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El gobierno de Biden se negó a apelar una decisión emitida la semana pasada por un juez federal de distrito de Florida, que bloquea el programa denominado ‘catch and release’ (capturar y liberar), que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejar libres a ciertos extranjeros que llegan en busca de asilo cuando no constituyen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
También conocido como Parole+ATD, el programa es una de las piezas clave de la política migratoria del gobierno, implementada para un mejor uso de los escasos recursos de que dispone para manejar una crisis que, hasta diciembre del año pasado, tenía en jaque a la Casa Blanca debido al alto número de detenciones.
La semana pasada y tras una demanda entablada por el estado de Florida, gobernado por el republicano Ron Desantis, el juez federal de distrito Kent Wetherell II, designado por el expresidente Donald Trump, emitió una opinión de 109 páginas en la que culpo a Biden por la crisis fronteriza del país. Además, otorgó al gobierno una semana para apelar, fecha que finalizó el miércoles.
La decisión de no apelar la opinión del juez Wetherell II se produce un día después de que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza, revelara que en febrero se registró una nueva baja de hallazgos o detenciones en la frontera con México, dato que le permite al gobierno tener un mejor control del cruce fronterizo desde México a pesar de las protestas de legisladores de su propio partido, así como de organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes.
Tras la negativa de apelar, el DHS ahora tendrá que entregar a los inmigrantes que son referidos a la Corte de Inmigración Notificaciones de Comparecencia (NTA) completas en lugar de recurrir a otras alternativas a la detención (ATD), dijo el diario The Miami Herald.
Una NTA completa “debe llevar fecha y hora, que no tenga ningún defecto (de programación con el tribunal respecto al día y hora del juicio) y que obviamente cuando se someta garantice que no haya ningún tipo de problemas”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, sur de Florida.
En el proceso, el estado de Florida (demandante) argumentó que, bajo el gobierno de Biden, el DHS cambió sus políticas y “aprovechó” el programa de libertad condicional (ATD) para liberar a miles de migrantes a la comunidad sin iniciar procedimientos de deportación.
“El jefe de la Patrulla Fronteriza Raúl Ortiz testificó que, bajo la administración [Trump] anterior, el DHS solo permitía la liberación de los solicitantes de admisión en la frontera suroeste bajo ‘circunstancias muy exigentes’”, argumentaron los abogados del estado.
Bajo la administración de Biden, testificó Ortiz, muchos migrantes son puestos en libertad antes de que se pueda determinar si existe un temor creíble de persecución, que es un procedimiento de selección para determinar si un individuo entraría en la categoría de solicitante de asilo.
Medios locales señalaron que, tras la decisión de Wetherell II, defensores de los derechos de los inmigrantes habían solicitado a la Administración que apelara el fallo, indicando que la cancelación del ‘catch and release’ amenazaba con generar hacinamiento en los cruces fronterizos y abrumar a la patrulla fronteriza.
En febrero, durante la presentación del Informe sobre el Estado de la Unión, Biden reconoció la existencia de “problemas fronterizos”, los que “no se solucionarán hasta que el Congreso actúe”. Y agregó que “si no aprueba mi reforma migratoria integral, al menos apruebe mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera”.
La postura de Florida, sin embargo, es totalmente contraria a la de Biden. Tras la decisión de Wetherell II, la fiscal general del estado, Ashley Moody, dijo que la opinión de la corte hace responsable al gobierno “de la crisis fronteriza” y afirma que el mandatario “ha convertido la frontera suroeste de Estados Unidos en poco más que una zanja».
Moody indicó además que la política del ‘catch and release’ “es ilegal”. Pero lo que no dijo la fiscal general fue que la política de liberar a inmigrantes que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos fue autorizada por el Congreso, y que el programa ATD, también respaldado por el legislativo, permite al gobierno utilizar los recursos limitados de manera eficiente y permite, bajo supervisión del DHS, que los inmigrantes sujetos al programa esperen en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración, que a la fecha acumulan más de 2 millones de expedientes.
Durante el proceso, los abogados de la administración Biden cuestionaron que el DHS tuviera políticas vigentes que «dirigieran, alentaran o incluso insinuaran la liberación» de inmigrantes en la comunidad. En cambio, argumentaron que los oficiales de inmigración están usando su discreción caso por caso.
El tema es “simplemente un desacuerdo sobre la política”, argumentó la abogada del Departamento de Justicia, Erin T. Ryan, durante el juicio. Su resolución, agregó, debería estar en la “urna de votación, no en la sala del tribunal”.
Las detenciones de extranjeros sin autorización para ingresar a Estados Unidos entre puertos de entrada totalizaron 128,877 en febrero, cifra similar a la contabilizada en enero cuando se produjeron 128,913 arrestos.
“Esto marca el segundo mes consecutivo como el mes más bajo de encuentros de la Patrulla Fronteriza desde febrero de 2021”, puntualizó la agencia.
Las detenciones bajaron notablemente después del 5 de enero, cuando Biden anunció una nueva política de asilo en la frontera para ciudadanos originarios de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes solo pueden entrar a Estados Unidos previa autorización de un patrocinador por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Venezuela participa en el programa desde mediados de octubre del año pasado. Los beneficiarios del programa, 30,000 por mes, solo pueden ingresar a Estados Unidos por vía aérea con un pasaporte válido. Una vez lleguen al puerto de entrada, reciben una visa temporal (advance parole) válida por dos años y una autorización de empleo.
Si al término de ese plazo no legalizan sus permanencias por cualquier otra vía legal autorizada, deben marcharse del país. Quienes no tengan patrocinador deben pedir una cita a través de la aplicación CBP One y calificar para un beneficio o programa legal disponible, entre ellos el asilo.
Los nuevos registros, sumado a la utilización de herramientas de deportación expedita como el Título 42 (por la pandemia del COVID-19) y el Titulo 8 de la Ley de Inmigración (por razones de inadmisibilidad), suponen que el gobierno a partir de ahora tiene mayores recursos y menos presión en la frontera para manejar una crisis cuyo origen data de 2013.
