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WASHINGTON — El presidente Joe Biden tiene previsto firmar este miércoles, en el segundo aniversario de la muerte de George Floyd, una esperada orden ejecutiva para reformar las prácticas policiales.
La orden creará un registro nacional de agentes despedidos por mala conducta, alentará a la policía estatal y local a endurecer las restricciones a las maniobras de estrangulamiento y a las llamadas órdenes de no llamar, y restringirá la transferencia de equipos militares a las agencias de aplicación de la ley, según detallaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Biden ha estado presionando al Congreso para que aprobara una legislación de reforma policial más amplia, la Ley George Floyd de Justicia en la Policía. Pero después de que la legislación no obtuviera apoyo bipartidista, la Casa Blanca comenzó a elaborar su propia norma el año pasado.
Se espera que la familia de Floyd acuda a la Casa Blanca el miércoles, según una de las personas familiarizadas con el asunto. La familia de Floyd, que murió tras ser inmovilizado en el suelo por un agente de policía de Minneapolis, tuvo una reunión privada con Biden y la vicepresidenta Kamala Harris el año pasado en el primer aniversario de su muerte.
También se espera que asistan las familias de Breonna Taylor y Elijah McClain, según un alto funcionario de la Administración.
La reforma policial ha sido un tema clave para la base progresista del Partido Demócrata, especialmente entre los votantes negros.
“Sabemos muy bien que una orden ejecutiva no puede abordar la crisis policial de Estados Unidos de la misma manera que el Congreso tiene la capacidad de hacerlo, pero tenemos que hacer todo lo que podamos”, dijo el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) Derrick Johnson, en un comunicado antes del anuncio de la Casa Blanca. “No hay mejor manera de honrar el legado de George Floyd que el presidente Biden actúe firmando una orden ejecutiva de reforma policial”.
La Casa Blanca pretendía que Biden firmara una orden ejecutiva antes de su primer discurso sobre el Estado de la Unión en marzo.
En septiembre, el Departamento de Justicia puso nuevos límites a las maniobras de estrangulamiento y a las órdenes de “no llamar” -que permite a las fuerzas del orden entrar en una propiedad sin notificar previamente a los residentes- para las fuerzas del orden del departamento, incluidos el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Se exigirá a las fuerzas del orden que intervengan y detengan el uso excesivo de la fuerza cuando lo vean y que administren ayuda médica a quienes resulten heridos, dijo otro alto funcionario de la administración.
Aunque Biden no puede emitir directamente mandatos a las agencias policiales estatales y locales, los altos funcionarios de la administración que informaron a los periodistas el martes dijeron que los fiscales generales deberían utilizar su poder para conceder subvenciones que promuevan y apoyen a las agencias que se acrediten o a las que quieran adoptar este tipo de políticas pero que podrían utilizar alguna ayuda federal.
