WASHINGTON, D.C. – La representante estadounidense Salud Carbajal (D-CA-24) se unió a los representantes Juan Vargas (D-CA-52), Darren Soto (D-FL-09) y más de 64 colegas para exigir respuestas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Administración Trump sobre el uso del perfil racial en la aplicación de la ley migratoria.
Bajo la Cuarta Enmienda, los agentes federales generalmente no pueden detener a alguien a menos que tengan buenas razones para sospechar que está infringiendo la ley. Sin embargo, un número creciente de personas, muchas de ellas latinas, han denunciado haber sido atacadas, acosadas y detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) únicamente por su raza.
En julio, un juez federal emitió una orden que impidió que el ICE atacara a personas por motivos de raza, idioma y trabajo. Sin embargo, esta semana la Corte Suprema levantó temporalmente la orden mientras el caso continúa. Como resultado, los agentes de ICE pueden reanudar las detenciones indiscriminadas por el momento, lo que subraya la necesidad de respuestas inmediatas y rendición de cuentas por parte del DHS sobre el uso de perfiles raciales en la aplicación de la ley migratoria.
“Nos han preocupado las recientes declaraciones y acciones del DHS que parecen indicar que el Departamento está utilizando ilegalmente la raza como base para llevar a cabo operaciones de control migratorio”, escribieron los legisladores. “Una estrategia de control migratorio que discrimina a personas respetuosas de la ley únicamente por su raza contradice el compromiso de nuestra Constitución con la igualdad y la protección contra registros irrazonables”.
A principios de este año, el responsable de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró en una entrevista que los agentes de ICE “no necesitan causa probable” para detener a personas y, en cambio, pueden basarse en “observaciones… basadas en su ubicación, su ocupación, su apariencia física y sus acciones”.
“Este tipo de detenciones indiscriminadas basadas en la raza causan un daño real”, continuaron los legisladores. En junio, el DHS realizó una redada en una granja del condado de Ventura, California, donde agentes militarizados detuvieron violentamente a cientos de personas, presuntamente entre ellas ciudadanos estadounidenses y personas con visas de trabajo. Como resultado de la redada, Jaime Alanis, trabajador agrícola de la granja, se cayó de un invernadero y falleció posteriormente debido a las heridas. En Los Ángeles, el ICE secuestró en la calle a Andrea Vélez, ciudadana estadounidense, y la detuvo durante dos días, sin darle de beber durante 24 horas. Un ciudadano estadounidense en Pico Rivera fue agredido y detenido por agentes en el estacionamiento de un Walmart.
Los datos del ICE muestran que, entre el 20 de enero y el 28 de julio de 2025, el ICE realizó más de 16,000 arrestos callejeros de inmigrantes sin condenas, cargos ni órdenes de deportación penales. Más de la mitad de estos arrestos se realizaron solo entre junio y julio, y el 90% de los arrestos fueron de latinos. Esto significa que casi uno de cada cinco arrestos realizados por ICE corresponde a un latino sin antecedentes penales.
Lea la carta completa AQUÍ y a continuación:
Secretaria Noem:
Le escribimos en respuesta a incidentes recientes que han suscitado dudas sobre el uso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hace de la raza en la aplicación de la ley migratoria. Declaraciones y acciones recientes de funcionarios del Departamento han puesto en duda si las decisiones de detención y arresto se basan no en razones legítimas de las fuerzas del orden, sino en prejuicios raciales inconstitucionales.
La Decimocuarta Enmienda garantiza la igualdad de protección ante la ley. Esta garantía generalmente impide que el gobierno trate a las personas de manera diferente en función de su raza sin una razón convincente y estrictamente específica. La Cuarta Enmienda también impide que el gobierno realice registros e incautaciones irrazonables, incluyendo registros sin orden judicial o causa probable. Es bien sabido que estas limitaciones se extienden a la conducta de los agentes de inmigración. Fuera de la frontera, los agentes de inmigración solo pueden realizar una detención cuando han identificado “hechos específicos articulables, junto con inferencias racionales de dichos hechos, que justifiquen razonablemente la sospecha” de que la persona está violando la ley de inmigración.
Dadas estas limitaciones bien establecidas, nos han preocupado las recientes declaraciones y acciones del DHS que parecen indicar que el Departamento está utilizando ilegalmente la raza como base para realizar operaciones de control migratorio.
En julio, el zar fronterizo Tom Homan declaró en una entrevista que “la gente debe entender que los oficiales de ICE y la Patrulla Fronteriza no necesitan causa probable para acercarse a alguien, detenerlo brevemente e interrogarlo… basándose en su apariencia física”. Como saben, para realizar un arresto sin orden judicial, un agente de inmigración debe establecer causa probable de que la persona en cuestión no solo está violando una ley o regulación migratoria, sino que también representa un riesgo de fuga. Incluso para una detención breve, los agentes de inmigración necesitan una sospecha razonable. La declaración del Sr. Homan parece indicar que la política de esta administración es que los agentes de inmigración puedan cumplir con esos requisitos basándose únicamente en las características físicas de una persona y lo que estas puedan significar sobre su identidad racial. Los datos de ICE muestran que, entre el 20 de enero y el 28 de julio de 2025, ICE realizó más de 16,000 arrestos callejeros de inmigrantes sin condenas penales, cargos ni órdenes de deportación. Más de la mitad de estos arrestos se realizaron solo entre junio y julio, y los latinos representaron el 90% de los arrestos. Esto significa que casi uno de cada cinco arrestos realizados por ICE corresponde a un latino sin antecedentes penales.
