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Los estados republicanos de Texas y Louisiana no tienen legitimidad para impugnar las nuevas prioridades de expulsión, indicaron los magistrados, calificando la demanda de “extraordinariamente inusual”.
Por Sara Puig
La Corte Suprema dictaminó este viernes a favor del Gobierno de Joe Biden al rechazar de forma casi unánime el recurso de estados republicanos contra las nuevas las nuevas prioridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre deportación de inmigrantes indocumentados, que se centran en aquellos que constituyen una amenaza para la seguridad pública o nacional, los que tienen antecedentes criminales, y los que acaban de llegar recientemente al país.
Los magistrados decidieron por ocho votos a favor y uno en contra que Texas y Louisiana, gobernados por republicanos, no tienen legitimidad para impugnar esas reglas de la Administración federal.
En el fallo, escrito por el juez conservador Brett Kavanaugh, señala que la demanda presentada por Texas y Louisiana era “extraordinariamente inusual” y buscaba “ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más arrestos”. Los tribunales federales, señaló, no escuchan usualmente esos casos.
El Gobierno de Biden emitió en septiembre de 2021 unas pautas para sustituir un reglamento de la Administración del expresidente Donald Trump por el que cualquier indocumentado debía ser deportado independientemente de si tenía antecedentes criminales. El argumento para el cambio fue que no se dispone del presupuesto necesario para detener y expulsar a los cerca de 11 millones de personas que viven de forma irregular en Estados Unidos.
La nueva guía solicitó a los funcionarios migratorios priorizar tres grupos de extranjeros: los sospechosos de terrorismo, las personas que han cometido algún delito y los que han sido detenidos recientemente tras cruzar la frontera.
Texas y Louisiana habían argumentado que las nuevas Directrices para la Aplicación de la Legislación Civil de Inmigración violaban la Ley federal de Procedimiento Administrativo porque le daban al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) discrecionalidad a la hora de decidir quién debe ser expulsado. La ley federal de inmigración, señalaron, requiere que las autoridades detengan y deporten incluso a aquellos que representan poco o ningún riesgo.
Estos estados también argumentaron que las pautas de Biden no llevarían a la detención de quienes hubiesen cometido delitos graves como tráfico de drogas, tráfico de personas o crímenes abyectos. Porque la política pedía que se sujetara a todos los inmigrantes al mismo “análisis de la totalidad de los hechos y circunstancias”, según los abogados demandantes.
Los miembros liberales de la corte, Sonia Sotomayor, KetanjiBrown Jackson y Stephen Breyer, votaron a favor de rechazar el planteo de los estados como así también los conservadores Clarence Thomas y los nominados por Trump, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, también de tendencia conservadora. El voto en disidencia fue del juez Samuel Alito, considerado uno de los jueces más conservadores de la Corte Suprema.
Gorsuch indicó que consideraba que los estados no tienen derecho a demandar en base a la “capacidad de reparación”, lo que quiere decir que no hay beneficio para ellos en caso de una decisión favorable.
Litigios en varias cortes
El juez Brett Kavanaugh aclaró que el fallo no implica que en el futuro los estados no pueden presentar demandas en “casos que involucren la supuesta falla del Poder Ejecutivo en realizar más arrestos o iniciar más procesamientos”.
Texas y Louisiana llevaron la normativa de Biden ante una corte federal, que dio la razón a Texas al señalar que se vería obligado a gastar más dinero para aplicar la ley, y la dejó sin efecto. Arizona, Ohio y Montana también impugnaron la medida ante otro tribunal federal, que igualmente anuló las nuevas prácticas de ICE.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, con sede en Ohio, la reactivó en mayo de 2022 tras estudiar un recurso del Gobierno, pero un día más tarde la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Louisiana, hizo lo contrario al rechazar un recurso de la Administración y volvió a invalidar.
El caso terminó en la Corte Suprema porque la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito había aclarado en su decisión que su veredicto quedaría anulado si el Gobierno perdía un recurso similar ante otro tribunal, como ocurrió.
La Corte Suprema votó en julio del año pasado rechazar la solicitud de urgencia del Gobierno para restablecer inmediatamente la política por 5 votos a favor y 4 en contra, pero aceptó escuchar los argumentos.
El máximo tribunal del país examinó tres cuestiones relacionadas con este caso. Por un lado si los estados tienen capacidad legal para impugnar leyes federales. En caso afirmativo, si estas son legales o no. Por último, los magistrados también se pronunciaron sobre si un juez tiene autoridad para bloquear una política federal, aunque sea ilegal.
