Por Janie Har — The Associated Press
El gobernador de California, Gavin Newsom, instó este lunes a las ciudades del estado a desalojar los campamentos de personas sin hogar, intensificando una vez más sus esfuerzos para abordar un problema insoluble de su mandato: los campamentos improvisados de tiendas de campaña que bordean pasos subterráneos, parques y calles locales a lo largo de todo el territorio estatal.
La Administración de Newsom redactó una ley local que los condados, ciudades y pueblos pueden adoptar o modificar directamente para lograr los objetivos del gobernador demócrata. También anunció la liberación de 3,300 millones en fondos aprobados por los votantes para ampliar las opciones de vivienda y tratamiento para las personas sin hogar.
“Se acabó el tiempo de la falta de acción. Ya no hay excusas”, declaró Newsom en un comunicado.
Newsom priorizó la lucha contra la falta de vivienda en su gestión cuando asumió el cargo de alcalde de San Francisco en 2019 y, desde entonces, los líderes demócratas del estado han avanzado hacia la represión de los campamentos. En el estado vive casi un tercio de la población sin hogar de Estados Unidos. Más de 187,000 californianos necesitan vivienda.
Con tiendas de campaña abarrotadas en las calles e interrumpiendo los negocios en ciudades y pueblos de todo el estado, la falta de vivienda se ha convertido en uno de los problemas de salud y seguridad pública más urgentes en California y, sin duda, perseguirá a Newsom si se postula a un cargo nacional.
Su declaración se produce un año después de que la Corte Suprema facilitara a las autoridades la prohibición de que las personas sin hogar acampen al aire libre. Este fallo fue bien recibido por muchos líderes demócratas, incluido Newsom, a pesar de la oposición de las personas sin hogar y sus defensores, que calificaron la decisión del tribunal conservador de cruel.
Las disposiciones clave de la ordenanza modelo anunciada este lunes incluyen la prohibición de campamentos de forma «persistente» en un mismo lugar, la prohibición de aquellos que bloqueen las aceras y el requisito de que las autoridades locales notifiquen y hagan todos los esfuerzos razonables para identificar y ofrecer refugio antes de desalojar un campamento. Una ley local ya establecida podría alinear la forma en que las ciudades y los condados gestionan los campamentos, aunque Newsom insta a las autoridades locales a modificar su propuesta según sea necesario.
Ciudades importantes como Los Ángeles y San Francisco ya han comenzado a desalojar campamentos, argumentando que afectan a niños, adultos mayores y personas con discapacidad que necesitan acceso a parques y aceras.
El nuevo alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se comprometió a limpiar las aceras de la ciudad, mientras que, en San José, el alcalde Matt Mahan propuso arrestos si una persona se niega a recibir refugio en tres ocasiones.
En 2024, los votantes aprobaron una medida que impone requisitos estrictos a los condados para invertir en vivienda y programas de tratamiento de drogas para abordar la crisis de personas sin hogar. Esta fue una propuesta clave para Newsom, quien hizo campaña por la aprobación de la medida.
Bajo la medida, los condados deben destinar aproximadamente dos tercios del dinero de un impuesto aprobado por los votantes, promulgado en 2004, para millonarios que buscan servicios de salud mental, a vivienda y programas para personas sin hogar con enfermedades mentales graves o problemas de abuso de sustancias.
El gobernador también ha impulsado leyes que facilitan la obligatoriedad de que las personas con problemas de salud conductual accedan a tratamiento. Y ha amenazado repetidamente con retener fondos estatales a las ciudades y condados que no tomen medidas para abordar la falta de vivienda.
Sin embargo, a pesar de los aproximadamente miles de millones de dólares gastados en más de 30 programas para personas sin hogar y vivienda durante los años fiscales 2018-2023, California no cuenta con los datos fiables necesarios para comprender plenamente por qué la situación no mejoró en muchas ciudades, de acuerdo con una auditoría estatal de 2024.
La auditoría reveló que California gastó 24,000 millones de dólares para abordar la falta de vivienda durante los cinco años anteriores, pero no realizó un seguimiento sistemático para saber si la enorme inversión de fondos públicos realmente mejoró la situación.
