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La nueva política, que entra en vigor el 24 de febrero, afectará la totalidad de beneficios migratorios, advierten abogados. Incluso, el gobierno federal podrá acceder a los reportes de crédito de cualquier persona que solicite una visa o un cambio de estatus.

Los turistas que soliciten una visa para entrar a Estados Unidos o tramiten una extensión del tiempo de estadía deberán demostrar que no se convertirán en una carga pública a partir del 24 de febrero.

Así lo establece el nuevo reglamentopublicado esta semana por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), una dependencia federal que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La norma fue anunciada una semana después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el dictamen de un tribunal inferior que tenía bloqueada la nueva política que iba a entrar en vigor a mediados de octubre.

La nueva regla de carga pública tiene como objetivo suspender y/o limitar la entrada al país de extranjeros que puedan convertirse en una carga para el Estado.

Con la medida, la USCIS podrá negar a solicitantes de residencia legal permanente (green card) y otros beneficios de inmigración si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de alimentos u otras formas de bienestar público durante un lapso de 12 meses en los últimos 36 meses.

Ken Cuccinelli, la máxima autoridad en funciones del DHS y exdirector de la USCIS, ha dicho que “la autosuficiencia e independencia son valores estadounidenses principales que no deben ser descartados durante un litigio, sino que deben ser alentados y adoptados por la próxima generación de inmigrantes”.

“El funcionario agregó que “planificamos implementar esta regla en su totalidad en 49 estados (excepto Illinois) y estamos seguros de que ganaremos el caso en sus méritos” durante la batalla que continúa librándose en tribunales de justicia.

Qué dice la nueva regla

De acuerdo con la guía publicada por la USCIS, la regla final entra en vigor el 24 de febrero y se aplica “a todas las solicitudes y peticiones que lleven impreso el sello de correos”, advierte la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

La entidad, que agrupa a unos 15,000 asociados a nivel nacional, indicó que la USCIS “no considerará la solicitud, certificación o aprobación para recibir ciertos beneficios públicos no monetarios previamente excluidos (como SNAP, la mayoría de las formas de Medicaid y viviendas públicas) antes del 24 de febrero de 2020”.

Del mismo modo, agregó, el gobierno “tampoco considerará como un factor negativo el recibo de beneficios públicos previamente incluidos (como SSI y TANF) antes del 24 de febrero de 2020”.

“La regla de carga pública no hará que nuestro sistema de inmigración funcione mejor. Simplemente apunta a niños que dependen del programa de almuerzo escolar para comer; a personas discapacitadas que buscan atención médica y a familias que luchan financieramente en su camino a alcanzar el sueño americano”, dijo Alexandra Cawthorne Gaines, vicepresidenta del Programa de Pobreza a Prosperidad del Center for American Progress (CAP).