Univision Noticias
La SB 1718, que entró en vigor el 1 de julio y es respaldada por el gobernador Ron DeSantis, convirtió al sureño estado en el más antiinmigrante de Estados Unidos y provocó la salida masiva a otros estados de trabajadores indocumentados, sobre todo campesinos y del sector de servicios.
Una coalición de organizaciones de derechos civiles y legales demandó este lunes la ley migratoria de Florida SB 1718, que entre otras medidas castiga con penas de cárcel de hasta 30 años el traslado de inmigrantes indocumentados desde otros estados y exige a los hospitales registrar el estatus migratorio de los pacientes, incluso aquellos que acuden a salas de emergencia.
Todo sobre la Ley SB 1718 de Florida
“La demanda se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionados’ por el gobierno federal desde entonces”, señala la demanda entablada por el Southern Poverty Law Center, el American Civil Liberties Union, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.
La demanda, además, establece que es “inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.
La SB 1718, que entró en vigor el 1 de julio y es respaldada por el gobernador Ron DeSantis, quien lanzó recientemente su precandidatura presidencial por el Partido Republicano, convirtió al sureño estado en el más antiinmigrante de Estados Unidos y desató un éxodo de trabajadores indocumentados, sobre todo campesinos y trabajadores de servicios.
Detalles de la demanda contra la SB 1718
La demanda se presentó contra el gobernador DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida, explica el SLPC.
Los demandantes agregan que la Sección 10 “es solo una de una serie de nuevas leyes dentro de la SB 1718 que perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias, y busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas”.
“La ley inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica, amplía los requisitos de E-Verify y las sanciones a las empresas, prohíbe que el gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái”, se argumenta en el escrito.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Miami.
“Este proyecto de ley dañino contra los inmigrantes es inconstitucional, xenófobo y aumentará la discriminación racial ilegal de las comunidades negras y marrones de Florida”, dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC.
“Es cierto que fue diseñado para infligir crueldad, la SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia. Esta demanda reivindicará todos nuestros derechos constitucionales, y seguimos comprometidos a garantizar que los inmigrantes sean tratados con justicia, igualdad y dignidad”, agregó.
A su vez, Amien Kacou, abogado de planta de la ACLU de Florida, indico que “a medida que llega la noticia del daño predecible infligido a Florida por la SB 1718, presentamos esta demanda para detener su criminalización inconstitucional de la comunidad inmigrante en un estado donde una quinta parte de la población nació en el extranjero”.
Kacou dijo además que “esta legislación no es la solución a ningún problema. Es un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal, y de pelear con el gobierno federal para servir las ambiciones de algunos políticos. Nuestro desafío tiene como objetivo defender la Constitución y proteger a nuestras comunidades de la creciente amenaza de discriminación que plantea esta nueva ley de Florida”.
