentará el déficit en unos $140,000 millones durante 10 años, como resultado de la red de seguridad y programas de beneficios a los que tendrían acceso los inmigrantes regularizados.
La prisa de Biden
Cuando MacDonough rechazó el Plan C, ese mismo día la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa indicando que el presidente había tenido “una conversación productiva con la portavoz (Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes) y el líder de la mayoría (en el Senado, Charles) Schumer”. Y que les había informado “·sobre las discusiones más recientes que mi personal y yo hemos mantenido con el Senador Manchin sobre Build Back Better”.
La nota agrega que “en estas discusiones, el Senador Manchin ha reiterado su apoyo a la financiación de Build Back Better (BBB) al nivel del plan marco que anuncié en septiembre. Creo que salvaremos nuestras diferencias y avanzaremos en el plan Build Back Better, incluso frente a la feroz oposición republicana”.
Tres días después, el 19 de diciembre, Manchin refutó a la Casa Blanca. En un comunicado publicado en su página oficial, dijo que, en los últimos cinco meses y medio había trabajado de la manera más diligente posible reuniéndome con el presidente, el líder Schumer, la presidenta Pelosi “y mis colegas en todos los extremos del espectro político para determinar el mejor camino a seguir a pesar de mis serias reservas” al Plan de Gasto Social.
“He dejado claras mis preocupaciones a través de declaraciones públicas, artículos de opinión y conversaciones privadas. Mis preocupaciones solo han aumentado a medida que avanza la pandemia, aumenta la inflación y aumenta la incertidumbre geopolítica en todo el mundo”, advirtió, puntualizando que esas pláticas debían ser consideradas “privadas” y no debió el mandatario divulgarlas en el comunicado del 16 de diciembre.
Las razones de Manchin
Manchin no está de acuerdo con la aprobación del BBB. “Si no puedo volver a casa y explicarlo, no puedo votar por ello”, dice. “A pesar de mis mejores esfuerzos, no puedo explicar la amplia Ley de Reconstruir Mejor en West Virginia y no puedo votar avanzar en esta gigantesca legislación”, puntualiza.
El senador agrega que “mis colegas demócratas en Washington están decididos a remodelar dramáticamente nuestra sociedad de una manera que deje a nuestro país aún más vulnerable a las amenazas que enfrentamos. No puedo correr ese riesgo con una deuda asombrosa de más de $29 billones e impuestos inflacionarios que son reales y dañinos para cada estadounidense trabajador en los surtidores de gasolina, las tiendas de comestibles y las facturas de servicios públicos sin un final a la vista”.
El Senador por West Virginia tampoco está de acuerdo con el costo del plan de reconstrucción, que algunos datos han sido camuflados y muestra serias preocupaciones por el avance de la pandemia del coronavirus, incluso desde antes de la explosión de casos por la variante ómicron.
A pesar de su postura, Manchin dijo que «seguiré trabajando con mis colegas en ambos lados del pasillo para abordar las necesidades de todos los estadounidenses y hacerlo de una manera que no ponga en riesgo la independencia, la seguridad y el estilo de vida de nuestra nación».
Hasta ahora no se registran cambios ni se conforman conversaciones entre Manchin y la bancada demócrata en las últimas dos semanas.
Durante la campaña, Biden prometió que en sus primeros 100 días en la Casa Blanca enviaría al Congreso un proyecto de ley que incluiría un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace más de dos décadas.
El 18 de marzo, sin embargo, la Cámara de Representantes redujo las expectativas y aprobó, con apoyo bipartidista, dos proyectos de ley que otorgaron una residencia temporal por 10 años a unos 7 millones de indocumentados (dreamers, titulares de TPS y trabajadores del campo).
Una vez cumplidos los 10 años y previa verificación de antecedentes criminales, los beneficiarios calificarían para la residencia legal permanente (LPR o Green card) y tres años después serían elegibles para solicitar la ciudadanía por naturalización.
En el Senado los planes se desvanecieron el miso día tras el rechazo de la bancada republicana. La oposición abrió la puerta para usar el paquete de reconciliación, pero la herramienta necesita dos pasos clave para seguir avanzando: el visto bueno de la parlamentarian (asesora principal del Senado, MacDonough) y el voto de los 50 senadores demócratas.
El no cumplimiento de ambos requisitos ha puesto tiene al plan en un limbo que inquieta a la comunidad inmigrante.
Año de elecciones
Líderes de la comunidad inmigrante están inconformes con lo conseguido por Biden en el Congreso con el tema de inmigración. “Definitivamente hay un descontento, especialmente en la población que confió su voto en favor de una promesa que todavía no se cumple”, dice Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Houston (Texas).
Sin embargo, Aguiluz señala que “hay falta de voluntad. A los políticos les cuesta cumplir lo que prometen cuando alcanzan el poder. Mientras tanto, la comunidad inmigrante sigue trabajando a nivel nacional para encausar el rumbo del debate. Pensamos que el no recibir nada en este momento pone a todos en una situación difícil, sobre todo que este año en noviembre tenemos que ir a las urnas para renovar el Congreso. Es un escenario complejo y delicado”, apuntó.
Explorando avenidas
Para Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes, en Los Ángeles (California), “estamos explorando avenidas de trabajo de acercamiento con algunos republicanos moderados que pudieran neutralizar el efecto negativo provocado por la postura del senador Manchin. Estamos viendo cómo la neutralizamos”.
“Su rechazo al BBB deja fuera el beneficio migratorio. Y aunque por ahora el Plan C no resuelve lo que nosotros queremos, creemos que es algo importante y, por lo tanto, estamos ubicando a republicanos moderados que nos apoyen y de esa manera seguir adelante en el Senado”.
Entre esas posibilidades los activistas incluyen al senador por Utah, Mitt Romney, un excandidato presidencial contrario a la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Donald Trump.
La tarea, sin embargo, no es fácil. “Pero tenemos que intentarlo”, señala el activista”.
Gutiérrez dice además que “hay mucha molestia porque a nosotros no nos parece que, si un presidente tiene el control de ambas cámaras del Congreso y no puede encontrar un camino, no está bien. Y pensamos que tenemos que hacerle entender a los demócratas que no pueden tomar nuestros votos por seguros en noviembre, consumados, sin que primero cumplan el compromiso hecho a nuestra comunidad en el 2020”.
“Debemos manifestar nuestro enojo de Ahora estamos explorando si realmente, esta vez, vamos a ser capaces de castigarlos porque no nos cumplieron”, precisó.
