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El colapso de las negociaciones entre el gobierno y una coalición que intenta mantener vivo y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de inmigrantes centroamericanos, deja una serie de interrogantes sobre el futuro de estas personas que durante años han dependido del programa para permanecer en suelo estadounidense.
¿Qué pasará después del 31 de diciembre de 2022 cuando finalicen los TPS de El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Deportará el gobierno de Biden a los más de 260,000 extranjeros protegidos por el programa, que además les otorga una autorización temporal de empleo que se renueva cada 18 meses? ¿Deben comenzar a preparar las maletas? ¿O el gobierno anunciará una nueva prórroga poco antes de fin de año?
