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El domingo 3 de abril la Oficina del Asesor Legal Principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE-OPLA), emitió un memorando donde anuncia que otorga poderes discrecionales especiales a los fiscales (abogados) de la agencia para que “actúen favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación”.
La medida puede favorecer hasta unos 700,000 extranjeros con casos de deportación activos en la Corte de Inmigración (EOIR), equivalente al 40% de los 1.7 millones de expedientes acumulados. Pero también proporciona un nuevo argumento a los republicanos para seguir demandando la política migratoria de Joe Biden bajo el mismo alegato: está cambiando la ley de inmigración fuera del debido proceso legislativo.
