En 2021, el crédito fiscal por niño ampliado redujo las tasas de pobreza infantil casi a la mitad y costó unos 105,100 millones de dólares. El programa caducó en 2022, reduciendo la cantidad que las familias podían reclamar por hijo a los niveles establecidos por los recortes de impuestos del expresidente Donald Trump en 2017 y limitando el crédito que podían recibir las familias de menores ingresos. La idea ahora es reactivar este crédito debido a los inesperados resultados relacionados con el descenso de la pobreza infantil en EEUU.
El compromiso anunciado este martes aumentaría gradualmente el límite de cuánto podrían recibir las familias con ingresos más bajos para igualar la cantidad para las familias con ingresos más altos. También haría el crédito más accesible para las familias con varios hijos, permitiría a los padres utilizar sus ganancias del año anterior para reclamar un crédito mayor y se ajustaría automáticamente a la inflación a partir del año fiscal en curso.
Smith, por su parte, defendió lo que dijo que serían «más de 600,000 millones de dólares en políticas fiscales probadas a favor del crecimiento y de Estados Unidos, con disposiciones clave que apoyan más de 21 millones de puestos de trabajo».
La nueva ley para ampliar la desgravación fiscal por hijos podría ser percibida como una victoria política para el presidente Biden y los demócratas, pero al mismo tiempo los republicanos podrían promover las desgravaciones fiscales a las empresas y anotarse un punto a su favor.
De dónde sale el dinero para financiar el proyecto
Los congresistas explicaron que el paquete se financiaría mediante la reducción de la desgravación fiscal por retención de empleados, un programa de la época de la pandemia para animar a los empresarios a mantener a los trabajadores en nómina.
El raro acuerdo bipartidista se produce en un momento en que el Congreso trata de evitar un cierre parcial del Gobierno y mantener en funcionamiento las agencias federales hasta marzo mediante la aprobación de un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar temporalmente el gobierno federal, con algunos gastos que expiran esta semana.
Pero cualquier paquete de medidas debe ser aprobado por el Senado, controlado por los demócratas, y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, antes de que el presidente Joe Biden pueda firmarlo y convertirlo en ley, justo en el momeno complicado de negociaciones por el financiamiento del gobierno y al comienzo de un año electoral.
A pesar de los previsibles obstáculos en el trámite y aprobación del plan, Wyden y Smith se mostraron optimistas subrayando lo improbable que parecía que se lograra un paquete fiscal bipartidista.
