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El presidente pidió al máximo tribunal frenar la orden de la jueza del distrito de Maryland para regresar a Ábrego García a EEUU. El plazo que ella dio vence este lunes antes de la medianoche.
El presidente Donald Trump pidió este lunes a la Corte Suprema frenar la orden de la jueza de distrito, Paula Xinis, para que regresara a Estados Unidos al salvadoreño Kilmar Ábrego García a más tardar este lunes por la noche.
En su última orden este domingo, Xinis reiteró su demanda y aseguró que EEUU puede traerlo de vuelta al país después de que admitió haberlo deportado tras un «error administrativo». «Sus acciones fueron ilegales», señaló.
En su defensa, el Departamento de Justicia argumenta que no puede regresarlo al país porque ya no está en custodia de EEUU. Además, reclama que la jueza Xinis no tiene la autoridad para hacer esta exigencia.
«No se trata de la incapacidad de los acusados (el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional, DHS) para devolver a Ábrego García, sino de su falta de ganas», reclamó la jueza del distrito de Maryland en su orden del domingo. En ella explicó que el gobierno ni siquiera pudo demostrar que existía una orden de deportación en contra del salvadoreño y recordó uno de los reclamos de Kilmar Ábrego García ante la corte: que la expulsión ocurrió sin ningún proceso lo cual es «una clara violación constitucional».
En su orden, Xinis argumentó —sobre la base de la jurisprudencia— que el gobierno «puede regresar, y de hecho lo hace, a los inmigrantes expulsados injustamente en asuntos de rutina». Explicó que EEUU de forma «unilateral» trasladó a cientos de detenidos al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), en El Salvador, pero que eso no implica que le cedió a ese país el control sobre el destino de estas personas.
Para la magistrada, estas razones valen también para regresar al país a los venezolanos con casos migratorios pendientes. «Los demandados no pretenden sugerir que han eliminado por completo las protecciones sustantivas y procesales de la ley al dejar a esas personas en Cecot sin recursos posibles», se lee en la orden.
Explica que EEUU sólo subcontrató parte del sistema penitenciario de El Salvador, por lo que el gobierno «puede y tiene el poder de garantizar y transportar a sus detenidos, incluido Ábrego García».
En definitiva, la jueza sostuvo que «una reparación es posible» para el error que cometió EEUU al deportar a El Salvador a Ábrego García, un inmigrante que contaba con un estatus que lo había protegido de la expulsión a su propio país desde 2019. Ella, igual que el abogado del gobierno, Erez Reuveni, coincidieron en este punto en las audiencias sobre este caso. Xinis dejó por sentado en el documento de este domingo una de las conversaciones que tuvieron sobre el tema:
—¿Por qué EEUU no puede regresar al señor Ábrego García? —le preguntó la jueza Xinis a Reuveni.
—Su señoría —respondió él— le diré, para que quede sentado en la corte, que cuando este caso llegó a mi escritorio, la primera cosa que hice fue preguntarle eso mismo a mis clientes. Hasta la fecha, no he recibido una respuesta que me resulte satisfactoria.
Esos comentarios le costaron a Reuveni su baja administrativa.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una entrevista en Fox News Sunday, comparó la respuesta de Reuveni con «un abogado defensor que entra y admite algo en un asunto penal».
¿Quién es Kilmar Ábrego García?
En la orden de Xinis, se cuenta la historia de este salvadoreño.
Nació y fue criado en Los Nogales, un pueblo en la capital de El Salvador. Allí, su familia tenía un pequeño negocio de pupusas. Por años, habían sido extorsionados por la pandilla Barrio 18, cuyos miembros les habían hecho amenazas de muerte y le habían pedido a la madre de Kilmar que lo entregara para ser miembro de la pandilla o los matarían a todos.
En un inento por escapar de estas amenazas, la familia se mudó tres veces. Pero siempre los encontraban. Así que para proteger al hijo, los padres decidieron enviarlo a EEUU para que viviera con su hermano mayor en Maryland.
Había vivido varios años en el estado sin estatus legal. Pero a inicios de 2019, mientras esperaba en la puerta de un Home Depot a que alguien lo contratara, fue arrestado por la policía del condado, que cuestionó su pertenencia a las pandillas. Aunque no pudieron establecer una filiación con bandas criminales, lo entregaron en custodia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El 29 de marzo de ese año, DHS inició el proceso para deportarlo. Y el 24 de abril se presentó ante un juez de inmigración. Allí admitió su deportabilidad y solicitó asilo, la suspensión de su expulsión y protección bajo la Convención para la Tortura.
