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Dos hombres entraron a la oficina de la Fiscalía general de Nayarit en el verano de 2011, un mes después de que Roberto Sandoval Castañeda asumió la gubernatura. Sus apellidos eran Alcalá y Chaparro, y en voz baja dijeron ser los abogados de los dos narcotraficantes más temidos de México: Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundadores del Cartel de Sinaloa .
“Decían que representaban a ‘El Chapo’ y que querían comprar el estado de Nayarit, querían comprar la ‘plaza’, llamaban ‘plaza’ al estado”, contó Édgar Veytia, quien gracias al cambio de poderes pasó de ser jefe de la policía de Tepic a secretario asistente del fiscal general de la entidad. Más tarde él se haría cargo de esa dependencia, respaldado por los enemigos de ‘El Chapo’, los hermanos Beltrán Leyva.
“Comprar una ‘plaza’ significa que vas a trabajar para ellos, que vas a hacer lo que te pidan, que los vas a obedecer y cualquier delito que cometan los vas a encubrir”, explicó Veytia en la sala 8D de la corte federal de Brooklyn, en el juicio por tráfico de drogas contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
– ¿Te ofrecieron dinero por eso?, le preguntó la fiscal federal Saritha Komatireddy.
– Sí. Me ofrecieron 10 millones de dólares… Los escuché, pero no los tomé en cuenta porque no estábamos en buenos términos. Y además de eso, ya había un compromiso con los Beltrán Leyva, respondió Veytia.
El testimonio de este exfiscal apodado ‘El Diablo’ se sumó al de cinco capos cooperantes que subieron al estrado para hacer una descripción detallada de todas las operaciones del Cartel de Sinaloa y cómo este se infiltró hasta la médula del gobierno mexicano. Eso llevó a que un jurado declarara culpable este martes a García de cinco cargos criminales, incluyendo conspiración para traficar cocaína y participar en una empresa criminal vigente. Ahora el exfuncionario enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.
Asimismo, las declaraciones que se escucharon en la corte de Brooklyn también permitieron conocer un aspecto pocas veces exhibido: cómo los abogados de los jefes del cartel ofrecen y entregan sobornos a funcionarios corruptos, y negocian acuerdos para que los mantengan fuera del radar policial.
Ataque en Tepic
Veytia, quien declaró en dos audiencias a principios de este mes, afirmó que hubo consecuencias por haber rechazado la propuesta de los representantes legales de ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’. A mediados de diciembre de 2011 fue blanco de un ataque ocurrido en una de sus casas en El Pedregal.
Extremadamente precavido, Veytia se movía constantemente en Nayarit. Aquella madrugada, eligió dormir en una residencia en El Pedregal y envió a un equipo para encender las luces y preparar las medidas de seguridad. Pero los pistoleros del Cartel de Sinaloa le quitaron el sueño.
“Nos dimos cuenta de que algunos vehículos se dirigían hacia allá, que estaban entrando. Eran alrededor de 11 vehículos. Y aproximadamente uno o dos minutos después comenzaron a escucharse los disparos y el ataque. Hubo un enfrentamiento entre las personas que ya estaban en la casa, el equipo de seguridad, y quienes estaban en los vehículos”, narró en la corte.
‘El Diablo’ se acercaba a la casa cuando escuchó la balacera. Su vehículo circulaba por una calle angosta y de un solo sentido, donde lo interceptaron dos autos y abrieron fuego.
“Me detuve, abrí la puerta, hubo disparos. Disparamos y también recibimos fuego. El vehículo volteó a la izquierda y a la izquierda. Y fuimos hacia donde todavía se escuchaba el enfrentamiento… Llegamos a la casa y estaban los vehículos, estaban disparando. Teníamos alrededor de 35 policías allí que estaban tratando de repeler el ataque de los delincuentes”, relató.
Los gatilleros no pudieron más, tomaron los cadáveres de sus compañeros “que estaban esparcidos” en el lugar y huyeron a toda prisa, dejando atrás autos, armas de fuego y hasta granadas.
Policías y militares acordonaron el vecindario y revisaron casa por casa. Veytia había pedido ayuda por radio a todas las fuerzas de seguridad en Tepic, pero solo llegaron efectivos del Ejército. Ni un solo policía federal acudió. Según su denuncia, era porque el jefe de esa corporación, García Luna, estaba en la nómina del Cartel de Sinaloa y apoyaba su intento para apoderarse de Nayarit.
‘El Diablo’ había hecho un pacto con Juan Francisco Sánchez Patrón, alias ‘H-2’, a quien describe como “un asesino que representaba los intereses de los Beltrán Leyva en Nayarit”.
