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El máximo tribunal del país escucha argumentos sobre los abortos de emergencia en un conflicto entre una prohibición estatal al procedimiento en Idaho y una ley federal que garantiza la atención médica de emergencia para proteger la vida y la salud de un paciente.
La Corte Suprema de EEUU escucha este miércoles argumentos sobre cuándo los médicos deben realizar un aborto por una emergencia médica en los estados que lo prohíben.
Desde que el máximo tribunal anuló hace casi dos años el fallo Roe vs. Wade, que daba protección federal al procedimiento, cada vez más estados han aprobado leyes que restringen el acceso al aborto salvo muy escasas excepciones. Una de ellas suele ser que la vida de la madre esté en peligro, pero no necesariamente su salud, algo que, según el gobierno federal, va en contra de la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA).
Esta ley de 1986, creada para que personas sin seguro no fueran rechazadas en una emergencia, establece que los hospitales que aceptan Medicare y Medicaid del gobierno federal, que son la mayoría, deben brindar atención médica de urgencia a cualquier paciente cuya vida o salud esté en grave peligro, y en caso de no poder hacerlo, el centro de salud tiene que proporcionar un traslado seguro del paciente a otro hospital que pueda atenderlo.
Sin embargo, tras la anulación de la protección federal al aborto, estados como Idaho, en donde se gestó el caso que llega este miércoles a la Corte Suprema, prohibieron el procedimiento en casi todas sus formas y etapas, y cuestionan que se practique en las salas de emergencia de un hospital si no está en juego clara y directamente la vida de la mujer, como estipula su restrictiva ley estatal.
Te explicamos cuál es el origen del caso y qué está en juego.
Moyle vs. United States: el caso de Idaho contra el gobierno federal
Idaho es uno de los 14 estados que prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo, salvo en casos de incesto o violación (solo en el primer trimestre del embarazo y si la persona presentó una denuncia ante la policía) o «cuando es necesario para evitar la muerte de la mujer embarazada».
La legislación estatal penaliza a los doctores que practiquen el procedimiento.
Por su parte, la administración de Biden sostiene que esas leyes chocan con lo estipulado por la ley EMTALA, que permitiría interrumpir embarazos en algunos casos de emergencias en los que la vida, o la salud de una paciente corran riesgo.
El estado asegura que si bien contempla como excepción el salvar la vida de la mujer, permitir que el procedimiento se realice en otras emergencias médicas convertiría a las urgencias hospitalarias en “enclaves de aborto”, por lo que acusa al gobierno federal de estar haciendo un mal uso de una ley federal que se creó para garantizar la atención de urgencia a personas que no pudieran pagarla.
El Departamento de Justicia presentó el caso contra Idaho, argumentando que la EMTALA debería prevalecer sobre la prohibición estatal.
Inicialmente, un juez federal le dio la razón al gobierno y dictaminó que los abortos eran legales en una emergencia médica, pero el estado apeló.
El año pasado, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU suspendió ese fallo y restableció la prohibición estatal, aunque finalmente otro panel de 11 miembros de esa misma corte bloqueó temporalmente la ley de Idaho, mientras continuaba la apelación.
El estado pidió entonces la intervención de la Corte Suprema, y el máximo tribunal aceptó escuchar el caso y mientras permitió que la prohibición estatal al aborto entrase en vigor en enero.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie a finales de junio.
¿Qué está en juego en este caso?
Lo que dictamine la Corte Suprema en este caso tendrá un impacto directo en la atención de emergencia en el país, en especial en los estados con leyes que prohíben el aborto.
Los médicos están advirtiendo que a pesar del poco tiempo que lleva en vigor la ley de Idaho, restablecida por la Corte Suprema en enero, ya se está sintiendo su efecto en la atención de emergencia.
En un documento presentado ante la Corte, un grupo de más de 600 médicos de Idaho describieron el impacto de la prohibición en algunas pacientes que requirieron un aborto de emergencia por complicaciones del embarazo pero fueron enviadas a casa o tuvieron que ser trasladadas fuera del estado para recibir la atención médica correspondiente.
En el corto tiempo en que ha estado vigente la ley, ya han tenido que transferir vía aérea a seis pacientes con emergencias médicas para poder interrumpir sus embarazos de urgencia.
«Hay pacientes que presentan afecciones que son muy graves y que podrían provocar la pérdida de órganos reproductivos, que podrían provocar una discapacidad permanente y que eventualmente podrían poner en peligro su vida, aunque en ese momento su vida no esté amenazada» dijo a NPR la aboghada Lindsey Harrison, quien representa el Sistema de Salud St. Luke, sin fines de lucro que opera nueve departamentos de emergencia en Idaho.
Documentos federales obtenidos por la agencia AP muestran que desde que se anuló Roe vs. Wade hace casi dos años, han aumentado las quejas de mujeres embarazadas que fueron rechazadas en salas de emergencia en el país.
Este tipo de leyes estatales también ha impactado directamente en la práctica médica y en el número de profesionales que operan en esos estados. En Idaho, por ejemplo, casi 1 de cada 4 obstetras y ginecólogos abandonó el estado o se jubiló y 5 de cada 9 especialistas en medicina materno-fetal a tiempo completo abandonaron el estado, según un informe de Idaho Pyshician Well-Being Acction Collaborative.
Esto ha hecho que tres hospitales rurales de Idaho hayan cerrado sus unidades de maternidad desde que la ley de prohibicón del aborto entró en vigor, según NPR.
Si la Corte Suprema permite que los estados ignoren la ley federal EMTALA con sus leyes sobre el aborto, las consecuencia pueden ser «catastróficas», dijo en un comunicado en su página web Planned Parenthood, organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva y otros relacionados.
«A menos que la Corte Suprema esté dispuesta a permitir que las personas embarazadas mueran o sufran complicaciones graves, debe garantizar que se mantenga esta atención de emergencia crítica», agregó la organización.
