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Ningún presidente ha podido promover leyes o imponer normas para detener masacres como la reciente de Uvalde, Texas, que ocurren con una pasmosa frecuencia. Pero es que los presidentes tienen un poder muy limitado.

Cada vez que un tiroteo masivo sacude los corazones en Estados Unidos ( como el de esta semana en una escuela primaria de Uvalde, Texas) parece difícil no preguntarse por qué ningún presidente ha podido parar estas masacres que ocurren con pasmosa frecuencia. La explicación es que los presidentes tienen un poder limitado en algunas cosas.

Desde 1966, año del primer tiroteo masivo descrito y reconocido, ocurrido en la Universidad de Texas, en Austin, hasta nuestros días, las respuestas presidenciales han oscilado en tres líneas.

  • La primera, hacer alocuciones a la nación, algo que solo se hizo hábito presidencial en los años 90.
  • La segunda, visitar los sitios de los acontecimientos para encontrarse cara a cara con los familiares de las víctimas y hacer de contenedores afectivos de la tragedia, una estrategia que implementó por primera vez el presidente Bill Clinton.
  • Y la tercera, emitir órdenes ejecutivas que, a pesar de su urgencia, no obtienen la mayoría en el Congreso y no logran pasar ni cambiar nada.

Más allá de eso, es poco lo que los mandatarios pueden hacer en la forma de leyes más estrictas para controlar la venta de armas porque eso es potestad del Congreso, donde los republicanos bloquean cualquier iniciativa de ese tipo, con el argumento de que ataca la Segunda Enmienda de la Constitución que consagra el derecho al uso de armas.
Este breve recorrido histórico muestra que detener los dolorosos tiroteos masivos en el país no es cuestión de quién esté en el poder.

El tiroteo en la Universidad de Texas, en el que un hombre aprovisionado con 6 armas y resguardado en un la torre del reloj del recinto estudiantil mató a 17 personas e hirió a 30 más sería recordado como el más mortal casi por 20 años.

Un día después de la tragedia, el secretario de Estado, Bill Moyer leyó un comunicado en nombre del presidente: “Lo que sucedió no deja de tener una lección: debemos presionar con urgencia para que la legislación ahora pendiente en el Congreso ayude a evitar que la persona equivocada obtenga armas de fuego. El proyecto de ley no evitaría todas esas tragedias. Pero ayudaría a reducir la venta sin restricciones de armas de fuego a aquellos en quienes no se puede confiar en su uso y posesión”.

Según el ensayo de National Affairs, ‘Presidents and mass shootings’, el proyecto de ley se aprobaría dos años después, en 1968, tras la muerte de Robert Kennedy y Martin Luther King. La Ley de Control de Armas limitó la compra de armamento por correo y de forma interestatal, pero el presidente señaló y culpó a “un poderoso lobby” como la razón para que la ley no pudiera llegar más lejos.

En San Ysidro California, un hombre entró a un McDonald’s con un arma de fuego y mató a 21 personas. Pese a la magnitud de la tragedia y del referente claro que había dejado el presidente Johnson, Reagan no se dirigió a la nación. Según el diario The New York Times, ni siquiera se encontró un reporte al respecto en los papeles públicos de la administración.

El silencio presidencial ante estos eventos, que eran escasos para entonces, y en general ante las catástrofes era una regla que seguía la Casa Blanca, en buena parte porque se consideraba que eran asuntos locales y, en el espíritu de, respeto del federalismo, debían ser resueltos por los gobernates de las regiones afectadas.

Al igual que Reagan, el presidente George H. W. Bush mantuvo silencio en los cuatro tiroteos que se registraron en su administración. Su única acción relevante fue tomada al inicio de su mandato, en 1989, tras el tiroteo en la escuela primaria de Stockton, en California, que tuvo lugar justo en el último día de gobierno de Reagan y que alentó a Bush a prohibir la importación de rifles de asalto semiautomáticos a Estados Unidos.

Sin embargo, sería el tiroteo ocurrido en 1991, el que tendría un verdadero impacto en las legislaciones y no necesariamente por las acciones del presidente.

Un tirador que estrelló su carro contra el restaurante Luby’s, en Killeen, Texas, luego disparó contra los asistentes, descargando su rabia contra 24 personas, de las cuales 15 eran mujeres, e hiriendo a otras 20 personas. Esta masacre tendría una incidencia histórica en la legislación estadounidense.

Entonces, era ilegal portar armas ocultas o escondidas en Texas. Siguiendo esta ley, Suzanna Gratia que se encontraba en el café con sus padres, dejó su arma en el carro. Cuando el atacante entró a Luby´s, aunque Gratia logró ocultarse y sobrevivir, sus padres murieron baleados. Ella aseguró que podría haber detenido la masacre si hubiera estado armada y se convirtió en una promulgadora y lobista del cambio de esa ley. El entonces gobernador de Texas, hijo del presidente, George W. Bush, firmó en 1995 la aprobación para que los individuos tuvieran el derecho de cargar armas ocultas.

Tras el tiroteo de 1993 en Long Island, en donde murieron 6 personas, el recién posesionado Clinton cambiaría la forma como se reacciona desde la presidencia. Clinton viajó a los lugares y se encontró con las víctimas. Lo hizo con los tres hombres que lograron detener y controlar al tirador de Long Island, y lo hizo luego con los estudiantes y las familias de la masacre de la escuela secundaria de Columbine, en 1999, que dejó 15 muertos. Los medios lo bautizaron ‘Consoler in chief’, algo así como el consolador al mando.