Preocupaciones similares llevaron al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California a ordenar a la Administración Trump que suspendiera su práctica de perfilación racial en la aplicación de las leyes de inmigración. Este verano, el juez Frimpong determinó que la Administración ha incurrido en un patrón de detenciones y arrestos basados en cuatro factores inaceptables, incluyendo la «raza o identidad aparente» de una persona. El juez llegó a esta conclusión después de que la Administración no pudiera proporcionar detalles que respaldaran su afirmación de que las detenciones y arrestos —incluyendo el arresto de ciudadanos estadounidenses— se basaban en «inteligencia» real o una «investigación» que indicara que estaban infringiendo la ley. Sin información adicional, el juez Frimpong explicó que era inapropiado basar los arrestos en estos factores, incluyendo la identidad racial, porque «no eran más indicativos de presencia ilegal en el país que de presencia legal». El 8 de septiembre de 2025, la Corte Suprema levantó temporalmente esta orden mientras el caso se encuentra en apelación, lo que permite a los agentes de inmigración continuar realizando detenciones indiscriminadas basadas en factores raciales por el momento. En una opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor argumentó que, mediante el uso de detenciones indiscriminadas, «el Gobierno… prácticamente ha declarado que todos los latinos, ciudadanos estadounidenses o no, que trabajan en empleos de bajos salarios son blanco fácil de ser detenidos en cualquier momento».
Este tipo de detenciones indiscriminadas basadas en la raza causan un daño real. En junio, el DHS realizó una redada en una granja del condado de Ventura, California, donde agentes militarizados detuvieron violentamente a cientos de personas, presuntamente entre ellas ciudadanos estadounidenses y personas con visas de trabajo. Como resultado de la redada, Jaime Alanis, trabajador agrícola de la granja, se cayó de un invernadero y posteriormente falleció debido a sus heridas. En Los Ángeles, el ICE secuestró en la calle a Andrea Vélez, ciudadana estadounidense, y la detuvo durante dos días, sin darle de beber durante 24 horas. Un ciudadano estadounidense en Pico Rivera fue agredido y detenido por agentes en el estacionamiento de un Walmart.
Dos ciudadanos estadounidenses en Montebello fueron interrogados a la fuerza por agentes de la Patrulla Fronteriza en la calle sobre su ciudadanía; uno de ellos fue posteriormente llevado a un centro de detención. Juan Carlos López-Gómez, ciudadano estadounidense, fue detenido por las autoridades de Florida y acusado de ingresar al país como «extranjero no autorizado», permaneciendo detenido en la cárcel del condado durante más de 24 horas. En Arizona, José Hermosillo, ciudadano estadounidense de 19 años, fue detenido injustamente durante 10 días.
Este patrón de aparente discriminación es aún más preocupante dado que el Departamento desmanteló la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), que normalmente investigaba las denuncias sobre violaciones de derechos civiles. Según denunciantes, cuando el Departamento decidió inicialmente cerrar la oficina, detuvo más de 500 investigaciones de derechos civiles. Sin una CRCL sólida, será difícil para quienes han sido violados por el ICE obtener ayuda por cualquier vía que no sea el sistema judicial.
Una estrategia de control migratorio que discrimina a personas respetuosas de la ley únicamente por su raza contradice el compromiso de nuestra constitución con la igualdad y la protección contra registros irrazonables. Por consiguiente, solicitamos la siguiente información antes del 30 de septiembre de 2025:
- ¿Tiene el Departamento una política sobre cómo los oficiales de inmigración pueden usar la raza para determinar cuándo detener o arrestar a alguien? De ser así, ¿cuál es dicha política?
- ¿Está de acuerdo el Departamento con la declaración del Zar Fronterizo Homan de que «los oficiales del ICE y la Patrulla Fronteriza no necesitan causa probable para acercarse a alguien, detenerlo brevemente e interrogarlo… basándose en su apariencia física»?
- El Sr. Sean Skedzielewski, abogado del gobierno, ha afirmado que el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con políticas y capacitación para garantizar el cumplimiento de la Cuarta Enmienda. Por favor, proporcione copias de todos los materiales de capacitación relacionados y de cualquier material que aborde la discriminación racial, el perfilamiento o los prejuicios.
- ¿Qué medidas ha tomado el Departamento para garantizar que los agentes respeten las protecciones contra el perfilamiento racial que ofrece la Constitución de los Estados Unidos, incluida la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda?
- Desde el 20 de enero de 2025, ¿cuántas quejas se han presentado ante el Departamento alegando que un arresto o detención se basó en la raza?
- Durante ese mismo período, ¿qué medidas ha tomado el Departamento para responder a las quejas de que una acción de control migratorio estuvo motivada ilegalmente por la raza?
- ¿Cómo ha afectado la desmantelación de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles por parte del Departamento a su capacidad para responder a dichas quejas?
- ¿Cuál es la política del Departamento respecto a cómo responde a una acusación de que una detención o arresto se realizó ilegalmente por motivos raciales?
- Cuando la agencia determina que una detención o arresto tuvo una motivación indebida por motivos raciales, ¿qué medidas toma el Departamento en respuesta? ¿Cómo garantiza el Departamento la rendición de cuentas?
