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El Gobierno del demócrata Joe Biden anunció este jueves una ampliación del seguro médico público Medicaid y de la cobertura de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés, también conocida como Obamacare) para garantizar que puedan acogerse los dreamers, cientos de miles inmigrantes que llegaron al país de niños de forma irregular junto a sus padres y que ahora están protegidos de la deportación por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
«Son estadounidenses en todos los sentidos excepto en el papel», dijo Biden en un video publicado en su cuenta de Twitter, «tenemos que dar a los dreamers las oportunidades y el apoyo que merecen».
«No hemos terminado de luchar por su camino hacia la ciudadanía, pero mientras tanto les estamos brindando las oportunidades que se merecen», apuntó.
La iniciativa DACA, aprobada en 2012 por el expresidente demócrata Barack Obama, blinda de la deportación y permite trabajar a los dreamers, pero no les permitía acceder a los planes de cobertura médica del Gobierno porque no cumplen la condición de «presencia legal» en Estados Unidos, una regla que el Departamento de Salud (HHS, en inglés) busca haber cambiado a finales de mes.
Varios estados (como Nueva York, California, Massachusetts y Minnesota) y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura médica a los dreamers a través de seguros con fondos estatales o locales, y en la mayoría de casos con Medicaid. Pero hay muchos otros que no.
La decisión se conoce cuando DACA vuelve a estar en peligro en las cortes por los desafíos legales conservadores, y cuando el número de personas que pueden acogerse a esta iniciativa ya se está reduciendo por decisiones judiciales anteriores.
Unas 580,000 personas seguían protegidas por este programa a finales de 2022, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), cifra inferior a la de años anteriores. Órdenes judiciales impiden actualmente al Departamento de Seguridad Nacional procesar nuevas solicitudes. DACA lleva años inmerso en batallas legales, pero el Congreso ha sido incapaz de alcanzar un consenso sobre una reforma que dé una salida a los dreamers.
Los beneficiarios de DACA pueden trabajar legalmente y pagar impuestos, pero no tienen estatus legal y no pueden acceder a muchos beneficios disponibles para los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en Estados Unidos.
Durante la pandemia del COVID-19, millones de personas se inscribieron en Medicaid, el programa que proporciona cobertura sanitaria a los ciudadanos con menos recursos económicos. El Gobierno aumentó los subsidios federales para reducir el costo de los seguros con Obamacare. El año pasado, el 8% de la población carecía de cobertura médica, según el Departamento de Salud.
Pero los beneficiarios de DACA, así como los que se encuentran en el país de forma irregular, tienen prohibido acceder a esos programas financiados con fondos federales. Además, alrededor de la mitad de los aproximadamente 20 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentación legal no tienen seguro, según una investigación de la Kaiser Family Foundation.
Aunque existe un apoyo bipartidista a la promulgación de algún tipo de protección para los inmigrantes, las negociaciones han fracasado de forma recurrente por los debates sobre la seguridad fronteriza y sobre si ampliar las protecciones podría fomentar que otras personas intenten entrar en Estados Unidos sin permiso.
Biden ha pedido repetidamente al Congreso que encuentre una vía hacia la ciudadanía a los dreamers. Otros inmigrantes, como los solicitantes de asilo y las personas con estatus de protección temporal, ya pueden contratar un seguro a través de Obamacare.
