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AP News

SAN LUIS OBISPO, California (AP) – La cárcel del condado de San Luis Obispo de California violó los derechos constitucionales de las personas encarceladas al no brindar atención médica y de salud mental adecuada y al someter a algunos reclusos a usos excesivos de la fuerza, según una investigación federal.

Un informe publicado el martes por el Departamento de Justicia de EE. UU. Concluyó que «hay razones para creer que las prácticas en la cárcel violan las Enmiendas Octava y 14 de la Constitución, así como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)».

La investigación que comenzó en 2018 encontró que los reclusos con discapacidades de salud mental enfrentaban condiciones de vivienda restrictivas y se les negaba el acceso a servicios, programas y actividades.

El Departamento de Justicia dijo que ha proporcionado a la cárcel sus hallazgos, junto con las medidas correctivas mínimas necesarias para abordarlos.

«Nuestra Constitución garantiza que todas las personas detenidas en cárceles y prisiones en todo nuestro país sean tratadas con humanidad, y eso incluye brindar acceso a la atención médica y de salud mental necesaria», dijo la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo dijo en un comunicado el martes que reconoce los «problemas y preocupaciones planteados» por el Departamento de Justicia, pero que el informe «no toma en cuenta las muchas medidas correctivas tomadas» desde que comenzó la investigación.

Según el comunicado, el condado de San Luis Obispo ha sido reconocido por su trabajo para reducir la cantidad de días que las personas con enfermedades mentales graves están en prisión.

Además, el condado ha creado una unidad de vivienda especial que proporciona «espacio dedicado para tratar y albergar a pacientes con necesidades especiales, incluidos problemas crónicos médicos y de salud mental» y ha ampliado su atención médica, mental y dental para los reclusos, según el comunicado. .

La Oficina del Sheriff dijo que cualquier alegación de uso de fuerza inapropiada que se haya probado ha dado lugar a una acción disciplinaria.

«La Oficina del Sheriff ha trabajado en cooperación con el Departamento de Justicia durante los últimos tres años para investigar las deficiencias y determinar las mejoras apropiadas para garantizar que nuestra instalación carcelaria cumpla plenamente con la ley federal», dijo el alguacil Ian Parkinson en el comunicado. «Estamos satisfechos con nuestro progreso hasta ahora y continuaremos trabajando diligentemente para proporcionar una instalación carcelaria segura».

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