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Por Michael R. Sisak – The Associated Press
Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd, fue apuñalado por otro recluso y resultó gravemente herido este viernes en una prisión federal de Arizona, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.
El ataque se produjo en la Institución Correccional Federal de Tucson, una prisión de seguridad media que ha estado plagada de fallos de seguridad y escasez de personal. La persona no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles del ataque y habló con bajo condición de anonimato.
La Oficina Federal de Prisiones confirmó que una persona encarcelada fue agredida en FCI Tucson alrededor de las 12:30 pm hora local. En un comunicado, la agencia dijo que los empleados que respondieron contuvieron el incidente y llevaron a cabo “medidas para salvar vidas” antes de que el recluso, al que no nombró, fuera trasladado a un hospital para recibir más tratamiento y evaluación.
Ningún empleado resultó herido y se avisó al FBI, según informó la Oficina Federal de Prisiones. Se han suspendido las visitas al centro, el cual cuenta con unos 380 reclusos.
Se dejaron mensajes a los abogados de Chauvin y al FBI en busca de comentarios.
El apuñalamiento de Chauvin es el segundo ataque de gran repercusión contra un preso federal en los últimos cinco meses. En julio, el médico deportivo Larry Nassar fue apuñalado por un compañero en una penitenciaría de Florida.
También es el segundo incidente grave en la prisión federal de Tucson en poco más de un año. En noviembre de 2022, un recluso del campo penitenciario de baja seguridad del centro sacó una pistola e intentó disparar en la cabeza a un visitante. El arma, que el recluso no debería haber tenido, falló y nadie resultó herido.
Chauvin, de 47 años, fue enviado en agosto de 2022 al FCI Tucson desde una prisión estatal de máxima seguridad de Minnesota para cumplir simultáneamente una condena federal de 21 años por violar los derechos civiles de Floyd y otra de 22 años y medio por asesinato en segundo grado.
[Caso George Floyd: así transcurrió el juicio contra Derek Chauvin]
El abogado de Chauvin, Eric Nelson, había abogado por mantenerlo fuera de la población general y alejado de otros reclusos, anticipando que sería un objetivo. En Minnesota, Chauvin fue mantenido principalmente en régimen de aislamiento “en gran medida por su propia protección”, escribió el año pasado Nelson en documentos judiciales.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la apelación de Chauvin a su condena por asesinato. Por otra parte, Chauvin está haciendo una apuesta arriesgada para anular su declaración federal de culpabilidad, alegando que nuevas pruebas demuestran que él no causó la muerte de Floyd.
Floyd, que era negro, murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin presionara una rodilla en su cuello durante 9.5 minutos en la calle afuera de una tienda de conveniencia donde se sospechaba que la víctima intentaba comprar con un billete falso de 20 dólares.
Un vídeo grabado por transeúntes captó los gritos desvanecidos de Floyd: “no puedo respirar”. Su muerte desencadenó protestas en todo el mundo, algunas de las cuales se tornaron violentas y forzó un reconocimiento nacional de la brutalidad policial y el racismo.
Otros tres exagentes que se encontraban en el lugar de los hechos recibieron condenas estatales y federales menores por su participación en la muerte de Floyd.
El apuñalamiento de Chauvin se produce cuando la Oficina Federal de Prisiones se ha enfrentado a un mayor escrutinio en los últimos años tras el suicidio en la cárcel del rico financiero Jeffrey Epstein en 2019. Es otro ejemplo de la incapacidad de la agencia para mantener a salvo incluso a sus prisioneros de más alto perfil después del apuñalamiento de Nassar y el suicidio del “Unabomber” Ted Kaczynski en un centro médico federal en junio.
Una investigación en curso de The Associated Press ha revelado profundas deficiencias, de las que no se había informado previamente en la mayor agencia de seguridad del Departamento de Justicia, con más de 30,000 empleados, 158,000 reclusos y un presupuesto anual de unos 8,000 millones de dólares.
Los informes han revelado abusos sexuales y otras conductas delictivas por parte del personal, docenas de fugas, violencia crónica, muertes y una grave escasez de personal que ha dificultado la respuesta a situaciones de emergencia, como agresiones a reclusos y suicidios.
La directora de la Oficina Federal de Prisiones, Colette Peters, fue nombrada el año pasado para reformar este organismo en crisis. Prometió cambiar las arcaicas prácticas de contratación y aportar nueva transparencia, al tiempo que subrayaba que la misión de la agencia es “hacer buenos vecinos, no buenos reclusos”.
En su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado en septiembre, Peters anunció las medidas que había adoptado para revisar las prisiones problemáticas y reforzar las investigaciones de asuntos internos. Este mes, la funcionaria declaró ante un subcomité judicial de la Cámara de Representantes que la contratación había mejorado y que las nuevas contrataciones superaban a las jubilaciones y otras bajas.
Pero Peters también ha irritado a los legisladores, quienes dicen que ha incumplido su promesa de ser sincera y abierta con ellos. En septiembre, los senadores le recriminaron por obligarles a esperar más de un año para obtener respuestas a preguntas escritas y por afirmar que no podía responder a cuestionamientos básicos sobre el funcionamiento de la agencia, como el número de funcionarios de prisiones en plantilla.
