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Por su parte, Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, indicó que la SB 1718 “es un ataque a la comunidad inmigrante de Florida y a los derechos de todos los floridanos que cuentan con inmigrantes entre sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Al convertir en un delito grave que cualquier persona viaje al estado con inmigrantes que pertenecen a una categoría amplia y no claramente definida, la Sección 10 es extrema e inconstitucional”.
“No se puede negar la crueldad y la inhumanidad de esta nueva ley xenófoba. Pero el gobernador DeSantis y sus aliados antiinmigrantes en la Legislatura de Florida no deben cometer errores: cuando intenten burlar la Constitución, lucharemos. Florida tiene una larga y orgullosa historia de recibir inmigrantes en el estado. Ahora, nos enorgullece apoyar a los miembros de la comunidad inmigrante de Florida en la lucha para proteger sus derechos constitucionales y los de todos los floridanos”, precisó.
En los mismos términos se refirió Kate Melloy Goettel, directora legal de litigios del American Immigration Council. “El intento de Florida de regular la ley federal de inmigración viola los derechos y la dignidad de todas las personas en el estado y perjudica a las familias inmigrantes. Criminalizar el transporte sin una ‘inspección’ federal y someter a las personas a definiciones vagas es inconstitucional e injusto”, dijo.
Melloy agregó que “esta legislación desacertada no solo señala a los inmigrantes y sus familias, sino que también representa una amenaza para el bienestar social y económico de las comunidades de la Florida. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender los derechos y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. La unidad y la justicia deben triunfar sobre el miedo y la hostilidad”.
A quién apunta la SB
Un informe elaborado por la Kaiser Family Foundation (KFF) tras la aprobación por parte de la Asamblea Estatal de la SB 1718 reveló que el 8% de la población del estado, estimada en 21.3 millones de personas, es inmigrante, conforme una estimación hecha por el American Community Survey.
Los datos agregan que la integración de la comunidad inmigrante a la fuerza la laboral del estado representa un porcentaje determinante que sin duda se verá afectado por la entrada en vigor de la SB 1718 (el 1 de julio).
En general, señala, el 89% de la fuerza laboral del estado lo integran ciudadanos y el 11% inmigrantes (con y son papeles). Cuando se distribuye por sector, los porcentajes muestran una realidad distinta. Por ejemplo, en el rubro de la agricultura, el 63% de los trabajadores son ciudadanos, mientras que el 37% está compuesto por mano de obra inmigrante.
En el área de la construcción, en cambio, el 77% de los trabajadores son ciudadanos y el 23% lo integran inmigrantes, mientras que en el rubro de servicios el 86% lo desempeñan trabajadores ciudadanos y el 14% corresponde a fuerza laboral inmigrante.
Por último, en el rubro del transporte, el informe detalla que el 86% de los trabajadores son ciudadanos, mientras que el 14% son inmigrantes.
El informe del KFF advierte que los cambios que amenaza con provocar la SB 1817 “podrían tener impactos de gran alcance en la salud y otros en las familias inmigrantes, más allá de los inmigrantes indocumentados a los que se dirige. En general, hay aproximadamente 1.8 millones de inmigrantes no ciudadanos en Florida, incluidos inmigrantes legales e indocumentados, que representan más del 8% de la población del estado”.
“Una mayor cantidad de residentes de Florida viven en familias inmigrantes que, a menudo, incluyen personas de estatus migratorio mixto, incluidos niños nacidos en Estados Unidos”, precisa.
