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SANTA BARBARA, California – La Oficina del Defensor Público presentó ayer un recurso de hábeas corpus desafiando la política actual del Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara que prohíbe cualquier audiencia para la liberación de personas detenidas en la cárcel del condado antes del juicio y solo permite que las personas sean liberadas. de custodia si la fiscalía acepta liberar.

La Oficina del Defensor Público alega que la acción del Tribunal priva a los clientes bajo custodia de sus derechos de debido proceso y es una violación de la doctrina de la separación de poderes.
Los abogados de los peticionarios, Sean Rodríguez, Isael Elenes y Christopher Huntfox presentaron mociones de emergencia pidiendo que el tribunal establezca audiencias para considerar su liberación o una reducción de la fianza a la luz de la nueva pandemia de coronavirus. El Tribunal Superior de Santa Bárbara rechazó las solicitudes de los acusados para programar sus casos. El Tribunal ha ordenado que solo considerará la liberación previa al juicio para aquellos acusados cuando exista un acuerdo de estipulación por parte de la fiscalía y la defensa.

Desde el 18 de marzo de 2020, la Oficina del Defensor Público ha intentado presentar docenas de mociones de liberación en nombre de los clientes detenidos y que no pueden pagar la fianza. Todas estas mociones han sido rechazadas por el Tribunal.
“En nuestro sistema de justicia, se supone que el Tribunal Superior es un árbitro imparcial. En este momento, ha entregado toda su discreción para liberar a nuestros clientes al fiscal, una de las partes que está sesgada en contra de nuestros clientes «, dijo la defensora pública Tracy Macuga. «La decisión de la corte le da a la fiscalía las llaves del juzgado y garantiza que cientos de detenidos en prisión preventiva continuarán languideciendo en condiciones insalubres y peligrosas».
El desafío del Defensor Público ante el Tribunal Superior se produce dos días después de que el Consejo Judicial de California votó unánimemente para restringir drásticamente los derechos de juicio rápido para todas las personas en California.

El plazo para una lectura de cargos, o una primera comparecencia ante el tribunal después de un arresto, se extendió de 48 horas a 7 días. El plazo permitido para una audiencia preliminar, o una audiencia de causa probable, en casos de delitos mayores se extendió de 10 días de tribunal a 30 días de tribunal, o 6 semanas completas. Las acciones del Consejo Judicial siguen la orden del 23 de marzo de 2020, ordenada por la Juez Suprema de California, Tani Cantil-Sakauye, que suspendió todos los juicios por jurado por 60 días y agregó 60 días a los plazos correctos de juicio rápido existentes. Para los delitos menores, la fecha límite para un juicio rápido por jurado se extendió de 30 días calendario a 90 días, y para los juicios por delitos graves de 60 días calendario a 120 días.

En un momento en que los expertos en salud pública piden que se reduzca la población carcelaria para prevenir un brote de infecciones por COVID-19, esta acción hará que más detenidos en prisión preventiva que no pueden pagar la fianza permanezcan bajo custodia en la cárcel del condado de Santa Bárbara por más tiempo. períodos de tiempo.
«No estamos hablando de personas que están en la cárcel porque han sido condenadas por delitos graves o violentos. Estamos hablando de personas que están en espera de juicio, que se presumen inocentes, y que solo están en la cárcel porque no pueden permitirse el lujo de pagar la fianza «, dijo Macuga. «Si usted es rico y tiene el dinero para pagar la fianza, entonces esto no es un problema».
El Defensor Público Macuga pidió previamente que la cárcel reduzca su población debido al hecho de que las condiciones de la cárcel no permiten el distanciamiento social o la higiene necesaria para prevenir un brote de COVID-19. Desde entonces, la Oficina del Defensor Público ha trabajado con la Oficina del Sheriff para asegurar la liberación de los reclusos que fueron posteriores a la sentencia o después de la declaración de culpabilidad y tenían próximas fechas de liberación o sentencia.
«Nuestra oficina ha estado tratando de negociar con los fiscales para tratar de liberar a las personas debido al peligro de infección en la cárcel», dijo Macuga. “Sin embargo, cuando esas negociaciones fracasan, no tenemos remedio. Nuestros jueces locales nos han encerrado fuera del tribunal y han sancionado mantener a nuestros clientes encerrados en jaulas indefinidamente, haciéndolos vulnerables a la infección. Es un castigo previo al juicio de naturaleza cruel e inusual que se impone a los ciudadanos más pobres de nuestro condado «.
La Oficina del Defensor Público de Santa Bárbara se estableció en 1969. Nuestra misión es proteger celosamente los derechos, libertades y dignidad de todas las personas en el Condado de Santa Bárbara y mantener la integridad y la justicia del Sistema de Justicia de los Estados Unidos al proporcionar la mejor representación legal en los casos. confiados a nosotros a través de una defensa compasiva e innovadora con cuidado y respeto por nuestros clientes

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