Justo en Colorado, Clinton hizo lo que es reconocido como la primera gran alocución presidencial pública sobre un tiroteo masivo y su discurso encajó en lo que sería un patrón del discurso demócrata: ante los tiroteos pedir mayor control de armas.

Semanas después de la matanza de Columbine, según NBC News, Clinton presentó una legislación que incluía una regulación más estricta sobre la posesión de armas y que responsabilizaría a los padres por los delitos cometidos por los niños o jóvenes con armas. El Congreso rechazó la legislación.

George W. Bush

Ley para mejorar la revisión de antecedentes / 8 tiroteos masivos

Aunque las decisiones que había tomado en torno al porte de armas en 1995 fueron decisivas para su popularidad del Partido Republicano, en la Casa Blanca George W. Bush tuvo que hacer frente a 8 tiroteos masivos.

El primero ocurrió en Minnesota, en la reserva india Red Lake, cuando un estudiante del Red Lake High School asesinó a seis compañeros para luego quitarse la vida. La respuesta presidencial a esta tragedia llegó cinco días después, cuando Bush ofreció condolencias a las familias en un programa radial.

Dos años después, Bush viajó a consolar a las familias de las 32 víctimas mortales que dejó el tiroteo en la Universidad Tecnológica de Virginia, en 2007.

Ese año, se aprobó una ley que intensificaba la investigación de antecedentes para compra armas. Según Los Ángeles Times, esta fue la primera legislación federal importante en años destinada a endurecer las leyes de armas. La ley “buscaba expandir la base de datos federal que se utiliza para evaluar a los compradores de armas para incluir a más de 2 millones de personas, incluidos delincuentes y personas con enfermedades mentales, que no son elegibles para comprar armas de fuego”.

Barack Obama

Aumento sin precedentes de tiroteos / 24 tiroteos masivos

Obama afrontó más tiroteos que las tres presidencias anteriores juntas, incluido el de Sandy Hook, ocurrido el 15 de diciembre de 2012 en Newtown, Connecticut, que dejó muertos a 20 pequeños niños y seis adultos. La respuesta de Obama fue contundente, tanto en su emocionalidad que lo llevó a las lágrimas en su discurso público y en su solicitud tajante del control de armas.

Obama firmó acciones ejecutivas sobre el control de armas en 2013, con la intención de mejorar las leyes de verificación de antecedentes y prohibir las armas de asalto de estilo militar y los cargadores de municiones de alta capacidad.

La Casa Blanca respaldó dos proyectos de ley importantes: uno de la senadora Diane Feinstein, para prohibir las armas de asalto, y un proyecto de ley bipartidista presentado por los senadores Joe Manchin y Pat Toomey que requería que se hicieran verificaciones de antecedentes universales. Ninguno fue aprobado pese al clamor presidencial: “Vamos a tener que unirnos y tomar medidas significativas para evitar más tragedias como esta, independientemente de la política”.

Donald Trump

Armar a los maestros / 4 tiroteos masivos

En el mandato de Trump bajaron considerablemente estos tiroteos, pero su administración enfrentó la que es la mayor masacre a manos de un pistolero solitario en el país. En un concierto de country en Las Vegas, Nevada, un tirador oculto en lo alto de un hotel empezó a disparar indiscriminadamente dejando 58 personas muertas y más de 500 heridos.

Trump se reunió con las víctimas de los tiroteos, incluso en la Casa Blanca, como ocurrió con los familiares de las fallecidos en la escuela Santa Fe de Texas en donde murieron ocho estudiantes y dos maestros, o los de los 17 estudiantes que murieron en Parkland, Florida,

El presidente evitó siempre señalar el fácil acceso a las armas como responsable de las tragedias y ponía énfasis en atender la salud mental, repitiendo el argumento tradicional de los conservadores.

Además, Trump pidió, como suele hacer la Asociación Nacional del Rifle, que los maestros estuvieran armados. “Cuando declaramos nuestras escuelas zonas libres de armas, simplemente pusimos a nuestros estudiantes en mucho más peligro”, aseguró.

Tras Las Vegas, Trump ordenó a su fiscal general que redactara propuestas para prohibir los aceleradores de disparos, dispositivos que aumentan la capacidad de las armas y que contribuyeron a la letalidad de ese tiroteo.

Joe Biden

Desafiar al lobby de las armas / Dos tiroteos en un año y medio

«Como nación nos tenemos que preguntar, en nombre de Dios, cuándo enfrentaremos al lobby de armas. Tenemos que dejarle claro a todos los funcionarios electos de este país: es hora de actuar», dijo Joe Biden en su primera reacción a la matanza de Uvalde.

El presidente ha denunciado el bloqueo a cualquier ley de regulación de armas que ejerce la NRA a través de los congresistas (en su mayoría republicanos) que respalda y ha instado al Congreso a retomar las iniciativas que fracasaron en 2013 sobre revisión de antecedentes y las llamadas “leyes de bandera roja” para incautar armas a personas con historial de problemas mentales o violencia.

Las cosas han cambiado poco. Hace una década, cuando Biden era vicepresidente de Obama, tuvo que consolar a los padres de los niños asesinados en la escuela Sandy Hook.

Hoy, de nuevo Biden tie ne que mandar oraciones por las víctimas y sus familias y, por ahora, no mucho más. Es la confirmación de que, hasta la fecha ningún presidente ha podido implementar soluciones políticas reales frente a un fenómeno que sigue desangrando al país.

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