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Con información de The Associated Press
Un juez de distrito puso un alto temporal este viernes a los esfuerzos de la Administración Trump de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) durante una audiencia celebrada en Washington, D.C., y expidió una orden al respecto antes de la medianoche, después de que dos asociaciones de empleados presentaran una demanda contra el Gobierno.
El juez Nichols puso una pausa inmediata hasta el 14 de febrero a las bajas administrativas de los miles de trabajadores que iban a entrar en vigor este viernes a medianoche.
“Todos los empleados de USAID que se encuentran actualmente en licencia administrativa serán reintegrados hasta esa fecha y se les dará acceso completo a los sistemas de correo electrónico, pago y notificación de seguridad hasta esa fecha, y ningún empleado adicional será puesto en licencia administrativa antes de esa fecha”, escribió Nichols en su orden. “Ningún empleado de USAID será evacuado de sus países anfitriones antes del 14 de febrero de 2025 a las 11:59 p.m.”.
En la orden, Nichols indicó que «incluso si una futura demanda pudiera recuperar los daños económicos derivados de las salidas aceleradas —como el costo de rescindir un contrato de arrendamiento o de abandonar una propiedad que no se pudo vender antes de la mudanza—, seguramente no podría recuperar el daño causado al progreso educativo, la seguridad física y las relaciones familiares».
Nichols celebró la audiencia del viernes después de que la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior presentaron la querella en corte, en busca de la orden, que bloquea lo que consideran “acciones inconstitucionales e ilegales” que han creado una “crisis humanitaria global”.
El juez Nichols había anunciado en su decisión de la tarde del viernes que iba a dictar la orden formal antes de la medianoche de este viernes y al anunciar su decisión también dijo que la orden haría referencia a la colocación de empleados en baja administrativa, así como a lo que él llamó la “expulsión acelerada” de empleados en otros países.
Karla Gilbride, abogada de los asociaciones de empleados, había afirmado durante la audiencia que “la importante reducción de la plantilla, así como el cierre de oficinas y el traslado forzoso de estas personas fueron hechos excediendo la autoridad del Ejecutivo, en violación de la separación de poderes”.
Horas después de la celebración de la audiencia, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) asumió el arrendamiento del espacio que anteriormente albergaba a USAID en el Edificio Reagan, en el centro de Washington, según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a nuestra cadena hermana NBC News.
No está claro de inmediato para qué utilizará el CBP ese espacio.
En un mensaje publicado en la red social X, Elon Musk retuiteó un texto del presidente Trump dándole su apoyo en el caso de la USAID con el mensaje «¡Sí, señor presidente!»
En el mensaje original, Trump decía que «USAID está volviendo loca a la izquierda radical y no hay nada que puedan hacer al respecto debido a la manera en que han gastado el dinero, mucho de él de manera fraudulenta, es totalmente inexplicable. La corrupción está a niveles raramente vistos. ¡Cierrenla!».
Entretanto, la mayoría de los empleados de la USAID en Washington D.C. y en todo el mundo habían iniciado este viernes un periodo de bajas forzosas, mientras esperaban la decisión judicial para revertir las órdenes del Gobierno del presidente, Donald Trump, quien ha desmantelado la mayor parte de la agencia —con seis décadas de antigüedad— y sus programas humanitarios en el planeta.
Nichols programó había programado la audiencia para este viernes por la tarde tras la demanda de las asociaciones de empleados, que buscaban bloquear temporalmente el cierre de la agencia. Mientras tanto, el nombre de la USAID fue cubierto con una cinta negra en los anuncios fuera de la sede de la agencia en Washington D.C.
Funcionarios del Departamento de Estado y otras personas han hecho llamados al Gobierno de Trump para que permita que más trabajadores de USAID permanezcan en sus puestos, al menos de manera temporal, para realizar tareas como gestionar el regreso a casa de miles de empleados por contrato directo, contratistas, y sus familias en el extranjero.
El Gobierno informó el jueves a los funcionarios del organismo que planeaba eximir a menos de 300 empleados de los procesos de baja y cesantía que ordenaron para al menos 8,000 trabajadores por contratación directa y contratistas. Diplomáticos y embajadas han recibido peticiones de exención que den más tiempo a algunas personas, entre ellas, familias obligadas a sacar a sus niños de la escuela a mitad del año escolar.
Dos empleados actuales de USAID y un alto exfuncionario del organismo informaron a la agencia de noticias The Associated Press sobre el plan del Gobierno, presentado el jueves a los altos mandos que aún quedan en la agencia. Los tres hablaron bajo condición de anonimato debido a una orden del Gobierno de Trump que prohíbe que el personal de USAID hable con personas fuera de su agencia.
Los empleados por contratación directa y contratistas restantes, junto con un número desconocido de los 5,000 trabajadores empleados en el extranjero, administrarían los pocos programas de salvamento que la Administración pretende mantener por ahora.
Hasta el momento, se ignora si la reducción de personal sería permanente o temporal, lo que podría permitir el regreso de más trabajadores después de lo que, según el Gobierno, es una revisión de los programas de ayuda y desarrollo que desea reanudar.
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Esta semana, la Administración dio a casi todos los empleados de USAID en el extranjero 30 días, a partir del viernes, para volver a Estados Unidos. El Gobierno pagará sus costos de viaje y mudanza.
En una nota publicada la noche del jueves en la web de USAID, el organismo dijo que ninguno de los empleados en el extranjero que se encuentren en baja temporal serían obligados a abandonar el país en el que trabajan. Sin embargo, los empleados que decidan quedarse por más de 30 días podrían tener que cubrir sus propios gastos, a menos que reciban la extensión específica por problemas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves que el Gobierno ayudaría a sus empleados a volver a casa en un plazo de 30 días «en caso de que así lo deseen», y que escucharía a quienes tengan condiciones particulares. «No tratamos de perturbar la vida privada de las personas», aseguró, «no estamos siendo punitivos».
Rubio insistió en que la acción fue la única forma de lograr que los empleados cooperen porque el personal estaba «pasando pagos por debajo de la mesa a pesar de la orden de suspensión» de asistencia extranjera. El personal de la agencia negó esta acusación.
Trump publicó este viernes en redes sociales «CIÉRRENLA». Rubio señaló que el Gobierno seguirá proporcionando ayuda a otros países, “pero va a ser una ayuda exterior que tenga sentido y favorezca nuestros intereses nacionales”.
La Administración Trump y su aliado, el multimillonario Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), han sido quienes más han atacado a USAID en un desafío sin precedentes al Gobierno federal y muchos de sus programas.
Desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero, se produjo una congelación general de fondos que ha eliminado la mayoría de los programas de la agencia en todo el mundo, y casi todos sus trabajadores han sido puestos bajo licencia administrativa o suspendidos. Musk y el presidente republicano han hablado de eliminar USAID como una agencia independiente y trasladar al Departamento de Estado los programas que sobrevivan.
Legisladores demócratas y otras personas califican la medida de ilegal, pues no cuenta con la aprobación del Congreso.
La Asociación del Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno hicieron el mismo argumento en una demanda presentada en las últimas horas del jueves, en la que solicitan al tribunal federal en Washington D.C. que ordene la reapertura de los edificios de USAID, el retorno de su personal al trabajo y la restauración de la financiación.
Los oficiales gubernamentales “no reconocieron las consecuencias catastróficas de sus acciones en lo que respecta a los trabajadores estadounidenses, a la vida de millones de personas en todo el mundo y a los intereses nacionales de Estados Unidos”, se indica.
