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La jueza que preside el caso del salvadoreño que fue deportado por error por el Gobierno de Donald Trump a la megaprisión en El Salvador sugirió el martes que estaba considerando iniciar un proceso por desacato contra la Administración Trump.
La jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó a los funcionarios de la Administración que entregaran pruebas de sus esfuerzos para lograr el regreso de Kilmar Abrego García a Estados Unidos desde que ella ordenó inicialmente su regreso, afirmando que el Gobierno no le había mostrado “nada” hasta la fecha.
“No existe ninguna evidencia que se haya presentado en la corte” para probar que Abrego García pertenezca a una banda criminal, indicaron los abogados de Abrego García.
Xinis, por su parte, ha cuestionado las pruebas que el juez de inmigración utilizó años antes para llegar a esa conclusión. Señaló en un fallo que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en El Salvador, y que las «pruebas» contra Abrego García no consistían en nada más que su gorra y sudadera con capucha de los Chicago Bulls, y una vaga y no corroborada acusación de un informante confidencial que afirmaba que pertenecía a banda «occidental» de la MS-13 en Nueva York, un lugar en el que nunca ha vivido.
Sin embargo, la Casa Blanca ha redoblado esas acusaciones, sin aportar ninguna prueba que las respalde.
“Abrego García es un terrorista extranjero. Es miembro de la pandilla MS-13. Estaba involucrado en la trata de personas. Entró ilegalmente en nuestro país, por lo que deportarlo de vuelta a El Salvador siempre iba a ser el resultado final”, dijo esta semana a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Los abogados de Abrego García argumentaron durante una moción judicial este martes por la mañana que el Gobierno ha incumplido la orden de la jueza que les exige “tomar todas las medidas posibles para facilitar el regreso de [Kilmar] Abrego García a Estados Unidos lo antes posible”.
“Las actualizaciones del Gobierno no indican que se hayan tomado medidas para cumplir con las órdenes de este tribunal y de la Corte Suprema”, escribieron, haciendo referencia a las actualizaciones diarias ordenadas por el tribunal y proporcionadas al Gobierno. “No hay evidencia de que alguien haya solicitado la liberación de Abrego García”, insistieron.
Los abogados insistieron en que el Gobierno ha procedido de manera lenta para responder a la orden de la corte, que ha exigido que en una semana el Gobierno responda a varias preguntas sobre qué está haciendo para garantizar el regreso de Kilmar, y dijeron que el Gobierno tendrá un precio que pagar por la falta de acción en el caso.
El equipo de defensa de Abrego García declaró además que “hoy [martes], la corte ha dado un paso adelante en nuestro caso. No hemos conseguido que Kilmar vuelva a casa, pero al menos hemos conseguido asegurarnos de que podremos interrogar a los implicados y obtener información, conseguir pruebas según se requiera y se solicite, así que, aunque hoy no tenemos una orden de desacato, ni nada de lo que algunos en la prensa han estado pidiendo, pero esto es una victoria, y esto sigue siendo un progreso en el caso”.
Añadieron que el caso no trata de si Abrego García es un “terrorista”, sino de que el Gobierno, de forma ilegal, algo que admitió, lo expulsó del país y lo separó de su esposa, hijos y su hogar, y no tomó ninguna medida significativa para solucionar la situación, como ordenó la Corte Suprema en una decisión unánime.
“Tenemos que creer en este sistema de justicia, y tenemos que creer que el Gobierno hará lo que se le ordene. De lo contrario, sí, tenemos que dar los siguientes pasos, y creo que la cortel está preparado para hacerlo», afirmaron.
En lo que parece ser la primera vez que este documento sale a la luz en este caso, los abogados de Abrego García también citan una Directiva de Política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de 2012 titulada “Facilitar el Regreso a Estados Unidos de Ciertos Extranjeros Deportados Legalmente”, que exige a los supervisores del Departamento de Seguridad Nacional “coordinar plenamente a nivel local, internacional y de la sede para implementar esta política”.
También argumentaron que el Gobierno tiene derechos contractuales para enviar prisioneros a su “centro contratado”, donde Estados Unidos ha “subcontratado” parte de su sistema penitenciario, y que tiene “la facultad de asegurar y transportar a [sus] detenidos, incluido Abrego García”.
“Puede ejercer esos mismos derechos contractuales para solicitar su liberación, ya que los detenidos se encuentran retenidos a la espera de la decisión de Estados Unidos sobre su disposición a largo plazo”, escribieron los litigantes.
La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense, hablará ante los medios este martes media hora antes de que se desarrolle una nueva audiencia sobre el futuro del salvadoreño a las 4 pm (hora del este) en una corte federal donde se espera que la jueza Paula Xinis cuestione al Gobierno por no acatar su orden.
El líder de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el lunes que no devolverá Abrego García a Estados Unidos durante una visita a la Casa Blanca. “¿Cómo puedo devolverlo a Estados Unidos? ¿Como si lo introdujera de contrabando en Estados Unidos?”, dijo Bukele, sentado junto a Trump en el Despacho Oval.
Durante la actualización diaria que debe proporcionar a la corte sobre el estado de los esfuerzos para facilitar el regreso de Abrego García, la Administración Trump citó los comentarios de Bukele en la Casa Blanca para explicar que no tiene autoridad para retornar al salvadoreño.
Joseph Mazzara, consejero general en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, escribió en una declaración jurada que la dependencia “no tiene autoridad para extraer por la fuerza a un extranjero de la custodia nacional de una nación soberana extranjera”.
Los abogados de Abrego García respondieron el lunes a las declaraciones de Bukele: “El sr. Abrego García fue sacado ilegalmente de su hogar y de su familia en Maryland. Su deportación violó una orden judicial de inmigración vigente. Desde entonces, la Corte Suprema ha dejado claro que el Gobierno de Estados Unidos debe facilitar su regreso. Sin embargo, días después, no se ha anunciado ningún plan, no se han hecho públicas medidas y no se ha dado ninguna indicación de que se esté tomando alguna acción. En cambio, parece que la posición del Gobierno es que no es necesario tomar ninguna medida”, señalaron.
Abrego García no tiene imputación criminal
Funcionarios de la Administración Trump defendieron el lunes la deportación de Abrego García, cuya expulsión fue un “error administrativo”, según reconoció el Departamento de Justicia, calificándolo como un “terrorista” y asegurando que pertenece a la pandilla MS-13.
“La política del presidente, Trump, es: los terroristas extranjeros que están aquí ilegalmente son expulsados del país”, aseguró sobre Abrego García el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, durante la reunión entre Trump con Bukele el lunes.
El propio Bukele calificó como “terrorista” a Abrego García, cuando se le preguntó si lo enviaría de regreso a Estados Unidos, una posibilidad que rechazó de plano.
Pero lo cierto es que contra García no pesa una acusación criminal ni en Estados Unidos ni en El Salvador y la evidencia para probar su supuesta afiliación a una pandilla fue cuestionada por Xinis.
La magistrada señaló que García no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en El Salvador, y dijo que el cargo de pertenencia a una pandilla proviene de “una sola acusación sin fundamento”. En 2019, un juez de inmigración determinó que García formaba parte de la pandilla MS-13, una acusación que él niega.
“La ‘prueba’ contra Abrego García consistía nada más que su gorra y sudadera con capucha de los Chicago Bulls, y una acusación vaga y no corroborada de un informante confidencial que afirmaba que pertenecía a la camarilla ‘occidental’ de la MS-13 en Nueva York, un lugar donde nunca ha vivido”, dictaminó Xinis.
