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En 2016 Pedro Pablo Barrientos fue hallado culpable de las torturas y asesinato del músico chileno Víctor Jara durante el golpe militar registrado en Chile. Y en julio de este año, un juez le quitó la ciudadanía estadounidense por haber mentido en los formularios de residencia y ciudadanía al haber ocultado su participación en actos de tortura y crímenes.
Ser ciudadano estadounidense no significa que puedes evitar la deportación.
Si mientes durante el trámite de la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde) o en el proceso de ciudadanía por naturalización y te descubren, un juez federal te puede quitar el estatus y el servicio de inmigración, iniciar un proceso de deportación de Estados Unidos.
Ese fue el error cometido por un exmilitar chileno que llegó a Estados Unidos en 1990, seis años más tarde contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense y en diciembre de 2010 juramentó como ciudadano. Pero el pasado 14 de julio un juez federal de la Corte de Distrito del Centro de Florida le revocó la naturalización.
Se trata de Pedro Pablo Barrientos, un exteniente del Ejército de Chile que se encuentra procesado por la justicia chilena hace más de una década como autor de la tortura y asesinato del cantautor Víctor Jara, muerto pocos días después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet.
El caso de Barrientos
Barrientos fue detenido esta semana en Deltona, Florida, por agentes especiales de investigación del Departamento de Seguridad nacional (DHS), y el apoyo de oficiales de policías locales.
El exmilitar era buscado en relación con su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales “tras el golpe militar en 1973”, dijo el DHS. Y explicó que, “en 2016 un jurado en un caso civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida encontró a Barrientos responsable de la tortura y el asesinato de Jara”.
El 11 de septiembre de 1973, Pinochet lideró un golpe de estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende. En las semanas siguientes, cientos fueron detenidos y torturados en el Estadio Chile, una instalación deportiva cubierta que los militares tomaron como centro de detención de facto.
Informes oficiales atribuidos a los gobiernos de Chile tras el retorno a la democracia en 1991, señalan que muchos de los detenidos desaparecieron o fueron ejecutados, tal como el famoso músico folklórico Víctor Jara, cuya muerte es atribuida a Barrientos.
Tras la sentencia de 2016 en San Francisco, un segundo tribunal falló en contra de Barrientos este año. La Corte de Distrito del Distrito Central de Florida dictaminó en julio que el exmilitar ocultó intencionalmente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes de inmigración, lo que provocó una investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales del DFHS (HSI).
Tras las indagatorias, la corte falló que revocaba la ciudadanía estadounidense de Barrientos a partir del 17 de diciembre de 2010, fecha en que fue emitido su certificado de ciudadanía estadounidense por naturalización.
“El arresto de Barrientos es un testimonio de las sólidas alianzas policiales forjadas durante años de servicio con nuestros socios estatales, locales y federales”, dijo John Condon, agente especial a cargo de HSI en Tampa.
“Barrientos ahora tendrá que responder a los cargos que enfrenta en Chile por su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos”, indicó.
Detalles de las mentiras de Barrientos
Documentos judiciales revelan que Barrientos ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante. En 1996 se casó con una ciudadana estadounidense y obtuvo la residencia legal permanente, que le abrió el camino a la ciudadanía por naturalización.
Las investigaciones llevadas a cabo por el DHS señalan que el exmilitar chileno contestó en los trámites migratorios, entre ellos los de tarjeta verde (green card) y ciudadanía, que no había estado vinculado a ningún tipo de grupo u organización política ni servicio militar. Y negó haber participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier individuo por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
El haber mentido tanto en el formulario de residencia legal permanente como el de ciudadanía, Barrientos perdió sus derechos de permanencia al haber sido condenado en 2016 en una corte de San Francisco por el asesinato de Jara.
En el caso de inmigrantes que obtienen la residencia legal permanente “por medio de información falsa, lo primero que se tiene que analizar es si se trata de una situación dudosa de fraude material o la persona se equivocó, por ejemplo, al entregar una fecha de nacimiento”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
“O la equivocación fue porque no reveló que tenía dos esposas, algo que se tipifica como poligamia y que prohíbe otorgar beneficios migratorios por esta causa”, agrega.
Barrón dijo que, en el caso de la residencia, el gobierno puede retirarla dentro de los cinco años una vez otorgada. “Y si pasa de los cinco años, tiene proceder a través de un juez quien a su vez debe iniciar un proceso para rescindir la green card e iniciar un proceso de deportación”.
Para la ciudadanía el procedimiento es diferente. “Si hubo un acto criminal previo a obtenerla, puede ser que el gobierno inicie una demanda de desnaturalización y luego un juez le quite al individuo la ciudadanía por haber mentido en la solicitud”, precisó.
Eso fue lo ocurrido con Barrientos.
Justificaciones oficiales del caso
El DHS dijo que en las investigaciones del caso Barrientos contaron con el apoyo del Centro contra Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra (HRVWCC) y la oficina del HSI Buenos Aires, Argentina.
Indicó que el HRVWCC fue establecido en 2008 para promover esfuerzos para identificar, localizar y procesar a quienes violan los derechos humanos en Estados Unidos, incluidos aquellos que se sabe o se sospecha que han participado en persecución, crímenes de guerra, genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales, mutilación genital femenina y el uso o reclutamiento de niños soldados.
El ministerio también dijo que la HRVWCC aprovecha la experiencia de un grupo selecto de agentes, abogados, especialistas en inteligencia e investigación, historiadores y analistas que dirigen los esfuerzos más amplios de aplicación de la ley de la agencia “contra estos delincuentes”.
El gobierno también reveló que el caso Barrientos no es el único. “Actualmente HSI tiene más de 160 investigaciones activas sobre presuntos violadores de derechos humanos y está siguiendo más de 1,700 pistas y casos de deportación que involucran a presuntos violadores de derechos humanos de 95 países”.
Desde 2003, HSI ha arrestado a más de 480 personas por violaciones de la ley relacionadas con los derechos humanos en virtud de diversos estatutos penales y de inmigración, indicó.
Otras causales que pueden iniciar un proceso de desnaturalización son la negativa de testificar ante el Congreso, pertenecer a grupos subversivos o ser dado de baja de las fuerzas armadas de manera deshonrosa.