Todo se fraguó desde la época en que Sandoval Castañeda era alcalde de Tepic y Veytia director de Tránsito. Fue Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo delictivo, quien pagó la campaña política que llevó a Sandoval Castañeda a la gubernatura y así se ganó su lealtad, dijo el testigo.
Sandoval Castañeda también ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar en la nómina de narcos, pero él lo ha negado en reiteradas ocasiones. En mayo de 2019, la DEA aeguró que estuvo vinculado a las actividades criminales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y del clan de los Beltrán Leyva.
Ambos grupos le entregaban sobornos a cambio “información y protección”, cita la acusación.
Este político, que gobernó Nayarit del 19 de septiembre de 2011 al 18 de septiembre de 2017, además fue incluido por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) en la lista de personas que actúan como testaferros del crimen organizado.
“Sandoval Castañeda ha participado en una serie de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y recibir sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el CJNG”, indica un comunicado de la DEA.
El exgobernador fue detenido en junio de 2021 tras una persecución de ocho meses, que incluyó la emisión de una ficha roja de la Interpol. Su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, estaba con él y también quedó bajo custodia. En México lo acusan del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Desde la cárcel, Sandoval Castañeda dijo que Veytia había mentido en la corte. “NIEGO y RECHAZO contundentemente que mi campaña o mi persona haya tenido relación con grupos del narcotráfico”, dijo en una publicación en Facebook que fue compartida por familiares suyos.
“El proceso legal en el que me encuentro actualmente no tiene nada que ver con narcotráfico. Después de cinco años de investigación profunda, la Fiscalía General de la República, basada en el análisis de la función pública, determinó que en mi caso no hay indicios de enriquecimiento ilícito, ni de peculado”, agregó.
El primer acercamiento de la facción de ‘El Chapo’ hacia Veytia fue violento. Secuestraron a dos policías municipales cuando era jefe de la corporación, para obligarlo a cambiar de bando.
Otro intento ocurrió a principios de 2011, en una reunión con un “compadre” de Guzmán, identificado como Julián Venegas, quien se presentó con un millón de dólares en efectivo “para cerrar el trato en ese momento” y prometió entregar otros cuatro millones de dólares más tarde.
Veytia lo rechazó por tres razones: el grupo ya había tratado de asesinarlo, el rapto de los policías y “porque teníamos un compromiso con los Beltrán” Leyva.
“Luego muy enérgico (Venegas) dijo: ‘Mira, para cerrar este acuerdo, tengo los huevos y el poder para sacar de Nayarit a quien sea’. Y luego me dijo que había arreglado esa situación a nivel federal. Que si recordaba que (un narco de apellido) Chavín, (alias) ‘H-1’, fue asesinado. Que a García Luna le habían pagado 5 millones de dólares para autorizar la operación para perseguir a Chavín porque había matado al hijo de (Ignacio) ‘Nacho’ Coronel”, relató Veytia, refiriéndose a uno de los jefes del Cartel de Sinaloa.
Las amenazas cesaron en 2013, cuando el Congreso local lo eligió fiscal general de Nayarit, uno de los cargos públicos más influyentes de ese estado. En ese tiempo Sánchez Patrón le entregaba dos millones de dólares mensuales para mantener el control del estado. A cambio, Veytia le daba información sobre operativos de captura, cubría sus delitos y evitaba procesar a integrantes de su facción.
Esos dos millones de dólares, dijo, “los distribuimos a los diferentes comandantes para los diferentes sectores, a jueces, periodistas… para mantener las apariencias y mantener el control del estado”.
Él se quedaba con “las sobras” y esa porción le fue suficiente para adquirir un emporio inmobiliario: una casa en Arboledas, otra en Tepic, una más en Guadalajara (Jalisco), tres en Ciudad del Valle, un rancho de 350 cabezas de ganado en Compostela y varias propiedades en Estados Unidos. También se hizo de una empresa de autobuses y compró una propiedad para regalársela a una de sus hijas.
Todo se lo decomisó el gobierno mexicano y los inmuebles en EEUU los fue vendiendo para pagar los servicios de los abogados que lo han defendido desde su arresto en este país el 27 de marzo de 2017.
Un mes antes de su captura, Veytia envió al ‘H-2’ al infierno, como él se refería a los asesinatos. El capo estaba “fuera de control” y había matado a ocho jóvenes que vendían droga por su cuenta en la calle. Se reunió con autoridades federales para planear todo.
El Departamento de Justicia aseguró que el grupo del ‘H-2’ había acumulado tal poder que tuvo en el bolsillo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El militar fue arrestado a finales de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, pero semanas más tarde le retiraron los cargos por una aparente presión del presidente de Andrés Manuel López Obrador, lo devolvieron a México y allá decidieron no enjuiciarlo.
